De víctimas a constructoras de paz

Mujeres que sufrieron la violencia paramilitar en los municipios de María La Baja y El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, lograron que las alcaldías locales incluyeran en sus planes de desarrollo un artículo con el compromiso de suplir sus necesidades específicas y restituir sus derechos.

El corregimiento de El Salado, en el municipio de Carmen de Bolívar, fue el escenario de una masacre que dejó 60 muertos.  / Archivo - El Espectador
El corregimiento de El Salado, en el municipio de Carmen de Bolívar, fue el escenario de una masacre que dejó 60 muertos. / Archivo - El Espectador
"A mí me gustaría saber por qué nos usaron como botín de guerra. ¿Por qué nos tocó aguantar violaciones, torturas, ver cómo mataban a nuestros maridos y finalmente huir con nuestros hijos a cuestas, si nosotras no teníamos nada que ver con esa guerra?”. Rosalba Castillo* hizo la pregunta mirando fijamente hacia adelante, después de narrar la violencia que vivieron las mujeres de la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre a manos del bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Hablaba alto, casi gritaba. Se había levantado de su silla para que las otras 30 mujeres que estaban reunidas en el colegio municipal de María La Baja (Bolívar) la vieran mejor. Las demás asentían. Llevan más de 20 años haciéndose la misma pregunta.
 
¿Será por la cultura machista? ¿Por la costumbre de ver a las mujeres como posesiones, porque nadie les había dicho cómo hacer valer sus derechos? ¿Por el afán de algunos por pisotear todo lo que parece frágil? ¿Una combinación de todas las anteriores? 
 
Aunque ninguna tuvo la respuesta sobre la violencia del pasado, cuando se preguntaron sobre sus deseos para el futuro su visión fue muy clara: quieren una vida pacífica para ellas y sus familias. Esa era la razón de la reunión. Decenas de mujeres pertenecientes al Colectivo Restableciendo Derechos iban a hablar de los planes de desarrollo de algunos de los municipios más golpeados por la violencia en el departamento de Bolívar. Querían que en esos planes se incluyera un artículo que reconociera las necesidades específicas de las mujeres víctimas de la violencia. Querían que las autoridades se comprometieran por escrito a velar por sus derechos y darles las mismas oportunidades de estudio, trabajo y salud que tienen los hombres.
 
Esta fue la idea que dio a luz a la subcomisión de género en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana, en junio de 2014. Ahora las organizaciones protectoras de derechos humanos intentan que el concepto se implemente en los gobiernos locales. Llevaban meses preparando un encuentro con el personero, los concejales y secretarios de despacho de María La Baja, El Carmen de Bolívar y Cartagena, para explicarles las razones por las que ellas experimentaron la guerra de forma distinta y  por lo tanto deben ser reparadas de forma diferencial de acuerdo con su género.
 
Para algunas era la primera vez que hablaban directamente con funcionarios del Estado. Llevaban dos años preparando la propuesta que les presentarían. Se habían reunido cuatro veces con abogadas de derechos humanos y decenas de veces con otras líderes del municipio. Estaban nerviosas. Se les notaba en la forma como revisaban una y otra vez que todo estuviera bien. Doña Mariela, una mujer acuerpada de piel oscura, intensos ojos negros y una amplia sonrisa, movía los dos ventiladores disponibles buscando una posición estratégica para que todos pudieran aguantar la temperatura de más de 35 grados centígrados de ese mediodía. Saludaba a todas con un efusivo abrazo y se ajustaba la pañoleta que tenía en la cabeza para recoger el copioso sudor. Otras líderes revisaban que las meriendas estuvieran a tiempo o llamaban para que el almuerzo llegara caliente… Esos detalles en los que sólo se fijan las mujeres.
 
Mientras tanto, Claudia Mejía, abogada de la corporación Sisma Mujer, explicaba los pormenores del artículo que las mujeres querían incluir en los planes de desarrollo: “Estos planes en general son importantes, pero los de este período son históricos, porque deben contener toda la estrategia para el posconflicto. Deben ser muy específicos en cómo gastarán los recursos para restituir a las víctimas. Los proyectos que no se incluyan ahora no se podrán ejecutar después”.
 
Esta misma explicación se dio en el municipio de El Carmen de Bolívar. En esa zona, recordada por la masacre del corregimiento de El Salado, las mujeres también se reunieron con concejales y otros funcionarios municipales y de agencias internacionales. En ambos lugares, la petición era la misma: que se añadiera un artículo al Plan de Desarrollo para crear mesas de trabajo entre funcionarios y víctimas con el fin de definir rutas con metas verificables que respondieran a las necesidades específicas de las mujeres víctimas del conflicto.
 
“Aquí las mujeres mayores tienen pocas posibilidades de empleo por falta de educación. Las niñas son muy vulnerables a la violencia sexual por parte de familiares y hay pocos mecanismos de denuncia y justicia. Sufren en silencio. Muchas jóvenes enfrentan embarazos adolescentes no planeados y se ven obligadas a dejar sus estudios para cuidar a su hijo. Eso conlleva muchos problemas, como la desnutrición infantil, el maltrato familiar, el rechazo de la sociedad”. Así lo explica María Vargas, una de las líderes más reconocidas de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Asomocar), quien además ha liderado iniciativas productivas y de apoyo a la niñez y la juventud.
 
Ella ha planteado varias soluciones para contrarrestar estas problemáticas: desde métodos anticonceptivos y soluciones médicas hasta actividades prácticas y académicas que les presenten a las mujeres otro horizonte, otro modo de vivir.
 
Una de las dificultades que tienen las mujeres víctimas para que los gobiernos municipales suplan sus necesidades es que algunos funcionarios, especialmente los encargados de proteger los derechos humanos, no saben cómo gestionar los recursos necesarios. Así lo explicó Geovaldo Cañete, personero de María La Baja, quien, a pesar de estar en su segundo período en la institución, todavía no sabe crear iniciativas que cumplan los estándares técnicos para recibir dinero del Gobierno Nacional. Por eso, cuando escucha las propuestas de las mujeres se asusta y piensa de dónde saldrá la plata.
 
Las mujeres han comprobado lo difícil que es convocar a las autoridades locales a los eventos donde ellas exponen sus iniciativas. A ninguna de las reuniones llegaron los secretarios de despacho que convocaron. Enviaban a sus subalternos. “Tenemos que encontrar la forma de ser escuchadas por los que toman las decisiones. Ellos nos tienen que oír”, repetía una y otra vez Daisy Villalobos, líder del Colectivo Restableciendo Derechos en Cartagena. A la reunión de El Carmen de Bolívar, por ejemplo, no se presentó ningún representante de la Alcaldía, sólo un concejal del Partido Liberal. Muchas mujeres se preguntaron si les dio demasiado miedo salir de sus casas por las amenazas de paro armado que circularon por las redes sociales durante esos días.
 
La debilidad institucional es un problema que influye en muchos aspectos. Por ejemplo, en María La Baja, el alcalde electo en 2015, Carlos Antonio Coronel Mera, enfrenta un proceso por fraude electoral, lo que ha llevado a una gran inestabilidad política en la zona. Casos parecidos se repiten en otros municipios, donde pareciera que la presencia de grupos armados dejó graves falencias en la operatividad de la democracia. La falta de institucionalidad alimenta la pobreza, porque los ingresos del municipio no alcanzan para llevar a cabo los proyectos necesarios y tampoco tienen las herramientas para solicitar el dinero del Gobierno central.
 
“La falta de recursos hace que los centros de salud y la Defensoría, por nombrar algunas entidades, no tengan cómo atender adecuadamente a una mujer víctima de violencia sexual. Muchas veces llegan al centro de salud con traumas físicos a denunciar una violación y no hay cómo atenderlas. Ni siquiera una cortina para darles algo de privacidad mientras declaran. Es una vergüenza”, dice Grismaldo Fonseca, concejal de El Carmen de Bolívar.
 
A esto se añaden las amenazas de algunas bandas criminales hacia las defensoras de derechos humanos. La latente amenaza de un resurgimiento del paramilitarismo tiene a los habitantes nerviosos. María cuenta que las defensoras de los derechos de las mujeres deben estar atentas, evitar salir tarde en la noche a la calle y tener el número de la policía en marcado rápido. Pero eso no les impide hacer su trabajo, “porque nos da más miedo volver a la guerra”. Por eso cuando se les pregunta a muchas mujeres de los Montes de María qué es para ellas la paz, contestan que es “poder caminar con la frente en alto” o “que no se violenten mis derechos”.
 
El miedo  de la comunidad es comprensible. Fue así como se formó el germen del paramilitarismo: Cuando la década de los ochenta llegaba a su fin, los terratenientes empezaron a formar decenas de grupos armados para combatir a las guerrillas. Los hombres provenían de bandas criminales comunes. Entre estas estaban La Mano Negra, La Cascona y Muerte a Secuestradores y Comunistas. El inicio del paramilitarismo local. Simultáneamente se crearon las Convivir, campesinos que el Gobierno mismo formó y armó para hacerles frente a las Farc. Hacia mediados de los noventa, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso unificaron todos esos pequeños grupos para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces empezó la guerra por las tierras.
 
Los guerrilleros se enfrentaron a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) porque ellos habían negociado con el Gobierno la legalización de sus lotes. Los paramilitares se enfrentaron a las guerrillas para proteger los intereses de los terratenientes y los capos de la droga, ya que la zona era extraordinariamente fértil y tenía importantes corredores de salida al mar. La primera masacre, según la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar), ocurrió en septiembre de 1992, en el municipio de Chalán (Sucre). Ocho muertos. La siguieron decenas de masacres, miles de desplazamientos y decenas de miles de hectáreas robadas a los campesinos de los Montes de María.
 
Una de las mujeres que afirman haber vivido la barbarie de los paras es Carmen Triana, quien a sus 63 años todavía sueña con tener una buena tierra para poder sembrar melón, maíz y fríjol. “Para mí, una de las metas primordiales para la paz es que mis nietos puedan estudiar carreras como yo no pude. Yo soy muy inteligente, terminé hasta primero de bachillerato. Era buena estudiante, todavía recuerdo cómo multiplicar y dividir. Pero tenía que trabajar también. Ya sabes, en casas de familia, lavando la loza, barriendo, y eso. Hice eso desde los once años, así que no tuve tiempo de terminar. Pero mis nietos sí van a poder estudiar y luego volver al campo a cultivar bien”. Doña Carmen se agarra de esta esperanza “hasta con las uñas de los pies”, porque cree que todos sus sacrificios habrán valido la pena si logra proveer un mejor futuro para sus nietos.
 
Todo el esfuerzo de María, Mariela y las demás líderes tuvo resultado: las tres alcaldías añadieron el enfoque diferencial a sus planes de desarrollo. Ahora el colectivo está montando las mesas de trabajo para decidir qué proyectos van a impulsar y eligiendo a las veedoras ciudadanas que se encargarán de que todo se cumpla al pie de la letra. Para ellas es vital que los alcaldes reconozcan la importancia de las líderes locales y respeten su autoridad, porque aún después de que su período pase, cuando ya no sean alcaldes y todos hayan olvidado su eslogan, ellas seguirán siendo las líderes de los Montes de María.
 
* La identidad de las mujeres líderes fue cambiada por razones de seguridad.
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