Defendamos la Paz le pide al presidente Duque activar mecanismos de protección de líderes sociales

El movimiento ciudadano le solicitó también a la Fiscalía avanzar en la judicialización de los máximos responsables de esta criminalidad, que explique en qué consiste el fenómeno de las llamadas ‘Águilas Negras’ y que persiga a los ‘ejércitos anti-restitución’.

Desde noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, son más de 500 los líderes sociales asesinados. Archivo particular

Ante la ola de asesinatos de líderes sociales en el país, el movimiento Defendamos la Paz le solicitó al presidente Iván Duque formular una política pública que, “con carácter urgente, integral y eficaz, así como con recursos suficientes, atienda la situación que padecen las comunidades rurales, y que ofrezca condiciones reales para el ejercicio de la participación y la construcción de la paz”. Según indicó, para ello se cuenta con instrumentos legales: el decreto 660 de 2018, la resolución 845 de 2018 y la directiva 002 de la Procuraduría.

Asimismo, le pide a la Fiscalía avanzar en la judicialización de los máximos responsables de esta criminalidad, que explique en qué consiste el fenómeno de las llamadas ‘Águilas Negras’, que persiga a los ‘ejércitos anti-restitución’ y que rinda cuentas sobre resultados verificables del trabajo de la Comisión Especial Investigativa, creada en el Acuerdo de Paz.

Defendamos la Paz es un movimiento creado en febrero pasado para trabajar en la defensa de los acuerdos firmados con las Farc y garantizar su cumplimiento. De él hacen parte dirigentes políticos de diversos sectores, activistas, víctimas, académicos, artistas, periodistas incluso quienes integraron las delegaciones en la mesa de diálogos de La Habana. En un comunicado público, advierten que en lo corrido de 2019 ya van asesinadas casi 50 personas que lideraban pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, es decir, prácticamente una cada dos días. Y desde noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, son más de 500 las personas asesinadas.

“Esta situación ha llevado a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a reiterar su gran preocupación por el patrón persistente de asesinatos de líderes y lideresas comunitarios, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes de las FARC. El llamado urgente que hace el Consejo de Seguridad de la ONU obedece a que estos crímenes socavan la implementación territorial del Acuerdo de Paz. Acabar con los liderazgos sociales de las zonas rurales y de las comunidades más vulnerables del país es, en realidad, un crimen contra la paz”, dicen.

En este sentido, le expresan al presidente Duque que la implementación integral del Acuerdo de Paz es el marco adecuado para los planes de acción en seguridad y garantía de los derechos colectivos y a la vida en democracia. “Este contempla mecanismos específicos para proteger tanto a las personas reincorporadas a la vida civil como a quienes ejercen liderazgos sociales, la defensa de los derechos humanos y la paz. El Gobierno Nacional está en mora de llevar a la práctica el mandato de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el conjunto de sus funciones incluida la formulación de políticas y del plan de acción para el desmantelamiento de grupos criminales que atentan contra la construcción de paz”.

Por otra parte, le hacen un llamado al Gobierno a reconstruir los caminos de diálogo con el ELN, de cara a lograr una paz completa e integral, instando a un cese al fuego y el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Igualmente, a desarrollar mecanismos de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, así como desactivar las bandas criminales y los grupos paramilitares.

“Como movimiento de paz, uno de nuestros objetivos es contribuir a la creación de una política pública y de una sólida institucionalidad territorial que esté en capacidad de poner punto final a los crímenes sistemáticos contra las personas que ejercen el liderazgo comunitario y la defensa de los derechos humanos, lo que implica además la generación de un ambiente político de rechazo a toda forma de estigmatización y de promoción del respeto a las expresiones sociales como la Minga indígena, las movilizaciones campesinas en diversas zonas y las acciones de las comunidades afrodescendientes en la región del Pacífico”, concluye el comunicado.

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Redacción Politíca

Posconflicto

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