Las demandas de los gobernadores para el posconflicto

La Federación de Departamentos pide recursos de la atención a víctimas. El Gobierno respalda la iniciativa pero podría entorpecer la aplicación de la Ley de Víctimas.

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El papel de las regiones del posconflicto es uno de los debates que se agita paralelamente a los esfuerzos del Gobierno por lograr la paz. En ese escenario, se abre una discusión sobre la descentralización de la política de víctimas que, de no aplicarse con cuidado y sin milimetría política, podría acabar con el proyecto del presidente Juan Manuel Santos de reparar efectivamente a todas las víctimas de la guerra.

La Federación Nacional de Departamentos puso a consideración del gobierno de Juan Manuel Santos su diagnóstico sobre la Política Nacional de Víctimas. Un documento preparado por el Centro de Estudios Regionales que hace críticas y propuestas al Ejecutivo para mejorar la implementación territorial de la Ley de Víctimas y que apuesta, sobretodo, por la descentralización de recursos que hoy están asignados a la Unidad de Víctimas.

El estudio, conocido por este diario, sostiene que los departamentos se han visto 'a gatas' para cumplir con las disposiciones de la Ley de Víctimas, toda vez que, mientras permanezca el conflicto, seguirán registrándose víctimas en los territorios donde se lleva a cabo la guerra.

Allí, hay una limitante que es la diferencia de capacidades financieras y técnicas entre los gobiernos municipales y departamentales y la autoridad nacional (la Unidad de Víctimas) para atender a los afectados por la guerra. En últimas, reclaman los gobernadores, la ley replica la "histórica" falta de distribución de recursos entre el gobierno central y las regiones.

A juicio de la Federación, la complejidad del sistema de atención a víctimas pone palos en la rueda de la aplicación de la ley pues, en muchas ocasiones, se terminan cruzando las acciones de los distintos niveles de Gobierno. Dice el documento que “la Ley creó una enorme diversidad de programas de atención para dar respuesta a las múltiples dimensiones de las afectaciones de las víctimas sin lograr una adecuada articulación (de los gobiernos) lo que ha hecho que se dupliquen los esfuerzos y el gasto”.

Incluso, los gobernadores se animan a proponer que, para evitar que se repita lo ocurrido durante la guerra, un escenario de posconflicto debe pasar por una inversión directa en sus territorios. "El diseño del posconflicto debe partir del reconocimiento de que si bien sin reparación a las víctimas no es posible la paz, tampoco lo es si se dejan de lado a otras poblaciones vulnerables que han vivido en dicha condición de manera histórica en el país. Por ello, la base del posconflicto deberá ser el desarrollo regional integral y sostenible", dice.
Además, advierten que "las entidades territoriales encuentran una gran dificultad en no contar con un solo mecanismo de manejo de la información. Este debe ser centralizado, a cargo de la Unidad para las Víctimas y que los territorios puedan alimentarlo para que se mantenga actualizado y pueda seguir la condición de la víctima en el tiempo y el espacio".

En últimas, dicen los gobernadores, es necesario "avanzar en la definición clara de competencias para cada nivel de gobierno para avanzar en la territorialización de la política de víctimas. En este sentido, la articulación entre los propios territorios puede resultar fundamental".

- La propuesta de Cristo

En la última Cumbre de Gobernadores, celebrada el fin de semana pasado en Manizales, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dijo a los gobernadores que está dispuesto a allanar el camino de la descentralización de la Ley. Incluso, durante la próxima cumbre de alcaldes de ciudades capitales, que se celebrará desde este viernes en Cartagena, se empezará a definir una ruta para la descentralización de los recursos de atención a víctimas.

"No podemos pensar que somos eficaces en reparar a las víctimas en Colombia si todo lo hacemos desde una burocracia centralizada en Bogotá. Queremos empezar gradualmente a entregar responsabilidades y recursos a los departamentos y sus capitales para que vayan asumiendo políticas de la reparación de las víctimas del conflicto", dijo Cristo el pasado 27 de noviembre.

De acuerdo con fuentes del Mininterior, la entrega de recursos y de responsabilidades consignadas en la Ley de Víctimas no se le quiere entregar ‘de sopetón’ a las entidades territoriales. Por eso, se están definiendo los departamentos que estén preparados para asumir funciones de la política de reparación y, gradualmente, se van a hacer convenios para entregarles las responsabilidades y recursos con la vigilancia del propio ministerio y de la Unidad de Víctimas.

- La respuesta de la Unidad de Víctimas

En diálogo con este diario, Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, dice que para ell es una motivación encontrar estas observaciones en los gobernadores que son quienes más de cerca perciben la realidad del conflicto armado. “Queremos construir con los departamentos un plan de acción territorial para cada uno de ellos y así perfilar la mejor forma de ser más efectivos a la hora de atender a las víctimas”, señaló.

Gaviria anunció que, actualmente, junto a la Dirección Nacional de Planeación y el Departamento para la Prosperidad Social, se está trabajando en un aparte del Plan de Desarrollo, que será vigente hasta 2018 y que estará enfocado exclusivamente en las víctimas. También, que proximamente será expedido un decreto para reglamentar el Sistema de Corresponsabilidad que permita interactuar mejor a la Unidad con departamentos y municipios.

Sin embargo, algunas fuentes de la propia Unidad de Víctimas señalan que los esquemas de reparación por cofinanciación podrían estar en riesgo pues, son proyectos que hoy están cobijando a cerca de 45.000 víctimas y que dependen del papel articulador de la Unidad. "Si nos quitan recursos para entregarlos directamente, es posible que esos procesos terminen truncados mientras se hace la transición entre las entidades administradoras. Hoy desarrollamos 16 proyectos en los que hay una activa participación de municipios y gobernaciones. Ojalá no se afecten".

La preocupación no es menor pues, dicen, lo que podría pasar es que se deje sin dientes a la Unidad que, en últimas, es la encargada de reparar a las cerca de seis millones de víctimas que hay en el país. Se le daría un papel preponderante al Mininterior y a las oficinas de los mandatarios locales lo que podría terminar sometiendo al ritmo de la política y a la paquidermia de los despachos la atención de quienes han padecido los efectos del conflicto.

 

 

@CamiloSeguraA