Desenterrando la verdad

El Espectador habló con la investigadora que descubrió los 36 cuerpos desmembrados por paramilitares y enterrados en fosas comunes en Puerto Torres, Belén de los Andaquíes, Caquetá.

La antropóloga forense Helka Alejandra Quevedo Hidalgo. /Óscar Pérez - El Espectador
Uno de los más grandes desafíos que tiene el país de cara a la superación de la violencia que lo agobia es precisamente la reconstrucción de esos hechos que durante más de medio siglo ha sufrido Colombia. Una extensa colección de infracciones a los derechos humanos y al mismo Derecho Internacional Humanitario (el que establece las normas que se deben seguir en la guerra, porque hasta para la guerra hay reglas) cometidos por grupos armados de uno y otro bando en los más disímiles rincones del país. 
 
Desenterrar esa verdad resulta en verdad titánico en un país que no cuenta con la suficiente cantidad de expertos forenses para identificar las causas de muerte violenta de una persona ni tiene adecuadas vías de comunicación con la zona rural (que es la mayoría de la geografía del mismo país), y en el que aún las víctimas y los victimarios no se atreven a hablar sobre las fosas comunes, los descuartizamientos o la situación de quienes fueron desaparecidos por los señores de la guerra.
 
Como ocurrió en Puerto Torres, un corregimiento del municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá. Hasta ese apartado lugar llegaron a comienzos del siglo XXI los paramilitares del frente Sur Andaquíes, del bloque central Bolívar, para instaurar verdaderas escuelas de la muerte en el colegio y la casa cural. Las autoridades no han podido establecer con certeza cuántos lugareños fueron torturados, desmembrados y enterrados en fosas comunes en esos ejercicios de entrenamiento para matar. Pero el trabajo de una investigadora, la antropóloga forense Helka Alejandra Quevedo Hidalgo, permitió recuperar 36 cuerpos humanos en la zona, de los cuales, 13 años después de los hallazgos, hay nueve identificados. 
 
El Espectador habló con la antropóloga, quien, como lo informó este diario, es la autora de Textos corporales de la crueldad, el informe que sobre esa tragedia lanzó ayer el Centro Nacional de Memoria Histórica. 
 
¿Cuándo empezó la construcción de este trabajo?
 
Los hechos tuvieron lugar en 2002. El trabajo, con una visión histórica y desde el enfoque que necesitamos y que hoy estamos dando a conocer al país, empezó en marzo de 2003.
 
Pero para la gente de la época no debió sonar tan común el tema, porque las fosas comunes apenas vinieron a conocerse después de 2005.
 
Antes de 2005 (cuando fue expedida la Ley de Justicia y Paz) muy pocos sabían que en el país había fosas comunes. Lo sabíamos los investigadores, autoridades locales, muy pocas. Era un trabajo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Los fiscales, con los pocos equipos forenses, íbamos a los lugares más recónditos del país a recuperar esos cuerpos, en silencio. 
 
Usted ya había estado, en octubre de 2001, muy cerca de la zona de los hallazgos, cuando viajó al vecino municipio de Albania, en Caquetá, trabajando en un caso similar. ¿Qué pasó en Albania?
 
Era octubre de 2001 y un fiscal de la zona pidió apoyo a Bogotá. Nos dieron siete horas para entrar a una zona que estaba en conflicto muy fuerte. Encontramos 14 cuerpos en 14 fosas individuales muy pequeñas de 80 cm máximo de largo y un metro de profundidad, en donde estaban dispuestos 14 cuerpos desmembrados, algunos con los ojos vendados. Todos con un corte tronco abdominal, es decir, con una incisión en el vientre (eso todo tiene un fin para que en el proceso de descomposición no haya explosión de gases y esas pequeñas fosas no sean visibles a las personas que circundad la zona). Algo escabroso, pero la realidad es esa.
 
Un año después ocurrió algo semejante con los cadáveres de Puerto Torres…
 
Un año después volvimos a tener un llamado de un fiscal de la zona, en donde dice que hay un informante, un exmiembro del frente Sur Andaquíes, del bloque central Bolívar, quienes son los responsables de estos hechos y se puede decir con claridad, porque ya hay unos fallos judiciales. Ya hay unas personas investigadas, unas personas privadas de la libertad, y hay unos postulados a justicia y paz que están reiterando y reconociendo estos hechos. Nos desplazamos 20 forenses, un fiscal que coordinaba el caso, con custodia del Ejército, y recuperamos 36 cuerpos desmembrados con el mismo modus operandi de lo que habíamos encontrado un año atrás en Albania, Caquetá. Las mismas circunstancias, fosas pequeñas, pandas y los cuerpos totalmente desmembrados.
 
¿Qué patrones hallaron en estos cuerpos?
 
El corte toracoabdominal. Una incisión que encontramos en el 80% de los cuerpos desmembrados, propio de casos de paramilitarismo. Se puede hablar del paramilitarismo. La investigación judicial lo determinó así y ahora se confirma.
 
¿Quiénes son las víctimas? ¿Sólo campesinos o hubo purgas en el grupo armado?
 
De las 36 personas exhumadas, 33 son hombres. Se ha identificado a nueve personas, campesinos de la zona. De las otras 27 la investigación judicial da unas pistas, pero aún no están identificadas. Ese es el reto: saber el nombre de esas personas, la historia de vida y por qué las mataron. Por ejemplo, la única mujer que se ha identificado hasta ahora (de los tres cuerpos que hay) era campesina, de 26 años, del Huila, que había ido a buscar trabajo a Caquetá.
 
¿Es cierto que en esa zona los paramilitares recibían clases para desmembrar cuerpos?
 
Era una escuela de la muerte, como se ha denominado, por la jerarquía de cómo los nuevos van aprendiendo. No necesariamente el que sabe, el que ha matado a muchas personas, le dice al nuevo: le voy a enseñar a matar, pero es parte del entrenamiento que observe, que repita y que haga lo que ve. Esto no solamente se establece por la versión del informante en 2002 sobre cómo se operaba, cómo se capturaba y se retenía a las personas. Seguramente después se podrá comparar con las decisiones judiciales, porque hay bastante material en los tribunales de Justicia y Paz. Esto es apenas un caso.
 
Daban lecciones para matar.
 
Allí se entrenaba militarmente. Su centro era de entrenamiento militar, pero no se limitó a prácticas y ejercicios de ataque o contraataque al llamado enemigo, sino que se torturó a las víctimas de manera indescriptible. Nos lo dicen los cuerpos y lo dicen los testigos y los perpetradores. Las tres voces lo están confirmando.
 
¿Y eso pasó en el árbol de mango del colegio? 
 
Hay muchos árboles, hay una selva bellísima. Cogieron el patio del colegio Gerardo Valencia Cano. El comandante militar del frente Sur Andaquíes se instaló y durmió en el colegio. En el patio del colegio sucedieron las torturas y a la casa cural llevaron a las personas para que agonizaran y luego en el patio del colegio desmembraban los cuerpos. Son como unas estaciones de dolor y sufrimiento en las que testigos del mismo frente observan esa crueldad y sevicia, pero también los pobladores que quedaron allí.
 
¿Y cómo hacían para que la falta de implementos de esos caseríos no alterara el trabajo científico? Además, Caquetá era escenario de guerra.
 
En ese momento en Caquetá estaba la zona de distensión (de los diálogos del gobierno Pastrana con las Farc) y nosotros estábamos trabajando al sur del Caquetá, en Belén de los Andaquíes y Puerto Torres, que es la inspección. Este trabajo lo hicimos siempre con custodia del Ejército Nacional. El traslado se hacía en helicóptero y técnicamente teníamos que trabajar los cuerpos ahí. Poníamos unos banderines donde posiblemente había fosas, se hacían pozos de sondeo, se buscaba el perfil estratigráfico. Hicimos 301 pozos de sondeo y encontramos 36 cadáveres. O sea, si se habla en un lenguaje más claro, tuvimos 36 hallazgos.

 

 

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