'Diálogos de paz invisibilizan la crisis humanitaria'

Así lo indica un informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

La grave crisis humanitaria que vive el país está pasando de agache en la mesa de negociaciones de paz de La Habana, en medio de la euforia de la firma del primer acuerdo en el tema agrario al que llegaron el pasado domingo las Farc y el Gobierno. Esta es la principal conclusión a la que llegó un informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), con sede en Madrid (España).
El documento contó con el apoyo del Centro Noruego de Construcción de la Paz (Noref) y por esa razón, al ser Noruega uno de los países garantes del proceso de paz colombiano, el texto ya está en La Habana y estará, junto a los demás insumos para la discusión, en la mesa de los delegados de las Farc y el Gobierno.

Elaborado con base en más de cincuenta entrevistas sostenidas con representantes y miembros de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales presentes en Colombia, este diagnóstico apunta a que son muy graves las implicaciones humanitarias de dialogar en medio del conflicto.

Otra de las preocupaciones que evidencia es que a nivel internacional el conflicto armado y sus implicaciones humanitarias están siendo cada vez más invisibilizadas al centrarse la atención nacional e internacional en el seguimiento de los diálogos y las perspectivas de un acuerdo de paz. “La percepción sobre la situación colombiana está cambiando, aumentando con ello el olvido de la situación de las víctimas y las poblaciones vulnerables del país”, dice el texto. Desde la perspectiva financiera, esto se puede ver, según el informe, en que en 2012 Colombia recibió 54 millones de dólares como financiación humanitaria, lo que supone un 16% menos que en 2011. Sin embargo, estos datos, aclara el documento, no son todavía definitivos y deben, por tanto, tomarse con cautela ya que algunos fondos han sido dedicados a desastres naturales y no necesariamente a cuestiones vinculadas al conflicto armado.

En la perspectiva política, el texto reconoce que durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe -que negaba la existencia del conflicto armado-, las dificultades para el trabajo humanitario de muchas agencias fueron muy grandes y el nivel de interlocución entre éstas y el gobierno muy escaso. “Con la llegada a la Presidencia de Juan Manuel Santos el diálogo ha mejorado pero, sin embargo, algunos espacios de trabajo se están cerrando y la política del gobierno parece ser la de reducirlos aún más, transmitiendo de modo muy simple la idea de que ya no van a ser tan necesarias las organizaciones internacionales, sobre todo en un escenario de post acuerdo para la finalización del conflicto armado”, señala el estudio. Para algunas de las ONG internacionales más representativas “el espacio para la articulación de esfuerzos con entidades públicas que algunas ONG internacionales venía practicando, sobre la base del respeto del DIH y los principios humanitarios, se ha cerrado progresivamente a partir de la estrategia de recuperación territorial”.

El documento también menciona que existe un aumento en el número de niños y niñas reclutados forzadamente por las bacrim y por las Farc, y que existe una utilización de menores de edad como informantes del Ejército. Además, dice que Colombia sigue siendo uno de los países más afectados por las minas antipersonas y que no existe una identificación de los lugares exactos donde se encuentran colocadas, lo que sin duda supone un riesgo para la población y podría obstaculizar el proceso de restitución de tierras.

Finalmente, el informe termina con una serie de recomendaciones a todas las partes del conflicto armado. A los negociadores en La Habana les pide avanzar lo más rápido posible hacia un alto al fuego bilateral y abordar en la mesa de diálogo la situación humanitaria y los efectos del conflicto; al Gobierno colombiano: Reconocer el rol diferencial y el valor añadido de la presencia humanitaria internacional y respetar la independencia, neutralidad e imparcialidad de las organizaciones humanitarias. A las Farc: Reafirmar su compromiso con el respeto del DIH; a la comunidad internacional: Reconocer la existencia de una situación de crisis humanitaria que, aunque con nuevos perfiles, sigue haciendo necesaria la ayuda humanitaria internacional. A la sociedad civil: Exigir el compromiso con el respeto de las normas humanitarias a todos los actores del conflicto, especialmente a los presentes en la Mesa de Diálogo de La Habana.

En detalle, el texto menciona que la realidad humanitaria no ha mejorado durante el proceso de diálogo y numerosas señales indican que puede agravarse en los próximos meses. Estas son algunas de ellas:

El impacto humanitario del desplazamiento

“Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia había registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas. Además, el desplazamiento forzado sigue aumentando.

A pesar de que las confrontaciones armadas que involucraron a las Farc durante el período de dos meses de cese el fuego (diciembre 2012-enero 2013) cayeron un 73 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, las cifras de desplazamientos masivos durante este mismo período no tuvieron similar comportamiento, ya que se registró un incremento del 281 por ciento en el número de desplazados masivos, afectando a 5.325 personas (en comparación con las 1.379 personas en el mismo período un año atrás). Los recientes desplazamientos masivos son atribuidos en mayor medida a las acciones de los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD), afectando especialmente la Costa Pacífica colombiana, donde sobresalen zonas como el municipio de Buenaventura y los departamentos de Chocó y Cauca.

Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible conocer cifras oficiales detalladas sobre desplazamiento forzado durante el año 2012 y contrastar esta información con otras fuentes alternativas para su análisis. La comunidad internacional y las organizaciones colombianas han solicitado constantemente la publicación de dichas cifras oficiales. Atrasos y demoras en la publicación de las cifras oficiales han sido comunes en los últimos años, pero nunca por un período de 12 meses consecutivos. En cualquier caso, las cifras totales acumuladas de personas en situación de desplazamiento oscilan entre los 3.900.000 y los 5.300.000, lo que supone más del 10% de la población colombiana (NRC Internal Displacement Monitoring Centre).

 

Reclutamiento forzado de niños y niñas

Pese a que todos los actores lo niegan, el reclutamiento de menores sigue siendo una práctica habitual y sistemática en el conflicto. De hecho, según el Informe del Secretario General de la ONU de marzo de 2012, la situación se ha agravado por parte de los GAPD tanto en medios rurales como urbanos. También las Farc han intensificado sus campañas de reclutamiento de niños, debido a la presión que tienen de reponer rápidamente sus tropas después que el gobierno ha aumentado sus campañas de contrainsurgencia a partir de 2002. Además, la edad media de reclutamiento se ha reducido desde los 13,8 años de 2002 hasta los 11,8 de 2009, según la ONG WatchList.

El ejército colombiano no parece haber reclutado niños como combatientes, pero sí los ha usado como informantes o espías, para recabar información de inteligencia acerca de grupos guerrilleros. El ejército frecuentemente ha involucrado también a niños en el conflicto a través de campañas cívicomilitares, en la cuales las fuerzas armadas incluyen niños en actividades educacionales y recreativas, para ganarse la confianza de las comunidades. Estas actividades son dañinas para los niños porque los expone a ser explotados por el ejército o la policía como informantes, y a las represalias por parte de grupos armados, de acuerdo a WatchList.

Personas desaparecidas

El drama de las desapariciones ha permanecido muy invisibilizado hasta la fecha al vincularse con el de secuestros, asesinatos selectivos y otros. La Unidad Nacional de la Fiscalía contra los delitos de desaparición y desplazamiento forzado fue creada mediante la resolución 02596 de 2010. A 30 de mayo de 2012 la Unidad contaba con 193 funcionarios y tenía a su cargo 29.899 casos (CCJ, 2013), aunque todas las fuentes resaltan que las cifras son muy superiores. Todas las personas entrevistadas coinciden en que el tema deberá ser abordado directamente con más profundidad en el futuro.

Críticas a la Ley de Víctimas

La discusión y posterior aprobación y entrada en vigor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) han supuesto, sin duda, un hito histórico en la materia que debe ser reconocido. En el plano institucional y administrativo, la reconversión de la antigua Acción Social en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la creación en su seno de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como entidad que debe liderar y coordinar la acción pública en materia de víctimas, suponen también avances muy importantes.

Sin embargo, algunas cuestiones plantean dudas sobre que la Ley 1448 pueda ser la base para una verdadera atención integral a las víctimas del conflicto. La primera y más importante es que la Ley deja fuera a las víctimas de los GAPD que, como hemos mostrado brevemente en los apartados anteriores, son muy numerosas y no cuentan con mecanismos de protección y asistencia y reparación en las vías previstas en la Ley. Desde la perspectiva de las organizaciones humanitarias, la atención a las víctimas de estos grupos debería poder entrar en lo dispuesto en la Ley -una víctima es una víctima y poco le importa el agente victimizador, se dice- ya que el resto de medidas de índole administrativa o de recursos a otras vías judiciales que, teóricamente, pudieran emprenderse, son totalmente inadecuados o están fuera del alcance de las víctimas. Es más, se está exigiendo de hecho que las víctimas no solo demuestren que lo son, sino que demuestren cuál fue el grupo armado que,
en su caso, ocasionó el desplazamiento o el acto victimizante.

Por otra parte, el hecho de que la Ley 1448 abarque desde la atención y asistencia humanitaria inmediata y de emergencia, hasta las medidas de restitución de tierras y reparación de los expolios y despojos cometidos durante el conflicto, la convierten en un instrumento excesivamente complejo para su aplicación práctica. Uno de los entrevistados manifestó que “la discusión sobre reparación y restitución contamina y hace que se dejen vacíos en la asistencia y la protección”.

Otro elemento aparentemente positivo pero que se está convirtiendo en problemático en la aplicación de la Ley es la descentralización de ciertas competencias a las alcaldías sin transferir los recursos necesarios, y dejando a los alcaldes un margen de interpretación y decisión muy discrecional. Son las alcaldías quienes, en virtud del censo y otros criterios, deciden qué víctimas reciben atención humanitaria de emergencia o no. En casos como el de Buenaventura, que vive una de las situaciones humanitarias más graves del país, la alcaldía niega esa asistencia.

 

últimas noticias