Docentes universitarios expresan sus reparos y apoyos al proceso de paz

A través de una carta, un grupo de profesores sentó su posición sobre los diálogos. Que Farc pongan fin a extorsión y admitan su responsabilidad en el conflicto, algunas de las peticiones.

Archivo EFE

Un grupo de docentes universitarios divulgó una carta en la que ponen de manifiesto su respaldo al proceso de paz entre Gobierno y Farc en La Habana (Cuba), sin dejar de lado sus reparos y peticiones, tanto a esa guerrilla, al Eln y al propio Ejecutivo.

En el documento de cinco puntos, los 27 profesores que firman, no obstante, expresan que el anhelo de la paz no debe “procurarse comprometiendo otros valores fundamentales como la justicia y la democracia”.

En esa línea, le piden a las Farc que ponga fin a la extorsión que, dicen, siguen perpetrando en distintas partes del país, sumado a ‘gestos claros’ de admisión de responsabilidad por hechos “que no se pueden excusar alegando la violencia ejercida por los demás intervinientes en el conflicto armado”.

También le claman al Eln que cese la práctica del secuestro y elevan un llamado especial al Gobierno, advirtiéndole que es equivocado equiparar los acuerdos de paz a un “acuerdo humanitario especial y postular que dicho acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad”.

“Somos conscientes de que la confianza entre las partes se solidificará mediante la garantía de que lo firmado no podrá ser modificado unilateralmente. Sin embargo, ese objetivo no se logrará mediante fórmulas jurídicas cuya idoneidad ha sido puesta en duda por varios expertos. De lo que no tenemos duda es que la fórmula jurídica debe expresar una política de Estado, que no esté sujeta a los cambios de gobierno”, indican los profesores.

En otro de los puntos, los docentes se declaran preocupados ante el llamado realizado por el expresidente Álvaro Uribe para ejercer la denominada ‘resistencia civil’ contra los acuerdos definitivos que se alcancen en la Habana.

“Instamos a los miembros del Centro Democrático a que regresen al Congreso. A éste y a todos los demás partidos les demandamos apelar a la razón y no a emociones primarias cuando debatan sus tesis en el foro parlamentario, así como en todos los demás espacios de discusión”, precisan, instando a la sociedad civil a que aporte “su grano de arena en la construcción de un país diferente, con paz, justicia y democracia”.

 

Esta es la carta completa:

 

Carta de docentes universitarios sobre el proceso de paz

Quienes firmamos esta carta apoyamos los esfuerzos realizados para encontrar una solución negociada al conflicto armado. Creemos que continuar la confrontación a cualquier precio causará muchas más heridas y ahondará las que ya han causado los intervinientes. Además, impedirá que la sociedad colombiana desarrolle las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos asociados a los cambios del entorno global y al gravísimo deterioro del medio ambiente natural.

Dicho esto, no creemos que la paz deba procurarse comprometiendo otros valores fundamentales como la justicia y la democracia. Antes bien, estamos convencidos de que es posible alcanzar una solución pacífica del conflicto armado que realice, en la medida de lo posible, esos valores fundamentales. Cualquier otra actitud conduciría a la negación del valor de la vida misma, como parece ser la disposición de quienes se apegan al viejo adagio latino Fiat justitia, et pereat mundus (Que se haga justicia, aunque el mundo perezca).

En este orden de ideas, en primer lugar, exhortamos al ELN para que le ponga fin a la realización de secuestros y para que libere a todos los rehenes que tenga en su poder. Los secuestros son una violación al derecho internacional humanitario (DIH) y un obstáculo al inicio de las negociaciones de paz con el Gobierno nacional. Esperamos que esta organización guerrillera dé muestras de buena voluntad, que motiven a la sociedad colombiana a apoyar esas negociaciones.

En segundo lugar, exhortamos a las FARC a que le pongan fin a la extorsión y a la intimidación que continúan ejerciendo en muchos lugares del país. Actos de ese tipo también son una violación al DIH, que erosionan la confianza en el proceso de paz. Deploramos, además, su actitud reticente en lo que concierne al reconocimiento del enorme sufrimiento que esta organización ha causado en la sociedad colombiana. Con esa actitud, las FARC añaden insulto a la herida que sigue abierta en el corazón de muchísimos colombianos. Cuanto antes, queremos ver de su parte gestos claros de admisión de responsabilidad por hechos que no se pueden excusar alegando la violencia ejercida por los demás intervinientes en el conflicto armado. Los miembros de las FARC, así como todos los demás victimarios, tienen el deber histórico de asumir la responsabilidad individual que les corresponda, pedir perdón a sus víctimas y contribuir a la reparación del daño causado por sus acciones.

En tercer lugar, consideramos equivocado equiparar los acuerdos de paz a un acuerdo humanitario especial y postular que dicho acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad. Somos conscientes de que la confianza entre las partes se solidificará mediante la garantía de que lo firmado no podrá ser modificado unilateralmente. Sin embargo, ese objetivo no se logrará mediante fórmulas jurídicas cuya idoneidad ha sido puesta en duda por varios expertos. De lo que no tenemos duda es de que la fórmula jurídica debe expresar una política de Estado, que no esté sujeta a los cambios de gobierno.

En cuarto lugar, requerimos del Estado colombiano diligencia para proteger a las personas que hoy reclaman la restitución de sus tierras y le pedimos que aclare cuanto antes la muerte de los líderes sociales asesinados durante el tiempo en que se han desarrollado las conversaciones de paz. Dado que la política agraria es uno de los ejes de los acuerdos de La Habana, proteger a los campesinos que fueron despojados de sus propiedades y que quieren regresar a ellas es crucial para que la paz sea una realidad.

La materialización de la paz es una tarea que, somos conscientes, desborda el ámbito de las negociaciones con los actores armados. Para que esa materialización sea efectiva, es necesario que el Gobierno nacional y la clase política le den una clara respuesta a clamores de la ciudadanía en temas tales como la inseguridad urbana, el pésimo servicio de salud, la desigualdad económica y el deterioro del medio ambiente. Por tanto, esperamos que Gobierno y Congreso logren formular una estrategia clara contra las nuevas formas de criminalidad en las ciudades, realizar una reforma a la salud que le ponga punto final a los abusos de los operadores privados, sacar adelante una reforma tributaria que castigue no a la clase media sino a los sectores que han expatriado sus capitales a paraísos fiscales, y también abandonar una particular idea de progreso, que hoy alimenta la destrucción de nuestras riquezas naturales.

En quinto lugar, vemos con enorme preocupación el llamado que ha hecho el expresidente Uribe a ejercer “resistencia civil” contra los acuerdos que el Gobierno nacional y las FARC negocian en La Habana. En el contexto de la retirada de los miembros del Centro Democrático de las sesiones del Congreso, ese término evoca formas de oposición extrainstitucionales, que van en contravía del compromiso que tienen todos los partidos políticos de actuar dentro del marco de la Constitución y de la ley. Por tanto, instamos a los miembros del Centro Democrático a que regresen al Congreso. A éste y a todos los demás partidos les demandamos apelar a la razón y no a emociones primarias cuando debatan sus tesis en el foro parlamentario, así como en todos los demás espacios de discusión. A los medios de comunicación les pedimos que ejerzan su función de manera imparcial y responsable, de forma que la disputa de las ideas no se convierta en la ocasión de un enfrentamiento cruento entre los colombianos.

Finalmente, le hacemos un llamado a todos los ciudadanos a que pongan su grano de arena en la construcción de un país diferente, con paz, justicia y democracia. Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad en este proceso de construcción. Esa responsabilidad comienza con la renuncia al ejercicio de la violencia y la superación de la intolerancia, y precisa de la disposición para dialogar, especialmente con aquellos con quienes tenemos desacuerdos. Honrando el cumplimiento de esta responsabilidad, podremos construir un país donde quepamos todos.

Santiago Arango Muñoz, Universidad de Antioquia

Olga Arcila Villa, Universidad del Rosario

Luz Stella Cadavid Rodriguez, Universidad Nacional

Melba Libia Cárdenas Beltrán, Universidad Nacional

Vicente Duran Casas S.J., Universidad Javeriana

Francisco Cortés Rodas, Universidad de Antioquia

Irma Alicia Flores Hinojos, Universidad de los Andes

Iván Garzón Vallejo, Universidad de la Sabana

Jorge Giraldo Ramírez, Universidad EAFIT

Juan Gabriel Gómez Albarello, Universidad Nacional

Luis Francisco Guerra Garcia, Universidad Santo Tomás

Carola Hernandez Hernandez, Universidad de los Andes

David Andres Jiménez, Universidad Santo Tomás

Edna Patricia López Pérez, Universidad Pedagógica Nacional

Alexander Emilio Madrigal Garzón, Universidad Nacional

David Santiago Mesa Díez, Universidad de Antioquia

Giovanni Molano Cruz, Universidad Nacional

Ana Maria Ospina Bozzi, Universidad Nacional

Carlos Alberto Patiño Villa, Universidad Nacional

Isaías Peña Gutiérrez, Universidad Central

Jairo Alexis Rodríguez Lopez, Universidad Nacional

Sonia Marsela Rojas Campos, Universidad Central

Nydia Milena Saavedra Mesa, Universidad Nacional

Ruben Ignacio Sanchez David, Universidad del Rosario

Doris Adriana Santos Caicedo, Universidad Nacional

Mauricio Uribe López, Universidad EAFIT

Diego Alejandro Torres Galindo, Universidad Nacional

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