"El acuerdo promueve más la impunidad que la justicia": Human Rights Watch

En su informe anual sobre derechos humanos en el mundo, la Ong hizo referencia al caso colombiano, a la implementación del proceso de paz y a las dudas por la posibilidad de que responsables de atrocidades se beneficien de amnistías.

EFE

Human Rights Watch (HRW) presentó este jueves su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, un documento en el que - en el aparte referente a Colombia- lanza fuertes críticas a la implementación del Acuerdo de Paz suscritos entre el gobierno y las Farc, puntualmente en materia de justicia.

"Valoramos el esfuerzo de (el presidente, Juan Manuel) Santos, pero no podemos ocultar nuestras objeciones respecto de la debilidad del acuerdo de justicia, que promueve más la impunidad que la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones", aseguró en declaraciones telefónicas a Efe el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.

Para Vivanco, el hecho de que el tribunal no pueda imponer penas de privación de libertad para los autores de esos crímenes, sino sólo restricciones a la libertad ambulatoria para realizar tareas de servicio a la comunidad, "es algo que no tiene precedentes en ningún país del mundo", subrayó.

El informe de HRW sostiene que la ley de amnistía, promulgada por el Congreso en diciembre de 2016 con el fin de excluir de su alcance las violaciones de derechos humanos, "contiene disposiciones que podrían permitir que los responsables de atrocidades se beneficien de amnistías. Hasta septiembre, la Corte Constitucional estaba analizando la constitucionalidad de la ley".

Asimismo, la Ong se refiere al apartado de la Jurisdicción Especial para la Paz que establece la definición de “responsabilidad de mando” —la norma por la cual los superiores pueden responder por delitos que cometieron sus subordinados— para las fuerzas armadas. Para Human Rights Watch, esto se "aleja de las normas establecidas del derecho internacional de un modo que podría menoscabar seriamente la rendición de cuentas".

En el documento HRW también hace un llamado ante  las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos: "A pesar de un programa del Ministerio del Interior que asigna protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el asesinato de 53 líderes de derechos y activistas comunitarios entre enero y octubre de 2017. En julio, la Fiscalía General de la Nación manifestó que había obtenido condenas en 5 de más de 80 asesinatos documentados por el ACNUDH desde enero de 2016".

Sobre el auge de bandas criminales asociadas con el narcotráficos y grupos sucesores del paramilitarismo, el informe manifiesta que siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales y que incluso "en ocasiones, se han beneficiado de la tolerancia y la connivencia de agentes estatales".

Un fenómeno al que se suman las disputas entre la guerrilla del Eln y las denominadas Autodefensas Gaitanista de Colombia: "En su conflicto con el Eln, las AGC siguen cometiendo graves abusos en el departamento de Chocó. En abril, dos hombres que manejaban embarcaciones fueron hallados muertos en una comunidad afrocolombiana en el sur de Chocó. Hay evidencias creíbles que indican que fueron secuestrados y asesinados por miembros de las AGC".