"El asesinato de líderes sociales no es una prioridad del gobierno Duque": Amnistía Internacional

En el país se han registrado 566 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 2016 hasta el 10 de enero del 2019.

Cristian Garavito

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, habló con la Agencia Anadolu sobra la tendencia generalizada de asesinar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en varios países de Latinoamérica. Naciones donde sin importar la ideología de sus gobiernos se evidencia un fracaso en la protección de quienes velan por la seguridad del medio ambiente y de las comunidades rurales.

A los líderes sociales y de derechos humanos los matan en países con gobiernos de izquierda y de derecha. ¿Hay un patrón que determine la persecución contra estas personas en el continente? 

Cada país tiene ciertas características diferenciales en sus contextos de violencia, pero sin duda alguna hay tendencias muy comunes en toda la región. 

En general, las personas defensoras de la tierra y de los recursos naturales son quienes han estado más expuestas a la violencia radical y extrema en distintas naciones del continente, precisamente porque se enfrentan a los intereses económicos y políticos de una minoría que ha sido protegida por los estados, independientemente de los tintes ideológicos. 

Ese patrón lo vemos en Brasil, México y Colombia, entre otros, donde las industrias extractivas no solo cometen abusos contra las comunidades que desplazan, sino que también se benefician de la ineficacia estatal para proveer de seguridad a los defensores de DDHH. 

¿Cuál es la situación de estas personas en Latinoamérica?

Lamentablemente nuestra región continúa siendo la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos en el mundo. Los abusos estatales, a través de la criminalización y judicialización, para intentar silenciar a las personas que vigilan estos derechos en diferentes partes del continente son claros. 

En este contexto, la respuesta de los gobiernos es inefectiva y negligente y la impunidad es la norma. No se investigan los asesinatos y los agentes estatales y no estatales responsables de estos hechos no son llevados ante la justicia.

¿Cuál es el índice de impunidad en estos países o en general en América Latina?

No tenemos un índice particular, sin embargo con la documentación de los casos que conocemos logramos tener un aproximado y por desgracia los números son bastante negativos. 

Por ejemplo, en el caso de Colombia, dado el trabajo que hacen organizaciones como Indepaz o Somos Defensores, sabemos que existe por los menos un 95% de impunidad.

En los casos de Venezuela y Nicaragua, me atrevería a decir que en lo que se trata de homicidios de defensores de DDHH hay un 100% de impunidad. 

¿No es paradójico que una región que se jacta de tener gobiernos democráticos sea la más peligrosa del mundo para estas personas?

Lamentablemente la historia reciente del continente nos deja claro que no importa la forma de gobierno de cada país. Los estados siguen poniendo los intereses políticos y económicos de unos cuantos, en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías. 

Estamos viendo graves regresiones en todo Latinoamérica e inclusive, con gran preocupación, damos cuenta de cómo llegan líderes políticos a ocupar espacios de poder, precisamente porque utilizan una retórica antiderecho con promesas simplistas a los graves problemas que enfrenta la región. 

Por otro lado, está la presencia de grupos del crimen que, haciéndose beneficiarios de la incompetencia de los estados, ocupan una influencia territorial importante en todo el continente. 

Según Indepaz, en Colombia han sido asesinados 566 líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 2016 hasta el 10 de enero de 2019. ¿Qué balance puede hacer de estas cifras en un país que se dice está en época de posconflicto?

Sin duda alguna, Colombia sigue con todas las alarmas prendidas en materia de derechos humanos, pese a la esperanza que traía el acuerdo de paz firmado con las Farc. 

Lo que vemos es una realidad que evidencia el incremento del asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales, en un contexto de reorganización de grupos armados en diferentes territorios donde los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales aún luchan porque se respeten sus tierras. 

La desmovilización, en términos numéricos y de ocupación territorial por parte de una de las guerrillas más importantes de América, no fue reemplazada por el Estado. Este último permitió la aparición de nuevos grupos paramilitares y otras guerrillas que siguen azotando a los campesinos colombianos. 

Al respecto, ¿cómo ve la respuesta del gobierno colombiano ante este fenómeno? 

Lo que vemos es una respuesta exigua por parte del Estado colombiano. El mecanismo de protección de los defensores de DDHH no cumple con las expectativas ni responde al contexto tras la firma del acuerdo. 

El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios. 

El sistema de justicia le ha fallado a todas las comunidades afectadas. La Fiscalía General de la Nación señaló en distintos momentos que avanzó en por lo menos el 50% de los casos de defensores asesinados, pero dichas cifras son insuficientes y no reflejan de ninguna manera los cálculos de las organizaciones de la sociedad civil o la Defensoría del Pueblo.

¿Cómo es la situación de los defensores de DDHH en Brasil tras un mes de mandato de Jair Bolsonaro?

En efecto, Brasil es uno de los países más preocupantes porque llega un líder con un discurso antiderechos, de ataques frontales en contra de la comunidad defensora de DDHH. Bolsonaro llegó con una adopción de políticas inmediatas que buscan controlar el accionar de estas organizaciones, con el fin de acallar sus voces y minimizar el impacto que tiene en la sociedad.

Brasil, históricamente, ocupó las principales listas de los países más peligrosos para la defensa de DDHH. En este renglón, de por sí adverso, ahora el Estado brasileño no cumple con la obligación de protegerlos, sino que también los ataca. 

Me hablaba a comienzos de la entrevista sobre las crisis sociales en Venezuela y Nicaragua...

Amnistía Internacional viene documentando particularmente en Venezuela una problemática que cruza todos los derechos civiles y políticos. Atestiguamos asesinatos de personas que se manifiestan y evidenciamos las detenciones arbitrarias de líderes de la oposición y la presencia de grupos paramilitares que operan en colusión con las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro. 

Nicaragua está en una situación alarmante, que continúa en un marco de poca visibilidad en los medios de comunicación y en los discursos de la comunidad internacional. Es una realidad precaria donde las capturas arbitrarias de líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos son una constante. 

Allí se han cometido crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por el gobierno de Daniel Ortega. Debe haber una posición conjunta y coherente de la comunidad internacional para buscar justicia a través de mecanismos de jurisdicción universal. 

¿En México ya fueron implementadas las medidas exigidas por Amnistía Internacional para proteger a los defensores de DDHH?

En el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no hemos visto una política clara para defender a estas personas. Aunque es cierto que el mandatario ha tenido compromisos importantes con las organizaciones de la sociedad civil que representan a los millones de víctimas de violaciones de DDHH que han ocurrido en el país, particularmente en la última década. 

Lamentablemente no existen resultados de una política firme que intente reparar y prevenir casos como los de las 40.000 personas desaparecidas en esta nación.