El costo de financiar la paz

El nuevo ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, sabe que materializar el acuerdo agrario logrado con las Farc en Cuba, no sólo significa entregar tierras.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, se posesionará en una semana. / Archivo
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, se posesionará en una semana. / Archivo

¿Cómo ve las cosas para lo que resta de este gobierno? ¿Qué le encomendó el presidente Santos?

Obviamente, aparte de todas las dificultades que afronta el sector agropecuario, viene un reto importante: materializar el acuerdo que se ha firmado en La Habana (Cuba), con las Farc.

¿Y cómo se va a poner en marcha?

Es un decálogo, una carta de navegación que tenemos que aterrizar. Hay que cuantificar esa hoja de ruta y establecer todas las necesidades que puedan facilitar la incursión del acuerdo; por ejemplo, desde el punto de vista de reformas de carácter legal. Esto implica comprometer una cantidad importante de recursos para inversiones y de ejecución de proyectos importantes en materia de vivienda rural.
También hay que hacer cosas en cuanto a riego y en educación. Hay que hacerlas en todos los temas que contempla el acuerdo y que van a requerir de apropiaciones fiscales significativas, de tal manera que el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de sus entidades debe ser reforzado suficientemente en el próximo período.

Otro de los objetivos es que el sector agropecuario crezca en su producción y en el número de empleos que genera, y que se mejore la reducción de la pobreza. Que esas tendencias permanezcan. Para ello, voy a trabajar de la mano del Gobierno, con los gremios agropecuarios, con el Ministerio de Minas y Energía —dados los efectos de la actividad minera sobre el agro— y con el Ministerio de Defensa, porque hay que proteger a los reclamantes de tierras.
Quiero hacer un llamado a los gremios para que con institucionalidad podamos responder a las dificultades que se presenten. Acá no hay puertas cerradas con ningún gremio. Voy a requerir también el apoyo del Congreso de la República y de las secretarías de Agricultura de los departamentos.

Desde luego, en el tema de tierras es muy importante el acompañamiento que ha venido haciendo la comunidad internacional.

¿Cuánto le va a costar al Estado ejecutar todo esto?

Probablemente estamos hablando de varios billones de pesos, porque no se trata simplemente, como lo dice el acuerdo, de entregar una tierra a unos campesinos que hoy no la poseen, sino también de formalizar las propiedades y dar asistencia técnica y tecnología. Que esas tierras sean aptas y productivas. Aún no está el cálculo de cuánto va a costar todo esto; es muy difícil cuantificarlo.

¿Cómo quedan las cosas para las zonas de reserva campesina?

Las zonas de reserva campesina existen hoy día. Lo que se logró y lo que el Gobierno defendió es que en ellas siempre debe estar pendiente el Estado.

Desde lo privado se oye hablar de temores acerca de la propiedad privada. ¿Qué decirles a los dueños de la tierra?

Los propietarios no tienen por qué preocuparse. Sus derechos serán respetados y siempre hemos tenido claro que todo esto se hace con apego a la Constitución y a las leyes al respecto.

En cuanto a la reactivación económica en el campo, ¿qué se espera para el cierre de este año?

Le estamos apuntando a un crecimiento por encima del 3,5% este 2013. Además, hay que reconocer el trabajo hecho por el ministro Juan Camilo Restrepo, quien rescató la institucionalidad. Tenemos un Incoder reformado ética y moralmente; un Corpoica y un Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con mejores capacidades profesionales y una definición más clara de su misión.
A esto se suma que tenemos mecanismos de financiamiento claros y fortalecidos. También contamos con una Unidad de Restitución de Tierras con presencia en muchos municipios del país y que se apoya en una nueva jurisdicción agraria. Es todo un entablado institucional que está dando resultados.

¿En qué va la restitución de tierras a sus propietarios?

Ya van las primeras 7.000 hectáreas restituidas y hay que mencionar casos emblemáticos. Por ejemplo, la hacienda Santa Paula —que estaba en manos de los paramilitares—, se restituyó a sus dueños. También, en Ataco (Tolima) devolvimos unos predios que las Farc les quitaron a los campesinos.

Hemos actuado con el mismo rasero y con igual criterio frente a los despojados de la tierra, independientemente de su origen. Vamos a continuar en eso. Ya se han presentado 2.000 demandas para restituir predios y se avecinan 5.000 más.

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