El costo del posconflicto para los colombianos

Cuando se les pregunta a los miembros del Gobierno por la cifra, titubean; cuando se les interroga acerca de cómo se va a conseguir ese dinero, dan vueltas. Es probable tengamos que pagarlo todos.

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Según cálculos del Congreso de la República, que la primera etapa del posconflicto le costará al Estado 90 billones de pesos en los primeros diez años. Cuando se les pregunta a los miembros del Gobierno por la cifra, titubean; cuando se les interroga acerca de cómo se va a conseguir ese dinero, dan vueltas.

Esperamos que no se dejen obnubilar por las firmas y las fotos, y que tengan en la cabeza la dimensión que implica restaurar la vida de 15 millones de personas que han padecido por décadas los rigores de la guerra. Infraestructura, educación, salud, procesos productivos, y normalización de tierras son algunos de los factores neurálgicos, la verdadera tarea de la paz que deberá afrontarse con voluntad política, con capacidad ejecutiva y con mucha plata.

Ese costo monumental, entre otras cosas, es una de las razones ocultas que tienen los enemigos del proceso, muchos de los cuales tendrán que sacar de sus abultados bolsillos los impuestos que la recaudación de ese dinero implica, para torpedearlo en todos los frentes y con diversas estrategias.

Algunos oportunistas ya están frotándose las manos; se emocionan mientras se relamen sus colmillos de vampiros, esperando el momento adecuado para chupar un poquito de la savia contenida en esta cantidad de recursos, miran los ceros a la derecha, vislumbran el contrato, el serrucho, la mordida, calculan la componenda y la marrulla. Para mantenerlos a raya, algunos de los cooperantes internacionales protegen sus aportes de los oportunistas. La Unión Europea, por ejemplo, implementa un complejo sistema de verificación que reúne, entre otros recursos, auditorías, evaluación de cumplimiento de metas y verificaciones en terreno que, incluso, pueden condicionar la continuación de los apoyos futuros.

Pero si el gobierno parece un poco aturdido ante la responsabilidad que se le viene encima, los ciudadanos, como suele ocurrir en asuntos que nos atañen a todos, asumimos que esa reconstrucción no nos corresponde a nosotros, que se trata de una obligación de ellos, los que gobiernan; nosotros miraremos desde la barrera y trinaremos en Twitter. Nada más ingenuo. Nada más cínico. Porque como es claro que los conflictos armados de Colombia no han sido por culpa de unos pocos desadaptados ilegales y de un puñado de ineptos en los cuarteles, sino que la sociedad entera ha sido su cohonestadora, su fomentadora y su alimentadora, pues todo el mundo tiene que pagar el precio que va a costar arreglar el problema en el que nos hemos metido.

No nos gustará cuando tengamos que apretarnos el cinturón, no nos caerá en gracia que se ponga sobre la mesa la posibilidad de un impuesto para la paz (hubo uno para la guerra), gritaremos de rabia y añoraremos los días de Uribe cuando ordenaba ráfagas a diestra y siniestra y la pila de muertos no paraba de crecer. Pero será tarde. Tendremos que acostumbrarnos a la idea de que hemos hecho un desastre con este país y que de nuestro esfuerzo dependerá que no se repitan las barbaries. Deberemos cambiar nuestra visión de sociedad y de país, deberemos perdonar, deberemos aprender de la inutilidad de la violencia, de su inmoralidad y de su estupidez. Y también deberemos pagar, de nuestro bolsillo, lo que vale haber sido tan estúpidos, tan inmorales, tan violentos.

*Este artículo fue publicado en Loqueimporta.co