El desarme de la guerrilla requiere enfoque de mujer

Hace 17 años, un 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU definió la forma en que los países deben motivar la participación de la mujer en el marco de la paz, la seguridad y el desarme. ¿Qué tanto lo hace Colombia?

Presidencia/ Nelson Cárdenas.

Durante muchos años hacer la guerra fue un asunto de hombres. Sufrir sus más duros embates, por el contrario, un sino trágico en el que casi siempre resultaba más afectada la población femenina.

Dicha constante era fácilmente identificable en conflictos de distintas partes del mundo pero ya no aplica para casos como el colombiano. Y no precisamente porque se haya dejado de agredir a las mujeres.

Poco a poco estas resultaron más y más incluidas como perpetradoras de acciones violentas en el marco del conflicto. Es decir, la mujer tenía el papel como víctima y victimaria.

Las victimarias abandonaron entonces sus hogares por diferentes motivos. Unas lo hicieron por obligación de los grupos al margen de la ley, otras por venganza contra algún agresor, unas por convicción y el resto porque huyeron de sus hogares, según se recoge en los testimonios del informe Mujeres por el desarme de la Liga de mujeres por la paz y la libertad (Limpal) Colombia.

Así fue como las Farc se consolidaba con un 33% de población femenina en sus filas una vez que finalizaron las conversaciones en la mesa de diálogos con el Gobierno. Esta cifra demuestra que la guerra no es solamente una actitud de los hombres.

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU nació con el objetivo de trabajar por la mujer observándola como agente participante (a modo de víctima, negociadora o victimaria) en escenarios de paz, conflicto armado y seguridad, de este modo, el enfoque de género se posiciona en las agendas políticas internacionales que gestionan estos temas.

Las organizaciones que velan por los derechos de esta población pidieron al Estado que en los puntos acordados se pensara en el enfoque de género para que cuando estas ex combatientes se reintegraran a la vida civil no fuesen señaladas por el estereotipo de que la mujer pertenece exclusivamente al hogar.

"Las mujeres ex combatientes cuando regresan a sus familias no son tan bien recibidas como el hombre guerrero, porque ellas en estos casos rompieron con su rol materno, de mujer cuidadora, del hogar, de mujer sumisa, obediente", dice Katherin Ronderos, directora de Limpal Colombia, organización que participó en la mesa de diálogos.

Además de pensar en ellas, dentro de los acuerdos, era imprescindible hablar de las mujeres víctimas por la guerra que veían con buen augurio que un grupo como las Farc entregasen sus armas como primer paso de una tregua con la sociedad colombiana.

El grupo guerrillero entregó todo su capital armamentista y la percepción de seguridad y libertad en la población femenina de las zonas rurales y urbanas se sintió en sus cotidianidades.

“Se nos olvida que antes las mujeres no podían transitar tranquilamente en las zonas rurales, que las mujeres no podían pensarse en sus proyectos de vida por el temor de vivir en medio de la guerra” apunta Ronderos.

A pesar de ese estado de sosiego en el que se encuentran ahora las mujeres, las cifras hablan de que la lucha por quitarles el apelativo de víctima sigue ahí latente. Las Farc se desarmaron pero en las ciudades y zonas rurales siguen circulando artefactos que las victimizan.

La principal arma con que son agredidas las mujeres son las de fuego según Medicina Legal. Y a pesar de que este año Colombia le gritó al mundo entero que los fusiles se silenciaron, la zozobra continúa cuando no hay un control de armas ilegales que respalde el desarme de las Farc y los diálogos que adelanta el Gobierno con el Eln.

Según el Observatorio de Armas Ligeras y Pequeñas para el 2009 se tuvo un estimado de dos a cuatro millones de armas ilegales circulando en el país. Y se suma a la preocupación el valor por el que se puede alquilar un revólver clandestinamente. Entre $50.000 a $200.000 dependiendo de la elaboración.

Motivos como estos, estimulan a que organizaciones como Limpal estén detrás del Gobierno pidiendo que además de la aplicación de la Resolución 1325, se acaten tratados como el de Comercio de Armas de la ONU que Colombia firmó en 2013 pero aún no lo ratifica.

Cuando se apruebe a través del Congreso y la Corte, la comercialización de armas en el país tendrá veedores que podrán inhabilitar la compra y venta de armamentos debido a incumplimientos que atenten con los derechos humanos de los ciudadanos colombianos o de otras nacionalidades.

Además de un enfoque de género, la resolución busca al igual que el tratado dar bases políticas humanistas por el respeto a la vida que garantice la paz y seguridad de los pueblos.

Por eso desde hace 17 años, el esfuerzo de la comunidad internacional liderado por Naciones Unidas, tiene también un tercer papel en los conflictos armados o, mejor, en los esfuerzos para salir de ellos. Se trata ni más ni menos que el de las mujeres como constructoras de paz, por ejemplo cuando cumple funciones de negociadoras.