El Estado sigue sin cumplirle al pueblo Embera Katío del Alto Andágueda

A tres años de su emisión, el seguimiento y cumplimiento de las órdenes dadas por los jueces a la institucionalidad para garantizar el restablecimiento de los derechos de esta comunidad ha sido un desafío, los avances concretos son pocos y los derechos básicos de esta población como salud, vivienda y alimentación, siguen siendo vulnerados.

Diego Álvarez

El 23 de septiembre de 2014, la sala especializada de restitución de tierras del Tribunal Superior de Antioquia emitió la Sentencia 007, primera sentencia de Restitución de Derechos Territoriales para una comunidad étnica en el país, en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras. 

La sentencia ha sido calificada como emblemática, además, porque amparó el goce efectivo de los derechos territoriales del pueblo,  consideró imprósperas las oposiciones y pretensiones de multinacionales mineras que pretendían explotar la riqueza aurífera de este territorio,  y ordenó la garantía de retorno a la población Embera desplazada en las ciudades de Bogotá, Medellín y Pereira.

Asimismo, el texto protegió los derechos del pueblo Embera Katío asentado en el resguardo Tahamí del Alto Andágueda ubicado en el municipio de Bagadó, departamento del Chocó. Cabe recordar que la comunidad Embera Katío ha sufrido múltiples afectaciones y vulneraciones en sus derechos individuales y colectivos a causa del conflicto armado, pero también por factores estructurales como la escasa presencia del Estado en su territorio y los intereses de particulares y multinacionales en la explotación de las riquezas de
este territorio entre ellas el oro.

Sin embargo, a tres años  de su emisión, el seguimiento y cumplimiento de las órdenes dadas por los jueces a la institucionalidad para garantizar el restablecimiento de los derechos de esta comunidad ha sido un desafío, los avances  son pocos y los derechos básicos de esta población como salud, vivienda y alimentación, siguen siendo vulnerados.

La implementación de políticas y programas con enfoque diferencial y concertadas con las autoridades y comunidades es aún un reto para la institucionalidad y la capacidad del aparato estatal para actuar de manera articulada y coordinada sigue siendo una quimera.

Igualmente, la amenaza de la implementación de proyectos mineros a gran escala sigue latente a pesar de la orden de suspensión de títulos mineros que habían sido otorgados a varias multinacionales en este territorio colectivo.

En tres audiencias de pos fallo realizadas durante el seguimiento a su emisión, los magistrados del Tribunal de Antioquia han podido verificar los escasos avances en el cumplimiento de las órdenes y han ordenado la implementación de acciones adicionales para garantizar el acceso a los derechos, incluso se han emitido sanciones a altos funcionarios de las instituciones por dicho incumplimiento.

La Federación Luterana Mundial viene acompañando a esta comunidad buscando aportar al proceso de restablecimiento de sus derechos étnico-territoriales y la existencia de garantías para su permanencia en el territorio de manera digna y autónoma.

Desde el año 2016, a través del proyecto Chocó Derechos Territoriales Etnias y Paz financiado por el Instrumento para la promoción de la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea y en asocio con la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó y la Comunidad de Juristas Akubadaura, se desarrollan acciones de seguimiento jurídico y político, fortalecimiento comunitario e
incidencia, que han permitido hacer un seguimiento a este caso, visibilizar la situación ante Instituciones y Organizaciones nacionales e Internacionales y mejorar las capacidades de las autoridades y líderes para exigir sus derechos y ejercer como autoridades propias.

Hoy cuando se cumplen tres años de esta sentencia, la Federación Luterana Mundial resalta la importancia que tiene el restablecimiento de los derechos étnico territoriales para las comunidades indígenas en el país y la necesidad de que se den avances concretos en el cumplimiento del Estado para que existan las garantías de permanencia en el territorio y pervivencia de los pueblos indígenas como elementos claves para avanzar en la construcción de un país en paz que respeta y promueve la diversidad étnica y cultural.

* Federación Luterana Mundial, coodinadora del proyecto en el Alto Andágueda