“Principal reto de reincorporación es la seguridad”: Rodrigo Rivera

El Espectador habló con el alto comisionado para la Paz. Rivera resaltó que, aunque hay desafíos importantes en temas como la reincorporación, “El Gobierno está cumpliendo sus obligaciones a un ritmo superior” al esperado.

Rodrigo Rivera, el alto comisionado para la Paz.Gustavo Torrijos - El Espectador

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La firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, en Bogotá, cumplirá un año este viernes. Un año donde las críticas y los problemas han estado a la orden del día, pero también donde se han conseguido avances como la concentración de los miembros de la exguerrilla, la entrega de las armas y la creación del partido político de Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). El Gobierno, a pesar de las dificultades que se han presentado, resalta los avances.

El Espectador habló con Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz, sobre los retos que se han encontrado por el camino, no solo el Gobierno, sino también la exguerrilla. Desmintió las declaraciones hechas por el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, este martes, cuando aseguró que hay “desconfianza en el proceso” entre los desmovilizados.

También se refirió a los retos que se ha encontrado, a nivel jurídico y político, la implementación; los desafíos en garantizar la seguridad de los excombatientes “fuera de los espacios territoriales”, y a cómo avanza una de las metas más ambiciosas de todo el proceso: la creación de proyectos productivos que garanticen el sostenimiento de los excombatientes y que no vuelvan a reincidir. Por último, resaltó que el principal balance es “el desmonte de una estructura de generación de violencia monumental en Colombia, que nos ha evitado unos tres mil muertos”.

(Lea aquí: “Solo el 45% de los exmiembros de las Farc están hoy en los espacios de reincorporación”: Jean Arnault).

Jean Arnault dijo que solo 45 % de los desmovilizados estaban en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ¿qué responde el Gobierno?

Hay que tener mucho cuidado en explicar a la ciudadanía que los excombatientes no están obligados a permanecer en esos espacios después de que terminó su proceso de desarme. Una vez fueron acreditados por la ONU pueden salir de esas zonas. Un grupo importante de ellos, unos 1300 han solicitado a la Agencia de Reincorporación una reincorporación individual y no colectiva. Pero según el último conteo, en las zonas hay 5300 excombatientes (de los 7200 que había el 15 de agosto), es decir 74 %. Permanecen allí, porque tienen condiciones de seguridad al interior de los espacios de reincorporación.

Arnault aseguró que la salida se debía a la pérdida de confianza de los desmovilizados en el proceso, ¿no existe tal situación, entonces?

El señor Arnault, en lugar de repetir la narrativa que tiene el partido político de la Farc (que es un partido contestatario), debería estarle explicando a los excombatientes lo que él sabe: este es un proceso en donde se pactó que, durante dos años, esos excombatientes recibieran una renta básica mensual, una suma excepcional y, cuando estuvieran listos, recibieran la suma para proyectos productivos. Hay que entender que el proceso tiene unos pasos que no se pueden obviar. El Gobierno está cumpliendo sus obligaciones a un ritmo superior al de 34 acuerdos de paz en el mundo.

Usted también respondió a Arnault ayer que la ONU no se puede dejar atrapar por la “dinámica electoral”, ¿cree que las campañas políticas afectarán la implementación?

Por supuesto. Aquí hay que reconocer que ya no tratamos con una organización armada ilegal, sino con un partido político. Y el partido de Farc… ¿a quién le cabe la menor duda de que es contestatario? No es un partido gobiernista, su mensaje es la crítica, nunca el reconocimiento de nada que haya hecho el Gobierno, sino que se concentra en lo que falta. Esa no puede ser la fuente de información para construir narrativas entorno a un tema tan complejo como el de la implementación.

¿Le preocupa lo que pueda pasar en 2018 cuando haya cambio de Gobierno?

Nos preocupa a millones de colombianos. Por eso estamos trabajando con toda intensidad para que los avances del acuerdo sean tan evidentes y positivos en ese momento que hagan de la construcción de paz un proceso irreversible, apreciado y que amerite el compromiso de todos los sectores sociales.

Bueno, pero ¿qué pasaría si cuando acabe el fast track el próximo 30 de noviembre no se aprueba la Jurisdicción Especial para la Paz?

Confiemos en que se va a aprobar. No he visto nunca al Congreso fallar en esos retos, pero siempre lo hace al borde del tiempo límite que tiene. Esperemos que ese tiempo les dé para repetir una faena de responsabilidad histórica.

Pero la preocupación está en que por ejemplo este miércoles se cayó el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales, que iba a pasar por este mecanismo…

Existe ese ambiente de preocupación, pero hay temas centrales como el de la JEP, el de la reforma política y el de las circunscripciones especiales para la paz. Creo que estos proyectos sí saldrán. Los otros proyectos, que sí tienen un nivel de atraso muy grande, pues la verdad es que el Gobierno, cuando termine el fast track tomará las decisiones para que reciban la prioridad para que sean aprobados. El fast track es prácticamente lo mismo que presentar un proyecto de ley por trámite con urgencia, que conduce a que sesionen las comisiones conjuntamente y, que luego, se hagan las plenarias de Cámara y Senado de manera simultánea.

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A pesar de que dice que en los ETCR hay seguridad, igual hay grandes riesgos. Por ejemplo, que los desmovilizados sean reclutados por otros grupos armados o que sean asesinados…

Todos los asesinatos han ocurrido por fuera de los espacios. Ahí debe haber un discurso responsable, porque el del desánimo, del incumplimiento, es un discurso que hace que algunos piensen que es mejor salir de esos espacios. Cuando salen de allí el riesgo de seguridad es muy grande y también hay estigmatización. Tienen justificación para salir, pero así no la hubiera, ellos no tienen qué dar explicaciones porque tienen derecho de salir y entrar. En lugar de convertir la efectividad del acuerdo en objeto de preocupación, deberíamos generar la confianza y explicar la lógica de un acuerdo que se cumplirá durante diez años.  No desconozco que hay problemas y retos, pero los estamos enfrentando con diligencia, gestión y buen ánimo de concertación.

¿Entonces qué respuesta da el Gobierno ante las críticas de la falta de seguridad para las personas desarmadas?

La totalidad del liderazgo de las Farc está con medidas personales de protección y no hemos tenido ningún incidente, igual que con los miembros del nuevo partido que permanecen en los espacios territoriales, que están protegidos por cientos de soldados y policías. Los incidentes se están presentando por fuera, como está pasando con líderes sociales. Ahí todavía hay que trabajar mucho más. Creo que hay actividades de reconciliación, de pedagogía de paz, que son esenciales para bajarle presión a esa olla que son las heridas abiertas en las zonas donde hubo tanta violencia protagonizada por las Farc. En esa materia hay que avanzar mucho. Es el área donde hay mayores retos inmediatos.

¿Y los asesinatos a los integrantes de las Farc son sistemáticos?

Esa pregunta debe planteársele a quien puede responderla, que es el fiscal, no el Gobierno. Pasa como con el asesinato de líderes sociales: él ha dicho que los resultados de sus investigaciones no muestran un patrón de sistematicidad. Creo que nos tendremos que atener a eso y que la Fiscalía sea la que haga la lectura de los casos y de lo que realmente está detrás de ellos.

Otro tema es el de la adecuación de los espacios territoriales. Hay uno como el de Policarpa, Nariño, con un avance de apenas el 15 %, ¿eso no dificulta la implementación?

No lo ha dificultado en la práctica. Lo que pasó es que hubo diferencias entre la población en Policarpa y el Gobierno en relación a que ese fuera el terreno donde debían consolidar su proyecto de reincorporación. Cuando el Gobierno iba a empezar la construcción de los alojamientos, ellos pidieron que les diéramos un tiempo para buscar un terreno hacia donde pudieran trasladarse. Ya escogieron ese terreno, que tienen las condiciones necesarias para una reincorporación productiva exitosa.

Salvo el caso de Policarpa, en el resto de los espacios territoriales el avance es alto. Hay alojamientos construidos, áreas comunitarias y sociales, agua potable, energía eléctrica, conectividad, disposición de basuras, servicio de salud localizado, bibliotecas móviles. En fin, un acompañamiento que ha permitido que 5300 excombatientes se mantengan alrededor de lo que ellos llaman ciudadelas de paz.

Pero, por ejemplo, Jairo Quintero manifestó la preocupación de la Farc en cuanto a la atención médica a los excombatientes heridos en combate, ¿qué pasa en esa situación?

Es verdad. En todos esos casos hay un nivel de atención, pero no se puede decir que sea satisfactorio. Son casos de personas que han terminado en situación de discapacidad por heridas producto de la confrontación. Son casos muy delicados que se están atendiendo con un criterio de priorización. Ojalá sucediera de manera inmediata, pero es algo que no ocurre ni con la población formal del país. Es lamentable, sí, pero hay avances de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

(También: “La reconciliación necesita espacios de reconocimiento mutuo”: director Instituto Kroc).

Teniendo en cuenta que los ETCR están en terrenos arrendados, ¿qué pasará con ellos?

El Gobierno está pagando el arrendamiento. Nosotros tenemos hasta el 31 de marzo ese compromiso y, a partir de ese momento, la Agencia de Reincorporación asume el manejo de todo el proceso, incluido lo que será la transición de esos espacios. Lo que está previsto en las normas es que los espacios duren dos años. Sin embargo, donde haya las condiciones jurídicas y la voluntad de asentarse de manera definitiva, trabajaremos para comprarlos. Esperamos que donde se consoliden las ciudadelas de paz, pasen a ser tratados como veredas o corregimientos, es decir, que tengan una transición en el sentido del ordenamiento territorial.

¿Y con qué recursos se comprarían?

En el acuerdo no hay un compromiso de adjudicación de tierras para esta población, pero si se combina la entrada mensual más el dinero para proyectos productivos, habría un capital con el que se podría plantear a esta población algunos esquemas de asociatividad que podría convertirlos en propietarios de tierra. Pero donde haya problemas, pues, francamente, el espacio tendrá que ser considerado como transitorio y se usará para que tengan capacitaciones, servicios de salud y construyan esa primera etapa de su proceso de reincorporación.

A pesar de los esfuerzos hechos por ambas partes, hay también críticas hacia el avance de los proyectos productivos, ¿estos sí están andando?

En 20 de los 26 espacios hay proyectos productivos andando con recursos de los excombatientes. Son proyectos de corto aliento, de seguridad alimentaria. No son los proyectos productivos de fondo, porque esos fracasaron con el M-19 y con las AUC cuando el Gobierno cometió el error de entregar la plata rápido. Pero la de la reincorporación productiva no es la única ruta en la que trabajamos: hay 1300 excombatientes que han pedido gestionar proyectos individuales, hay más de mil que se reincorporarán en servicios de seguridad, hay otros centenares que se reincorporarán en tarea de desminado, otros en el partido político (como congresistas, asesores o en el centro de pensamiento).

¿Cuál es el principal reto en la reincorporación?

El principal reto es la seguridad por fuera de los espacios territoriales, unos retos de seguridad que comparten con otros sectores de la población, sobre todo, en áreas donde prevaleció la violencia. El otro riesgo es poner a marcha todo el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición, que es monumental. Y el tercero es el de la participación política exitosa, en el sentido de que puedan hacer su campaña con libertad, con garantías, que sea una campaña de altura.

¿Qué balance hace la oficina del alto comisionado al cumplirse un año del acuerdo de paz?

El informe del Instituto Kroc puede ser un punto equilibrado de lo que se ha avanzado y de lo que falta. Algunos retos siguen siendo los más importantes, pero el balance fundamental es el desmonte de una estructura de generación de violencia monumental en Colombia. Los alivios generados como consecuencia de esto son sustanciales. Nos hemos evitado tres mil muertos en los últimos meses y creo que eso solo justifica todos los esfuerzos.

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