En 2016 asesinaron a 80 líderes sociales; 55 % a manos de herederos del paramilitarismo

La ONG Somos Defensores alertó que los continuos ataques contra activistas y campesinos pondrían en peligro el proceso de paz con las Farc, pues los desmovilizados temen que se repita el exterminio de la Unión Patriótica.

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En Colombia, los asesinatos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos aumentaron en 2016, una situación que según las FARC, expertos y organismos no gubernamentales pone en riesgo el acuerdo que busca terminar 52 años de guerra interna.

"Si la lucha de los defensores de derechos humanos en Colombia fuera una pelea de boxeo, en 2016 estos activistas estarían contra las cuerdas", reza el informe anual lanzado este miércoles por la ONG Somos Defensores.

Según el organismo, el año pasado fueron asesinados 80 defensores de derechos humanos y otros 49 fueron víctimas de atentados, para un incremento de 22% y 29% respectivamente frente a 2015.

La cifra contrasta con los 64 homicidios contabilizados en el mismo período por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y divulgada por el ministerio del Interior.

Las FARC, principal y más antigua guerrilla del país que implementan con el gobierno el pacto de paz firmado en noviembre, han urgido al presidente Juan Manuel Santos a tomar medidas tras responsabilizar a paramilitares de extrema derecha de los crímenes.

El gobierno ha desestimado esa versión y señala de esas muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, formadas tras la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha en 2006.

El Estado ha reconocido que estos homicidios ponen en peligro el cumplimiento del cese al fuego bilateral vigente desde agosto con las FARC.

Según Somos Defensores, los grupos herederos del paramilitarismo son responsables del 55% de los homicidios y del 66% de las agresiones.

"Esta situación contrasta con la negación de la existencia del paramilitarismo por parte del gobierno", agrega el documento, que alerta por la "ínfima" respuesta estatal.

Además, en su último informe, divulgado el martes en Londres, Amnistía Internacional alerta sobre la actividad de grupos paramilitares diez años después de su desmovilización. 

"Estos ataques no tenían lugar en un contexto de combate entre las partes beligerantes, sino que se trataba de homicidios selectivos", afirma el organismo.

"Volver a la guerra"

Las FARC temen que una vez dejen las armas y se reincorporen a la vida civil se reedite el exterminio de la Unión Patriótica (UP), luego del fallido proceso de paz con el presidente Belisario Betancur en 1984.

Entonces, alrededor de 3.000 militantes de ese movimiento político con tendencia comunista, incluidos dos candidatos presidenciales, fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas del Estado.

A finales de enero, el gobierno de Santos dio cuenta de 17 asesinatos de líderes sociales cometidos tras la aprobación a principios de diciembre del pacto con las FARC.

"Si no hacen nada con eso van a volver a la guerra, es tan simple", dijo Jody Williams, Nobel de Paz en 1997, durante la cumbre de estos laureados celebrada hace dos semanas en Bogotá. 

"¿Se puede hablar de posconflicto cuando todavía matan a líderes?", cuestionó por su parte la Nobel 2011, Leymah Gbowee.

Sin embargo, para el analista Jorge Restrepo estas muertes no ponen en peligro la implementación del acuerdo, previsto para "terminar el conflicto y no la violencia política".

"No toda la violencia política está relacionada con el conflicto y la prueba es que sigue", indicó a AFP el director del centro para el estudio del conflicto Cerac, quien bregó por una justicia "eficiente" y "pronta" para terminar este flagelo.

Colombia tiene un índice de impunidad superior al 90%, según la fiscalía.

Pero la preocupación no es solo de las FARC. Por estos casos, el ELN, única guerrilla activa del país y que el 7 de febrero instaló diálogos con el gobierno, ha puesto en duda la voluntad de paz del Estado.

"Si bien hay un lenguaje conciliador en la mesa, en la vida diaria la persecución política contra la izquierda y contra todo el que piensa diferente sigue creciendo, y eso se cuenta en muertos", sostuvo Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo rebelde, a finales de enero.