En Colombia asesinan un líder social cada cuatro días

De acuerdo con el último informe de Paz y Reconciliación, en los últimos 11 meses han sido asesinados 94 líderes sociales y defensores de
derechos humanos en el país.

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En Colombia parecen ser ya cotidianas las denuncias de asesinatos, ataques y amenazas contra  líderes y defensores de derechos humanos que abanderan procesos sociales en las regiones. De hecho, de acuerdo con cifras reveladas por la Fundación Paz y Reconciliación, solo desde el 24 de Noviembre de 2016 hasta el 31 de Octubre de 2017 se ha reportado el homicidio de 94 líderes sociales y más de 200 acciones victimizantes en su contra. Los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Tolima son los que más casos registran

Los datos recopilados por la fundación, y consignados en el informe Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo, señalan que  se han evidenciado patrones de sistematicidad en cuanto a los perfiles de las víctimas: se trata de líderes asociados a actividades en contra de las economías ilícitas y/o en defensa del medio ambiente;  líderes que impulsan procesos de restitución de tierras, reparación a víctimas y lucha por la verdad; y  líderes con potencial participación política en las próximas elecciones en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP).

Y en cuanto a las víctimas que cumplen ese último perfil, las cifras son preocupantes: en 12 de las 16 zonas en las que habrá circunscripciones especiales, entre el 24 de noviembre de 2016 al 1 de octubre de 2017, se han victimizado potenciales participantes a los próximos comicios legislativos.

"En 41 de los 167 municipios que integran las CTEP se han cometido este tipo de agresiones que atentan contra los derechos civiles y políticos de liderazgos locales con vocación de participación en elecciones. Los 111 hechos victimizantes contabilizados en este periodo se registran de manera preponderante en la CTEP 1, la cual agrupa municipios del norte del Cauca, de la subregión de La Cordillera nariñense y el sur del Valle. Corinto, Caloto, Santander de Quilichao y Buenos Aires son los municipios más afectados, donde los líderes indígenas, afrodescendientes y de víctimas han sido objeto de esa violencia instrumental que busca intimidar y generar rupturas de los procesos organizativos y políticos en los territorios", reza el informe.

El panorama no solo refleja que podría haber intentos por obstaculizar la participación política de aquellos sectores que no han tenido representación en el Congreso, sino que además la intención de realizar una verdadera apertura democrática podría verse obstaculizada por "intereses de agentes tanto legales como ilegales, quienes haciendo uso de sus recursos violentos acallarían esas voces emergentes. Preocupan, por ejemplo, los casos de agresión cometidos contra miembros de las organizaciones locales y regionales que se agrupan bajo el seno de la Marcha Patriótica, ya que ha sido uno de los movimientos políticos más golpeados por actuar en defensa de la implementación de los Acuerdos de paz".

 

 

 

Respecto a los responsables de los hechos victimizantes, el texto de Paz y Reconcilicaión señala que la mayoría de los ataques han sido cometidos por actores aún sin identificar, sobre todo en los casos de amenazas, homicidios y atentados, razón por la cual los índices de impunidad son altos. Asimismo, se han identificado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo,  como perpetradores de agresiones contra líderes en regiones como Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Bajo Atrato, Sur de Córdoba, Norte del Cauca y Valle.

Y si bien es cierto que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para contrarrestar los ataques contra los líderes y ofrecerles garantías de seguridad, también lo es que, en esa materia, los avances siguen siendo precarios. Es el caso de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el mismo presidente Juan Manuel Santos, que tiene como objetivo diseñar y coordinar las acciones institucionales encaminadas a proteger a los líderes sociales. Sin embargo,  de acuerdo con el informe, las medidas creadas en dicha instancia  no han podido ser establecidas "debido a la tardanza por disponer de los recursos financieros, logísticos y humanos para mitigar las agresiones contra esta población que se busca proteger".

Una situación crítica que se ejemplifica en el caso de la postergación del nombramiento del director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, "cuyos resultados de las labores de investigación penal, priorizadas contra esas estructuras criminales que ponen en riesgo la construcción de paz, tienen que ser presentadas ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para la adopción de las acciones institucionales pertinentes".

 

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