Produce ganancias de $1.500 millones año

En Simití se cultiva la reconciliación

La empresa creada por paramilitares en 2002, ahora administrada por el Estado, emplea a más de 80 personas, entre víctimas y victimarios del sur de Bolívar. Sus ganancias son para reparar a las víctimas del conflicto armado.

Éider González, quien trabaja en la plantación hace siete años, financió sus estudios con este empleo. / Gustavo Torrijos

En Monterrey, corregimiento de Simití, en el sur de Bolívar, excombatientes y víctimas trabajan juntos. El escenario es una plantación de palma aceitera –Coproagrosur–, de 870 hectáreas, cuyas ganancias se destinan a la reparación de víctimas, principalmente del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizados hace una década en el marco de la Ley de Justicia y Paz, quienes entregaron los predios que ocupa la plantación.

“Para nosotros se volvió normal ver muertos tendidos en las calles; que no nos dejaran salir después de las 6:00 de la tarde; ver a los paramilitares con niñas de 12 y 13 años; ver cómo utilizaban nuestras casas como trincheras. Tanto tiempo pasamos así, que pensamos que no podíamos vivir algo diferente”, señala César González, líder comunitario desplazado de Monterrey en 2003 y hoy trabajador de la plantación.

Coproagrosur se ha convertido en la fuente de ingresos más importante para la zona y en un referente de reconciliación. En el 2002 fue creada por paramilitares como fachada para la sustitución de cultivos ilícitos; en 2006, tras su desmovilización, la entregaron al Estado, y finalmente en 2015 comenzó a ser administrada por el Fondo de Reparación de Víctimas.

“Cuando los paras manejaban el negocio, no teníamos prestaciones laborales como ahora”, destaca González, quien además hace parte del Comité Cívico del Sur de Bolívar. Lo fundó junto a líderes de zonas vecinas en 2006, para impulsar la reparación colectiva, solicitando la administración de la empresa como una fuente de empleo para la comunidad y cuyas ganancias se invirtieran en el corregimiento.

El Gobierno atendió la solicitud de las víctimas en 2010 y les hizo entrega simbólica de Coproagrosur, dándoles unas garantías laborales que hasta entonces no habían tenido y destinando las ganancias a la reparación de otras víctimas del país. “Ahora estamos viendo el sentido de tener trabajo, de hacerlo desde lo lícito. Para nadie es un secreto que muchos dependíamos de la coca”, expresa Adriana Blanco, actual administradora de la empresa y quien comenzó como empleada rasa en la plantación y con el sueldo pudo estudiar para asumir un cargo directivo.

Un caso similar al de Éider González. Cuando tenía ocho años, los paramilitares llegaron a su casa a buscar a su tío para matarlo, pero era una equivocación y no lo hicieron. También vivió el desplazamiento de su madre, mientras estudiaba en un municipio aledaño a Simití. Ahora, con 27 años, es bachiller, prestó servicio militar, terminó sus estudios tecnológicos y hoy se desempeña como supervisor de calidad. “Comencé a trabajar desde el 2010, para entonces no tenía nada y con el primer sueldo conseguí una moto, ahora estoy construyendo mi casa para vivir con mi esposa y mi hija. El primer puesto que tuve fue como limpiador de barreras, luego me pasaron a la cosecha, que es la labor de tumbar el fruto de la palma. Con este trabajo logré pagar mi carrera, y al terminarla pude acceder a este puesto como supervisor”.

Actualmente, en la plantación trabajan más de 80 personas, en temporada de cosecha se abren más vacantes –enero, febrero y marzo–. De los más de 60 desmovilizados que había en la región, hoy quedan alrededor de 16, quienes viven allí con sus familias y trabajan en la plantación. “Ahora estamos reconciliados, el trato de ellos hacia nosotros es diferente al que tenían cuando estaban armados. Hemos aprendido a convivir”, relata Eliodoro Contreras, auxiliar administrativo, quien fue desplazado en 2008 por amenazas de muerte.

Los frutos que allí se cosechan son vendidos a la extractora de aceite Loma Fresca, ubicada a 40 kilómetros de la plantación, la cual consigna los recursos al Fondo de Reparación de las Víctimas que, a su vez, se encarga de distribuir el dinero. Después del proceso industrial, el aceite extraído es transformado en jabones, cosméticos o aceite de cocina. “Con la coca uno ganaba más, pero vivía muy estresado pensando en ser sorprendido por algún grupo armado. Me siento mejor acá, la plata me rinde más y ya tengo una casa, mis hijos ya terminaron el bachillerato y todo salió de este trabajo”, resalta Contreras.

Según Mábel García, directora del Fondo de Reparación para las Víctimas, que administra los bienes entregados por los excombatientes en todo el país, se han tenido hasta 1.500 millones de ganancias por año.

Limbo jurídico

Aunque la comunidad resalta los avances que ha traído la plantación para sus familias, destacan también la falta de un puesto de salud, de un colegio cercano con mejores condiciones y dotación básica para su funcionamiento, así como la falta de vías pavimentadas, o de un parque para los niños y de alternativas de desarrollo. A la comunidad le preocupa que no haya un vivero, ni otras opciones de trabajo, “porque estas palmas en cinco años no van dar tanto fruto como ahora”, señala Rosa María Porras, quien trabaja en la plantación hace cinco años como aseadora y jardinera.

Otra problemática que evidencian, y que ven como una amenaza para la supervivencia de la plantación, son los reclamantes de tierras, pues los predios que ocupa la empresa fueron adquiridos por los paramilitares y, según explicó el Fondo de Reparación, se está esperando una respuesta que permita definir el futuro de Coproagrosur, pues actualmente hay quienes han tomado algunos predios por su propia cuenta y los han comenzado a administrar. “Esto tiene un limbo jurídico, nos gustaría que se sembrara más palma para generar empleo, pero el temor es que las personas a las que se les restituyan las tierras no continúen, que no contraten el personal con todas las prestaciones como lo hacemos ahora”, alerta la administradora Blanco.

A pesar de que las víctimas señalan que es muy difícil borrar de la memoria las imágenes del terror, sueñan con recuperar los lazos comunitarios que existían antes de la guerra, cuando el problema de uno parecía el de todos: nadie vivía con hambre porque compartían lo que había; con comitivas solidarias construyeron el templo local, un puente y ahora, con un bono comunitario, buscan mantener en buen estado las vías a pesar de estar destapadas. No todos los habitantes de Simití ni de los municipios aledaños fueron desplazados y algunas familias no perdieron a sus seres queridos, pero todos se consideran víctimas por los momentos de zozobra, por las muertes presenciadas y por el miedo que rondaba en las calles. “Estas palmas fueron sembradas con la sangre de nuestros campesinos”, resalta César González al recordar los cuerpos que recogía de las calles con su padre, inspector de policía del corregimiento. Registraban los muertos que les era permitido levantar y enterrar –debían pedirles permiso a los paramilitares– describiendo en cuadernos la ropa que llevaban puesta. Fue la forma que encontraron para que los familiares de las víctimas pudieran identificarlos, pero al completar tres cuadernos, con alrededor de 200 casos, los paramilitares decidieron cambiar de inspector y quemaron dichos manuscritos. Aunque estas imágenes, para la comunidad, son difíciles de borrar, Simití ve frutos de reconciliación.

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