Entre los del No y la otra resistencia civil

La oposición presentó sus propuestas, algunas realistas, otras poco coherentes con el espíritu de lo pactado. A la sociedad civil le corresponde mantener la presión para que se llegue a un acuerdo definitivo lo antes posible, al igual que hacer veeduría activa al proceso de ajustes y precisiones.

El miércoles, miles de personas colmaron la Plaza de Bolívar exigiendo a la clase política llegar a acuerdos para destrabar la paz. / Mauricio Alvarado
El miércoles, miles de personas colmaron la Plaza de Bolívar exigiendo a la clase política llegar a acuerdos para destrabar la paz. / Mauricio Alvarado

Las cartas ya están sobre la mesa. Cumplida una primera etapa pos-plebiscito, en la que se ha visto como pocas veces una inmensa movilización ciudadana —liderada por estudiantes, víctimas, campesinos, comunidades afros e indígenas, entre otras— que exige consensos a las fuerzas políticas del país para destrabar el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc y dar paso a su implementación, los líderes del No a la refrendación ya han dado a conocer sus propuestas de cara a la renegociación de lo pactado. (Vea aquí el especial "A construir la paz")

Una segunda etapa supone el análisis, por parte del presidente Juan Manuel Santos y su equipo de asesores, de los documentos presentados por esa oposición, paso que involucra a la guerrilla. De hecho, se tiene previsto que Humberto de la Calle, jefe de la delegación negociadora del Gobierno, se desplace este martes hasta La Habana (Cuba) para discutir directamente con los delegados de paz de las Farc las coincidencias, diferencias y eventuales posibilidades de introducir cambios en el texto del Acuerdo Final.

La tercera etapa se plantea hacia la semana siguiente, con una nueva reunión entre los delegados del Gobierno y los del No, para darles a conocer la postura de la organización subversiva frente a sus propuestas de renegociación. Y es posible que en algún momento, como lo sugiere Carlos Holmes Trujillo, uno de los voceros del opositor Centro Democrático, se abra la puerta a un encuentro directo con las Farc. Eso sí, aceptar una cita de esa naturaleza es decisión única y exclusiva del jefe de Estado.

Y así estamos 15 días después de conocer el veredicto en las urnas. El ambiente político es tenso y la comunidad internacional sigue ratificando su apoyo a la paz y se mantiene a la expectativa. Si bien el primer mandatario anunció la prórroga del cese el fuego hasta el 31 de diciembre, lo que da un respiro a una ciudadanía que clama por el fin de la violencia, lo que se ve en la actualidad son posiciones distantes, sobre todo a la hora de mirar las del uribismo. “Realismo y verdad”, pide Santos. “No es un tema de retoques cosméticos”, responde el expresidente y senador Álvaro Uribe.

Pero el No en el plebiscito no tiene en el uribismo a su único doliente. El expresidente Andrés Pastrana (a través de una comisión técnica liderada por Camilo Gómez, excomisionado de paz), la exministra Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez y hasta el movimiento Sin Juventud No han puesto también sobre la mesa sus propuestas de renegociación. Hablando en términos santistas, algunas mucho más “realistas” que las del Centro Democrático, aunque se meten también con la justicia, que parece ser el punto más neurálgico de todos.

El pastranismo no comparte que el Acuerdo se incorpore al bloque de constitucionalidad, pero en cambio cree que debe haber un sistema de justicia transicional, aunque articulado con el de la justicia ordinaria. En éste, los recursos extraordinarios deben ser resueltos ante la Corte Suprema de Justicia; la segunda instancia, en los casos que la haya, debe ser resuelta por la jurisdicción ordinaria, y la administración del sistema de justicia especial para la paz se debe dar mediante la administración de la Rama Judicial. “No pretendemos ver a los cabecillas de las Farc tras las rejas con camisas a rayas. Creemos que debe haber un sistema de justicia transicional, pero bien aplicada”, señala Camilo Gómez.

Por el lado de Marta Lucía Ramírez, al igual que el uribismo, la excandidata presidencial del Partido Conservador propone la creación de una sala especial de paz en el interior de la Corte Suprema y que los responsables de delitos de lesa humanidad tengan penas de reclusión en “colonias penales agrícolas”, sin posibilidad de aspirar a la Presidencia o al Congreso. Habla también de que la asignación de la tierra no sea el único modelo de desarrollo agrícola, que no haya ventajismos en la participación política de las Farc y que no haya incorporación de lo acordado a la Constitución, entre otros puntos.

Pero hay algo que preocupa a Ramírez en el escenario actual y en la manera como se vienen desarrollando las cosas: “El presidente Santos ha dicho que tiene voluntad de hacer ajustes, pero la verdad es que en la mesa, con tantos delegados, tantos ministros, tantos representantes de los partidos de la coalición de gobierno, el diálogo no ha sido ágil y se ha hablado de lugares comunes. De lo que se trata es de plantear propuestas y nosotros esperamos que el Gobierno tenga una posición de firmeza frente a las Farc”, enfatizó.

El exprocurador Alejandro Ordóñez es más radical. Propone un “nuevo acuerdo basado en condiciones diferentes”, con una agenda temática basada en víctimas, justicia y lucha contra la impunidad. Pide sanciones adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos y asegura que “la base del tratamiento especial de la justicia transicional debe ser la confesión completa, no sólo el reconocimiento de los crímenes que el Estado logre inicialmente demostrar”. Por supuesto, plantea que en los textos no se debe dejar señales ambiguas frente a lo que se ha llamado “ideología de género”.

En cuanto al movimiento Sin Juventud No, sus preocupaciones están centradas en el futuro que tendrán los cerca de 6.000 jóvenes que hoy están en las Farc, una vez se desmovilicen. “Según los acuerdos, aquellos que dejen las armas recibirán un ingreso por única vez de $2 millones y $620.000 durante los 24 meses siguientes. Este ingreso debe tener una destinación específica. La que proponemos ante la necesidad de tener un campo productivo en el mediano plazo es la formación agrícola. El riesgo de no tener una destinación específica de ese presupuesto es que lo empleen en el fortalecimiento de las milicias urbanas, es decir, la guerra urbana”, explica Josías Fiesco, uno de sus voceros.

Y es aquí donde aparece un choque frente al actual escenario que se presenta en el país. Para Fiesco, las marchas de los últimos días y las que se preparan para la próxima semana en defensa de los acuerdos de paz, lideradas por estudiantes de diferentes universidades, no han dejado un mensaje claro y en cambio han profundizado la polarización después del 2 de octubre: “De ahí el riesgo de ser los jóvenes útiles, convirtiéndose en un comité de aplausos del Gobierno, de las Farc o del uribismo, desconociendo que lo importante no es la firma sino lo que se firma”, dice.

Opinión respetable, pero es imposible desconocer el despertar de ese movimiento ciudadano, esa unión de fuerzas sociales y esa creación de múltiples escenarios de debate que se han dado en Colombia para plantear la urgencia de llegar a consensos y así desempantanar el proceso de paz. Porque, más allá de los jóvenes estudiantes que han estado al frente de este proceso, su eje central han sido las víctimas, los indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos que han vivido en carne propia la tragedia de la guerra.

Un movimiento ciudadano heterogéneo fundamentado en nueve principios, definidos en asambleas y espacios de discusión abiertos: reconocimiento de la legitimidad de la mesa de La Habana y del Acuerdo Final de Paz, la exigencia de que el Acuerdo se ponga en marcha, la no negociación de la verdad, que no se destine ni un peso más a la guerra, que el diálogo nacional no sea un pacto de élites, la disposición de acoger a los rebeldes en su tránsito a la vida civil, acompañar a las víctimas como centro del acuerdo de paz, apoyo a la mesa de diálogos con el Eln y, por último, “ni una vida más para esta guerra”.

Planteamientos concretos que hacen que la participación de la sociedad civil en el actual escenario sea determinante. Y precisamente ello implica que esas organizaciones ciudadanas insistan en la necesidad de que los líderes políticos estén dispuestos a ceder. Los del Sí, para que acepten una paz que incluya a los sectores que respaldaron el No y a sus líderes. Y los del No, para que sean cautos en la generación de propuestas realistas que no pongan en riesgo todo el proceso de paz.

Y esa palabra, ceder, es clave en la actual coyuntura. Al fin y al cabo, se trata de una negociación, o mejor, de una renegociación. “Por supuesto, aquí se trata de realismos y no de arriar banderas. Tenemos que aprovechar la oportunidad de construir un acuerdo que nos involucre a todos y buscar otros caminos le haría un gran daño al país y lo dejaría aún más fracturado”, responde Carlos Holmes Trujillo. “Claro que se puede ceder, pero de parte y parte. De hecho, inicialmente yo tenía 41 propuestas frente a los acuerdos y las reduje a 15”, expresa Marta Lucía Ramírez. Por cierto, ya el viernes pasado, la exministra, junto a uribistas y pastranistas, se sentaron a tratar de unificar posiciones.

Entre ellos hay coincidencias y diferencias. Y está claro que esa renegociación que piden gira en torno a puntos considerados fundamentales del Acuerdo Final, que, sea como sea, tomaron cerca de cuatro años de discusión en Cuba, más los diálogos exploratorios. Viene entonces la pregunta del millón: ¿es posible pensar en que las Farc van a ceder algo que ya fue acordado?

Las señales dadas hasta el momento muestran una postura inmodificable: “Sería un exabrupto volver a revivir una discusión que tuvimos que cambiar varias veces, se intercambiaron diálogos y opiniones. Ese acuerdo fue refrendado y luego se renegoció. Se sale de contexto y sería como volver a empezar, y el país no está para eso”, dijo Rodrigo Londoño, Timochenko, esta semana a Caracol Radio, refiriéndose al tema específico de justicia.

En esa entrevista, el máximo comandante guerrillero habló de todo, pero eludió preguntas que tuvieran que ver con su intimidad. Dijo, por ejemplo, que respeta a Uribe como persona y que tuvo ocho años para acabarlos y no pudo; que las bases de la organización siguen comprometidas con la paz; que hay que leer los acuerdos, pues algunos los han distorsionado, y que se están buscando alternativas, junto con el Gobierno, para su implementación. “Se planteará una fórmula lo más pronto posible. En los campamentos no tenemos ningún herido. Ningún civil ha sido afectado por causa del conflicto, hemos cumplido, sobre todo con el cese el fuego”.

La semana termina y no hay conclusión posible. Entre el Gobierno, las Farc y los del No están las respuestas. Lo único cierto es que en todos se necesita espíritu constructivo, realismo, oportunidad, agilidad y coherencia. Y a la sociedad civil le corresponde mantener la presión para que se llegue a un acuerdo definitivo lo antes posible, al igual que hacer veeduría activa al proceso de ajustes y precisiones. Es cierto que el Nobel de Paz le dio un segundo aire a Santos y que el clamor ciudadano cimienta la esperanza. ¿Hasta dónde alcanzará? El reloj corre y, así nadie lo reconozca, todos hacen cálculos pensando en las presidenciales de 2018.

 

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