Farc sostienen que si pierden el plebiscito no volverán a la guerra

El delegado de la guerrilla en los diálogos de paz con el Gobierno, Carlos Antonio Lozada, se declaró confiado de que los colombianos respaldarán el mecanismo de refrendación.

Carlos Antonio Lozada, delegado de las Farc en los diálogos de paz en Cuba, aseguró que si los colombianos votan en contra del plebiscito –ideado como el mecanismo para refrendar los acuerdos– la guerrilla no volverá a la guerra.

Lozada, quien hace parte de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, encargada de conducir a la guerrilla al fin de la rebelión armada y dar el paso definitivo a la vida política legal, se declaró confiado de que los colombianos, así como finalmente lo hizo las Farc el pasado jueves, respaldarán el mecanismo que les permitirá decidir si están de acuerdo o no con el acuerdo final que se logre en La Habana.

“Nosotros estamos esperando el pronunciamiento de la Corte (Constitucional). Estamos seguros de que va a ganar el pronunciamiento masivo del pueblo colombiano refrendando los acuerdos, pero si gana el no, no significa que eso tenga que dar al traste con el proceso, porque la paz como derecho síntesis no puede llevarnos a tomar esa decisión de seguir con una guerra tan dolorosa”, manifestó el delegado de las Farc, quien participó en un informativo pedagógico promovido por la guerrilla.

El anuncio del acuerdo sobre el punto del fin del conflicto del pasado jueves marcó a su vez el inicio del camino en la discusión del sexto y último punto de la agenda: Implementación, verificación y refrendación.

Una instancia que no sólo tiene que ver con las delegaciones de paz de Gobierno y guerrilla en La Habana, sino que también involucra al Congreso, donde se deberán tramitar muchas de las leyes que le darán piso firme a la paz; la Corte Constitucional, que deberá decidir sobre muchas de esas normas —de hecho ya estudia el plebiscito como mecanismo de refrendación—, y la ciudadanía, que finalmente decidirá en las urnas.

El Gobierno empeñó hace meses su palabra comprometiéndose a que los colombianos tendrán la decisión final  respecto a los acuerdos de paz con las Farc en Cuba. Aunque había cierta distancia entre las partes sobre cuál debía ser el mecanismo de participación ciudadana, el jueves quedó establecido —en el acuerdo— que ambas partes acogerán el que avale la Corte Constitucional. Dicha afirmación tiene dos importantes implicaciones. (Lea: Guiño al plebiscito: Farc aceptan que Corte Constitucional defina cómo se refrendarán acuerdos de paz)

La primera, es que las Farc están aceptando la jurisdicción de la Corte, es decir, están haciendo un reconocimiento a una de las cabezas del poder judicial en el país. En el Estado al que hasta esta semana no reconocían, dejan ahora la potestad de definir, nada más y nada menos, que la forma en que los colombianos se pronunciarán sobre las negociaciones de paz. Esa es una buena noticia.

Pero la segunda, significa que el Gobierno terminó ganando el pulso sobre el mecanismo a utilizar. Desde hace muchos años, las Farc venían pregonando que los acuerdos de paz a los que llegasen con algún gobierno, fuera el que fuera, deberían terminar en una asamblea constituyente. Ya no solo dejaron atrás esta petición, sino que terminan admitiendo que se haga a la manera planteada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Así se desprende de los anuncios hechos durante la ceremonia del jueves en La Habana, Cuba, concretamente, de las palabras del delegado de Noruega para el proceso de paz, Dag Nylander. El diplomático explicó los alcances del pacto para preparar el fin del conflicto en Colombia, que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, garantías de seguridad y mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz.

“El Gobierno y las Farc van a sanear diferencias al tema aludido en la agenda para terminación de conflicto, la Corte Constitucional será quien decida sobre los alcances de ley estatutaria para refrendar los acuerdos firmados”, indicó.

Nylander explicó que el acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios.