Farc, hacia una política sin armas

Mientras en La Habana se explicaban los alcances de lo pactado, una encuesta en Colombia reveló que el 60% de los colombianos apoyan el proceso, pero son reacios a hacerles concesiones políticas y judiciales a los jefes de las Farc.

Cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos sin estar atados a la exigencia del umbral electoral. Creación de circunscripciones transitorias especiales de paz para las zonas más afectadas por el conflicto. Creación de una comisión para definir los lineamientos de un estatuto para la oposición. Un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, con énfasis en el nuevo movimiento que surja del tránsito de las Farc a la vida legal del país. Y el establecimiento de consejos para la reconciliación y la convivencia en los ámbitos nacional y regional.

Estos son los principales alcances del acuerdo al que llegaron las delegaciones del Gobierno y las Farc —al término del decimosexto ciclo de conversaciones en La Habana (Cuba)— sobre el segundo punto de la agenda: la participación en política. Un paso más en la consolidación de la paz en Colombia y que según el presidente Juan Manuel Santos —en una alocución anoche— no sólo es un acuerdo para la futura participación de una guerrilla desmovilizada, sino que sirve a toda la sociedad, al facilitar la creación de nuevas expresiones políticas, promover el pluralismo y la tolerancia, y fomentar la participación ciudadana.

El jefe de Estado descartó, además, la opción de romper las conversaciones o hacer una pausa, al enfatizar que lo que se necesita en estos momentos es “acelerar, continuar con más ánimo y con más entusiasmo para lograr ponerle fin al conflicto en forma definitiva. Sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos logrando avances reales. Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por cálculos políticos o cuestiones de tiempo”. De paso, tras reconocer que ha sido un camino difícil, pidió el apoyo del pueblo colombiano en su cruzada por la paz.

“Porque sólo juntos, sólo unidos, podemos llegar al puerto deseado (...) no tengamos miedo. El miedo nos encadena al pasado. Llegó la hora de pensar en el futuro. La generación que está naciendo hoy debe ser la generación de la paz”, dijo Santos, quien recalcó también en que al final serán los ciudadanos quienes tendrán la última palabra, “porque cualquier acuerdo al que lleguemos será sometido a la aprobación popular”.

Para Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, para lograr una paz sólida es necesario ampliar, profundizar, modernizar y robustecer la democracia, haciéndola más fuerte, participativa, pluralista y transparente. “Que la política esté libre de la intimidación y la violencia. Nunca más política y armas juntas. Pero también queremos la ampliación de nuestra democracia para alcanzar la paz estable y duradera”, manifestó en una declaración pública, tras darse a conocer los pormenores del acuerdo alcanzado.

En el comunicado conjunto, leído por Rodolfo Benítez y Dag Nylander, representantes de Cuba y Noruega, respectivamente, países garantes de los diálogos, las partes hablan del robustecimiento de la democracia con la ampliación de los derechos y las garantías para el ejercicio de la oposición, pluralismo, inclusión, participación, transparencia de los procesos electorales, surgimiento de nuevos partidos y movimientos políticos, acceso a los medios de comunicación desde el punto de vista comunitario e impulso a la participación de la mujer.

Así, por ejemplo, se establece que se convocará a los voceros de los partidos y movimientos políticos para integrar una comisión, la cual será la encargada de definir los lineamientos de un estatuto de garantías para la oposición, una de las grandes deudas que la clase política nacional le debe al país desde la promulgación de la Constitución de 1991. Dicha comisión recogerá las propuestas de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para la estructuración de la normatividad.

Asimismo, plantea que tras la firma de un acuerdo final se pondrá en marcha una “misión de expertos” que se encargará de hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral, y de presentar recomendaciones para hacer los ajustes institucionales necesarios. Es decir, una reforma electoral que implicará la creación de “circunscripciones transitorias especiales de paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto, de manera que durante un período de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias”.

No se trata de entregarle curules directas a la guerrilla en el Congreso, aunque sí de la puerta de entrada a la posibilidad de ser elegidos. La idea, según lo explicó De la Calle, es “avivar la voz y las posibilidades de expresión democrática y pacífica de los ciudadanos de estas regiones, mediante el aumento transitorio de su representación en la Cámara de Representantes”. Las circunscripciones transitorias serían adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes y contarían además con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores.

De cualquier manera, se trata de una figura que complementa con lo acordado en el punto uno de la agenda sobre desarrollo agrario, pues lo que se busca es integrar las zonas más afectadas por el conflicto. Precisamente en este sentido, El Espectador conoció que las Farc buscarían entrelazar los acuerdos logrados en estos dos puntos con el fin de cimentar su futuro poder político a partir de las zonas de reserva campesina. La propuesta sería similar a una figura que se implementa en Venezuela y que se conoce como “comunas”. Para el Gobierno, ello sería posible siempre y cuando se comprometan a deshacer los pactos que tienen con narcotraficantes y bandas criminales, especialmente en el Catatumbo, donde se conoce de una alianza entre el frente 33, que comanda Rubén Zamora, uno de los negociadores en Cuba, con alias Megateo, jefe delincuencial de la región.

Y con el espejo de lo sucedido con la Unión Patriótica, el acuerdo habla de un “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”, en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades. El objetivo es “asegurar la protección de quienes ejerzan la política, sobre la base del respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las Farc a la actividad política legal”.

Queda claro que la guerrilla apunta a constituirse en un movimiento político, tema que será discutido cuando se llegue al punto de la dejación de las armas y la reincorporación de sus integrantes a la vida civil y política. De hecho, tanto Santos como De la Calle insistieron en que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Eso quiere decir que los acuerdos construidos hasta ahora sobre desarrollo agrario y participación política están condicionados a la firma de un pacto definitivo sobre la totalidad de la agenda, y que en la medida en que avance el debate, es posible retomar algunas discusiones para hacer ajustes.

También en una declaración pública, después de leído el comunicado conjunto, el jefe de la delegación de las Farc en Cuba, Iván Márquez, destacó que el acuerdo “no constituye un sometimiento”, aunque reconoció que si se sigue avanzando por las sendas de las transformaciones que el país reclama, la firma de la paz será una realidad. Asimismo, rechazó las versiones en el sentido de que la guerrilla se niega a recibir a los familiares de las víctimas del conflicto y enfatizó: “Tienen nuestros brazos abiertos, ellos y todo el que quiera aportar a la construcción de la paz, y dentro de ese espíritu es que volvemos a insistir vehementemente en que se integre ya la comisión (de la verdad) por nosotros tantas veces propuesta”, dijo Márquez.

Los diálogos se retomarán el próximo 18 de noviembre y abordarán ahora el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas. De cualquier manera, el acuerdo sobre el segundo punto de la agenda es un respiro para el presidente Santos, en momentos en que las críticas arreciaban por lo que algunos consideraban era el estancamiento de las negociaciones. Y, según conoció El Espectador, el objetivo del Gobierno es concretar un acuerdo parcial de aquí a diciembre sobre todos los puntos en discusión. Eso sí, otro asunto clave que, se dice que el Gobierno les ha pedido a las Farc, es saber con certeza cuáles frentes acompañan lo acordado en La Habana y cuáles no.

 

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