Humo blanco en La Habana: hay nuevo acuerdo de paz

El nuevo texto no contempla su inclusión al bloque de constitucionalidad y su desarrollo se acoge a los lineamientos enmarcados por la Carta Política de 1991 y el respeto al Estado de Derecho.

Alto Comisionado para la Paz

Después de 41 días de que se diera la victoria del No en el plebiscito con que se buscaba refrendar el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, y tras largas jornadas de trabajo de más de 12 horas diarias en la última semana, las delegaciones de ambas partes le anunciaron al país y al mundo que han logrado consenso sobre un nuevo texto, el cual, según sus propias palabras, incluye los "ajustes y precisiones necesarios para sentar de manera definitiva las bases de una paz estable y duradera". (Lea: Marta Lucía Ramírez revela que Santos le dijo que ya había nuevo acuerdo de paz)

En esencia, el objetivo fue lograr un acuerdo más robusto, de tal manera que suscite, ahora sí, un amplio apoyo ciudadano. Por eso, los cimientos de este nuevo pacto de paz están fundamentados en mantener a las víctimas como eje central del proceso y a respetar al máximo la institucionalidad existente, enmarcada dentro de la Constitución de 1991.

Una tarea nada fácil, pues implicó para la guerrilla ceder en algunas de las posturas que mantuvo como líneas rojas a lo largo de cuatro años de negociaciones y para el Gobierno aceptar que a la mesa de diálogos le salió una tercera pata que componen precisamente todos esos sectores, no sólo políticos sino también ciudadanos y religiosos, que lideraron la oposición en el plebiscito.

Por eso, de entrada, Gobierno y Farc aceptan la no inclusión de todo el texto dentro del bloque de constitucionalidad, para recurrir más bien al Congreso, que a través de un acto legislativo será el encargado de incluir en la Carta Política un artículo transitorio para indicar que aquellos contenidos que correspondan a derechos fundamentales o normas del Derecho Internacional Humanitario serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación de lo pactado. De todas maneras, se prevé que el acuerdo será depositado como "Acuerdo Especial".

El nuevo texto precisa, aclara, clarifica y profundiza varios aspectos sobre los que los del No habían expresado dudas e incluso rechazos. Así, por ejemplo, las Farc aceptan que la reparación material a las víctimas con sus propios bienes y activos se hará conforme a los criterios de la Corte Constitucional respecto a los recursos de la guerra.

Según la jurisprudencia de ese alto tribunal, los parámetros mínimos para la reparación de las víctimas por parte de grupos armados ilegales son: todos y cada uno de los miembros del grupo responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron y deberán entregar tanto los bienes obtenidos ilícitamente, como los bienes obtenidos lícitamente, es decir, deben responder con “todo” su patrimonio, independientemente de su origen.

Otros de los temas de preocupación de los sectores del No tienen que ver con la restricción efectiva de la libertad, la conexidad del narcotráfico con el delito político y la aplicación de la justicia transicional. Sobre el primer punto, se establecen ahora detalles claves, como fijar los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante la ejecución de la sanción correspondiente. La interpretación que se puede hacer a este punto es que si bien las Farc aceptan la restricción efectiva de movilidad, esta se dará en sitios especiales, como colonias agrícolas, algo que incluso han planteado en el uribismo.

En cuanto a lo del narcotráfico, la idea es acogerse a los criterios de la jurisprudencia interna colombiana que, entre otras cosas, dice que podrá asumirse como conexo al delito político cuando su justificación esté ligada a la misma lucha subversiva.

Y en lo que tiene que ver con la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, el nuevo acuerdo habla del respeto al debido proceso y del principio de imparcialidad, de la debida publicidad y garantía del principio de contradicción en la valoración de la prueba, y de la doble instancia.

Un punto en el que Gobierno y guerrilla se preocuparon por aclarar que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, la aplicación de esa justicia transicional debe partir del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos y tiene la obligación de contribuir al fortalecimiento de todas las instituciones.

En otras palabras, el nuevo texto se acomoda a uno de los reparos más insistentes que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, en el sentido de que el acuerdo de paz anterior igualaba a policías y soldados con los guerrilleros.

Otra aclaración clave en el nuevo acuerdo es que las Farc se comprometen a contribuir de manera efectiva con la solución al problema de las drogas ilícitas, no sólo poniendo fin a su relación con dicho fenómeno, sino también entregando información exhaustiva y detallada con el fin de que el Estado pueda atribuir responsabilidades y encontrar maneras de garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y no repetición.

Por cierto, aunque la guerrilla ha estado siempre en contra de la fumigación de cultivos ilícitos, ese tire y afloje lo ganó el Gobierno, pues el nuevo texto plantea que el Estado no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo la aspersión. Eso sí, las partes acordaron incluir un tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores (como figura transitoria) y que en la formalización de la propiedad, quienes estén involucrados en esta actividad deberán garantizar primero que el predio esté libre de cultivos ilícitos.

La participación política de la guerrilla ha sido también tema de angustia de los del No. Y los lineamientos del nuevo acuerdo de paz recalcan en la ampliación y profundización de la democracia, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político.

Así las cosas, los cambios tienen que ver con las reglas de juego y el equilibrio, pues para la oposición, en el acuerdo inicial el partido que surja de la desmovilización de las Farc llegaría favorecido en materia de financiación, acceso a medios e inscripción de candidatos. Ahora se pactó que ese nuevo movimiento político recibirá los mismos recursos que da el Estado a los partidos con personería jurídica (7,14 % del Fondo de Partidos) y un monto equivalente el 7 % dirigido a su centro de pensamiento y para la divulgación y difusión de su plataforma ideológica.

Por otra parte, el nuevo acuerdo, entre otros asuntos, precisa los tiempos para implementar la reforma rural integral (proyectada a 15 años), ratifica el derecho a la propiedad privada, aclara las fuentes del Fondo de Tierras -sobre todo en lo que tiene que ver con la expropiación-, reconoce que el desarrollo del campo depende de la alianza entre la economía campesina o la agricultura familiar con la visión empresarial, reitera que no se harán modificaciones a la legislación vigente sobre las zonas de reserva campesina ni tampoco se modifica los criterios y procedimientos para realizar el avalúo catastral.

Igualmente, advierte que siendo el Gobierno el responsable de la implementación, se respeta la preservación de la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluyendo un cronograma de prioridades. Ahora la pregunta es: ¿estarán de acuerdo los del No?

 

 

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