Incertidumbre, la sensación que reina a un año de la firma de la paz

A pesar de los avances que se han dado en la implementación de lo pactado entre Gobierno y Farc en La Habana, son muchos los obstáculos y dudas que persisten un año después de firmarse el Acuerdo Final de Paz.

De acuerdo con Paz y Reconciliación, desde el pasado 20 de julio, cuando se instaló el Congreso e inició la segunda legislatura, el avance ha sido precario tanto por el número de iniciativas aprobadas como por los cambios introducidos para limitar el alcance de los reformas.AFP

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Avances lentos en la implementación, poca atención a los factores de violencia que crecen y se expanden en los territorios, y la posibilidad de que en 2018 llegue a la Presidencia un Gobierno que no comulgue por completo con lo pactado durante el proceso de paz de La Habana. Son varios los elementos que se han ido conjugando y que hoy por hoy, al cumplirse un año de la firma del Acuerdo Final de Paz, representan un riesgo latente para la calidad del posconflicto que tendrá Colombia luego de alcanzar el fin de una guerra interna de más de 50 años.

Y así lo deja ver el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación, que será presentado hoy, y que hace un detallado balance de los avances y retos para la construcción de paz en el país en momentos en los que son más las dudas que las certezas sobre lo que sucederá con la puesta en marcha de lo pactado: “la incertidumbre es el signo al cierre de este primer año del acuerdo de paz”.

El documento, elaborado con apoyo de la iniciativa Unión por la Paz, la Redprodepaz y Clacso, arroja varias conclusiones interesantes. La primera, y la más importante para algunos, es que en los últimos años ha habido una importante reducción de los indicadores de violencia asociados al conflicto armado, disminución que comenzó a registrarse incluso desde 2012, cuando se inició el proceso de paz con las Farc. “Entre 2012 y 2016 la reducción de homicidios a nivel nacional fue de 3695 vidas, mientras que en los 281 municipios focalizados para el posconflicto la reducción fue de 957 vidas”. Los 281 municipios hacen referencia a los 242 en los que operaba las Farc y los 39 en los que hace presencia el Eln.

Aun así, y a pesar de que los avances en esa materia son notables, hay cifras que preocupan. De acuerdo con Paz y Reconciliación, los datos asociados a la violencia han repuntado en lo corrido de 2017, puntualmente en 60 municipios (de los 281) en los que se han presentado nuevas dinámicas asociadas con la seguridad: “Por un lado, varios de estos municipios han sido copados por otras estructuras ilegales, en algunos casos el Eln, en otros Grupos Armados Organizados, principalmente el Clan del Golfo y grupos de desertores de las Farc”.

La tendencia se repite en los casos de crímenes como secuestro, extorsión y desplazamiento, con algunas particularidades en este último. El incremento en los indicadores de violencia, documenta el texto, se concentra en la costa pacífica, particularmente en la zona nariñense y en municipios como Policarpa, en donde el homicidio rural ha tenido un aumento importante. “El cinturón del pacífico muestra los niveles más altos de desplazamiento. Particularmente el Choco tiene unas dinámicas altas de desplazamiento producto de los enfrentamientos entre ELN y el Clan del Golfo”, reseña la fundación.

 

Garantías de seguridad y casos de deserción

 

Otra de las conclusiones tiene que ver con las inquietudes respecto a las dinámicas de seguridad y la deserción de cerca del 10% de los miembros de las Farc que se acogieron al proceso de paz. Y en este punto las críticas son contundentes. De acuerdo con Paz y Reconciliación no solo existe una clara desidia política y una insuficiente capacidad institucional para implementar lo pactado, sino que además los intereses económicos de grupos criminales como el Clan del Golfo también representan una amenaza a la posibilidad de alcanzar la tan anhelada paz completa.

“El Estado no ha sido capaz de proteger a cabalidad la vida de los excombatientes de las Farc y de sus familiares. Según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, hasta el momento han asesinados 18 personas en proceso de reincorporación y 11 familiares. La responsabilidad recae directamente sobre el Estado pues es quien debe garantizar los derechos humanos de quienes acordaron entregar sus armas. Tanto los problemas en seguridad física, como las dificultades en la reincorporación social y económica, han provocado una gran incertidumbre. Ahí está una de las causas de la deserción de cerca del diez por ciento de los miembros de las Farc”, señala el documento en el que se insiste en que el fortalecimiento de la disidencia está directamente relacionado con el evidente fracaso de lo que hasta ahora se ha implementado en materia de reincorporación.

Eso si, la investigación aclara que no todas las personas que han salido de las zonas de concentración se han unido a otras organizaciones delincuenciales. Por ejemplo, varios de los excombatientes que han dejado el Espacio Territorial ubicado en Policarpa, Nariño, han regresado con sus familias para emprender sus procesos de reincorporación y otros se han movilizado hasta la zona de concentración de Tumaco.

Aun así, y destacando el hecho de que el Gobierno ha puesto en marcha procesos de capacitación y ha cumplido con la entrega de los subsidios individuales, la conclusión es la misma: “La razón por la cual han tenido que salir de la zona ha sido el incumplimiento del gobierno en los aspectos más básicos como el agua potable, la salud, el alojamiento digno y, particularmente, la seguridad”.

En general, la crítica va dirigida a que las ayudas que hasta el momento ha entregado el Gobierno a quienes hicieron parte de las filas de las Farc no hacen parte de una política pública estructurada de reincorporación “que pueda responder a las necesidades diferenciadas de los excombatientes de acuerdo a sus trayectorias de vida y a la posición que ocupaban en tiempos de guerra, es decir, el planteamiento de reincorporación pactado en la Habana se ha quedado corto para garantizar el tránsito a la vida civil de los miembros de las Farc”. Con un agravante: “La entrega de tierras que es clave para la reincorporación colectiva no ha avanzado un milímetro”.

 

 

 

 

Aumento de cultivos ilícitos

El informe revelado por Paz y Reconciliación continúa la discusión sobre el alarmante aumento de cultivos ilícitos en el país haciendo especial análisis sobre las zonas afectadas por nuevas dinámicas criminales asociadas con el narcotráfico, en este caso se trata de tres grandes subregiones: el cinturón del pacífico, desde Tumaco (Nariño) hasta Riosucio (Choco); la zona que comprende desde la frontera con Panamá, pasando por el sur de Córdoba, sur de Bolívar hasta llegar al Catatumbo; y la región de los llanos orientales.

Las cifras de hectáreas cultivadas en el país, señala el informe, no solo son prácticamente las mismas que se registraron en 1996 cuando se dieron las marchas cocaleras, sino que son una clara muestra de que el Estado colombiano ha fracasado en su estrategia de lucha contra las drogas.

Y de acuerdo con la investigación, el aumento de los cultivos de uso ilícito tiene, por lo menos, cuatro explicaciones. La primera es de carácter económico y está relacionada con el hecho de que en las regiones productoras desde mediados de 2012 se vivió un aumento de los precios de la hoja de coca y la pasta base de coca, como consecuencia de la revaluación de dólar y el aumento de la demanda en Brasil.

La segunda explicación se deriva de la mano de obra pues muchas de las familias que habían dejado la siembra de coca y que se dedicaban a la minería ilegal, tuvieron que volver a los cultivos tras la caída de los precios del oro a nivel mundial. Una tercera causa, según el documento, podría ser la escalada de consumo de cocaína en Brasil, Argentina y Estados Unidos.

Y finalmente está el tema de los pequeños cultivadores y la expectativa que generó la promesa de beneficios económicos por parte del Estado derivados del proceso de paz.

 

Trámite legislativo lento

 

Una de los principales obstáculos que ha tenido la implementación de la paz ha sido, de acuerdo con el informe, el precario avance que han tenido en el Congreso de la República las iniciativas relacionadas con la puesta en marcha de lo pactado en La Habana:  "Tal como están las cosas de las 24 iniciativas que debían tramitarse en este periodo sólo se aprobaran 12, incluidas la reforma política, las circunscripciones especiales de paz y la JEP que han sido mutiladas a medida que fue avanzando el debate y se han apartado en buena forma de los acuerdos de la Habana. 12 quedarán en el tintero, entre ellas 8 que ni siquiera fueron presentadas por el gobierno y 4 de temas agrarios que no alcanzarán los debates necesarios".

Paz y Reconciliación llama también la atención sobre el comportamiento de los partidos políticos durante el trámite en el Congreso de las leyes para la Paz, asegurando que no solo se logró evidenciar  la ruptura que existe entre lo que fue la Unidad Nacional, sino que además da luces sobre cómo se  moverá el mapa político para las próximas elecciones. "Si bien, el Centro Democrático mantuvo siempre una posición de saboteo a los acuerdos, en el transcurso de la legislatura Cambio Radical y un sector del Partido Conservador se sumó a estas posiciones, especialmente cuándo e abordaron temas como la Reforma Política, el punto agrario y la Jurisdicción Especial para la Paz, transformaciones que son necesarias para garantizar los derechos de las víctimas, la apertura política y la modernización del campo colombiano", detalla el texto.

 

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