Infraestructura para las regiones: clave para el posconflicto

Los participantes del debate “La infraestructura como eje de desarrollo local en Colombia” hablaron sobre la necesidad de vías secundarias y terciarias en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

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Si en algo estuvieron de acuerdo los participantes en el debate “La infraestructura como eje de desarrollo local en Colombia” es que la inversión en carreteras secundarias y terciarias en las regiones más apartadas y afectadas por el conflicto en el país es un imperativo para generar las condiciones de crecimiento.

En el evento participaron León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación; Ariel Ávila, subdirector de la misma fundación; Carlos Fernando Galán, senador de la República; Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); y César Ferrari, doctor en Economía y profesor de la Universidad Javeriana. Fue moderado por Élber Gutiérrez, jefe de redacción de El Espectador.

El planteo principal giró alrededor de las formas en que se podía llevar oportunidades formales de trabajo a las zonas en las que las fuentes de empleo provenían de sectores irregualres, como la minería y el narcotráfico. “La minería ilegal de oro mueve 7,2 billones de pesos. En esas regiones hay más trabajo informal que formal”, señaló León Valencia, quien añadió que el posconflicto, más que el desarme de las Farc, significaba un enfoque especial en los programas de desarrollo del país.

Y aunque estaba claro que las vías eran muy necesarias para el desarrollo, ya que permiten la conexión entre los productos y el mercado, el debate se situó en buscar alternativas de financiación para esas obras de infraestructura.

En ese sentido, Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, criticó que el Gobierno Nacional no tuviese en cuenta a los alcaldes y gobernadores para los planes de inversión en infraestructura e hizo un llamado de atención a los políticos que no intervenían por los municipios porque no había votos. Para Ávila, los municipios del posconflicto requieren, como mínimo, 50 kilómetros de vías terciarias.  

Por su parte, César Ferrari, profesor de Economía, señaló la necesidad de una reforma tributaria que logre conseguir más recursos y de una actualización catastral, teniendo en cuenta que hoy se cobran impuestos con información obsoleta. “Se necesitan más impuestos, pero de los más ricos”, expresó. Del mismo modo, propuso el modelo de transferencia de recursos interregionales como ha sucedido en Europa, donde grandes proyectos de infraestructura del sur se han financiado con recurso de los países del norte. “Hay zonas que producen muchos recursos que deben transferirse a las zonas donde no hay menos”, adujo.

Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, señaló que una de las alternativas es el esquema de obras por impuestos, en el que en vez de que una empresa pague, por ejemplo, $30’000.000 en un impuesto lo invierta en una obra por el mismo valor. Criticó la falta de efectividad de fuentes de financiación como la sobretasa a la gasolina, que funcionaba bien en las grandes ciudades porque contaban con un gran número de estaciones de combustible; algo que no pasa en los municipios más alejados, por lo que el recurso era mínimo.

“Este gobierno cambió eso cuando hizo al reforma de regalías, porque asignó recursos a los departamentos para invertir. Hoy los dineros de regalía son la principal fuente para las vías secundarias”, dijo Andrade, sin embargo, advirtió que en muchas regiones se sabotean los proyectos cuando no se permite el ingreso de mineras y petroleras.

Y más allá de la financiación, se habló sobre la necesidad de encontrar los mecanismos para la protección de esos dineros, sobre todo, en los municipios más pequeños. “Es muy fácil robarse el dinero de las vías en las regiones porque el tema está muy politizado”, dijo Galán.

Andrade dio alternativas como hacer más sencillo y claro el proceso de licitación, un esquema rígido de interventoría para el seguimiento a las obras y la vigilancia de la Contraloría y la Procuraduría, algo que ya sucede a nivel nacional, pero no en las regiones.

“Según la Sociedad de Ingenieros, el 60 % de las licitaciones en las regiones solo tiene un solo proponente, y la Cámara Colombiana de la Infraestructura halló que en varios casos ese solo proponente se debía a que se hacían licitaciones medio escondidas o se amoldaban los requerimientos a una sola empresa”, señaló Andrade, y añadió que una opción es unificar pliegos territoriales y nacionales.

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