Jalón de orejas presidencial

La falta de coordinación entre las entidades del sector público involucradas en el tema ha generado un rezago que preocupa al Gobierno.

En compañía del Gobierno Nacional, las víctimas del despojo de tierras marcharon en Necoclí (Antioquia).  / El Colombiano
En compañía del Gobierno Nacional, las víctimas del despojo de tierras marcharon en Necoclí (Antioquia). / El Colombiano

El presidente Juan Manuel Santos fue claro cuando habló en detalle sobre el primer acuerdo en el tema agrario al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana. Tiene la convicción de que para reversar los efectos del conflicto armado y evitar que se repitan deben cambiar las condiciones en el campo, a través de la llamada Reforma Rural Integral. El primer pilar de esa medida, como lo señaló el mandatario, consiste en distribuir tierra a los campesinos que no la tienen. Una tarea compleja y ardua que pasa, además, por sacar adelante la política de restitución de tierras a las víctimas de abandono y despojo.

El problema es que aún no hay una coordinación suficientemente armónica entre las entidades del sector público para sacar adelante este objetivo. Incluso, fue necesario que el presidente Juan Manuel Santos expidiera recientemente una directriz al respecto.

La directiva presidencial 05 de 2013 es enfática en señalar que la restitución de tierras a las víctimas es uno de “los principales objetivos del Gobierno y representa un esfuerzo histórico para avanzar en la reconciliación nacional, la reconstrucción de los territorios y la activación del sector rural”. Pero este trabajo no está marchando como debería. En gran parte porque no sólo depende de la Unidad de Restitución de Tierras, sino que necesita de las acciones y políticas de varias entidades, entre las que están los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Agricultura y Ambiente; el Departamento Nacional de Planeación; la Superintendencia de Notariado y Registro; las unidades de Protección, de Atención a Víctimas y de Parques Nacionales; los institutos Agustín Codazzi, de Bienestar Familiar y de Desarrollo Rural; las agencias nacionales de hidrocarburos y minera; y el Servicio Geológico Nacional.

Por esa razón, la orden presidencial de coordinación armónica entre entidades es perentoria y “de estricto cumplimiento”. Con el fin de que estas entidades “cumplan de manera oportuna”, quedó estipulado que la Unidad de Restitución de Tierras hará circular un documento con las competencias y los plazos legales que tienen. También aclara que será la Unidad de Restitución de Tierras la que adoptará un mecanismo de monitoreo para medir el cumplimiento de las disposiciones legales y órdenes judiciales. Como quien dice, la restitución avanza porque avanza y las responsabilidades estarán tan claras que no habrá disculpas para incumplir.

La medida presidencial se tomó luego de que al menos en dos fallos de restitución de tierras los jueces agrarios señalaran los problemas que estaba causando para el proceso esta poca colaboración entre entidades. El fallo de restitución a favor de las víctimas de Mampuján, el primero que el Gobierno catalogó como histórico, trae en sus páginas un duro regaño: “El ejercicio de esta demanda nos ha arrojado como resultado concluir el precario manejo de las comunicaciones y el intercambio de información entre entidades, básicamente Incoder, IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro, con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, lo que dio lugar a la demora en la articulación de la información”, dijo el juez agrario del circuito especializado en restitución de tierras de El Carmen de Bolívar.

Este funcionario judicial añadió que lo que más le preocupaba era la “desidia con que se habían atendido las órdenes judiciales emanadas por su despacho. En otra sentencia, el juez también dedicó otro capítulo para denunciar el mismo tema. Comentó que aunque la norma (la Ley 1448 de 2011) establece un término máximo de diez días para que los servidores públicos de las entidades y organizaciones entreguen la información que se solicita, eso no había sucedido así.

“Estas leyes fueron incumplidas en varias oportunidades y ello generó que el proceso se prorrogara en el tiempo impidiendo decisiones céleres como las que se busca obtener por la misma Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ya que las demoras en la emisión de las respuestas a los requerimientos del despacho se tornaron en la regla general, al punto que se hizo necesario acudir al Ministerio Público para que realizara los requerimientos correspondientes en varias oportunidades”, sentenció el juez agrario.

Aunque desde que la ley entró en funcionamiento, hace un año y cinco meses, ha habido cerca de 80 sentencias de restitución de tierras a través de jueces agrarios, al parecer esta falencia de la que se quejan dos jueces agrarios no es aislada y quedó advertida en la última directiva que dio el presidente.

Por lo pronto, por falta de concertación, aún no está listo el documento que la Unidad de Restitución de Tierras tendrá que hacer circular entre todas las entidades para que la falta de comunicación no sea la regla. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos seguirá diciendo que la restitución de tierras es una prioridad para su gobierno y una aliciente para acabar el conflicto armado. Faltará ver que esta política no duerma el sueño de los justos por el trámite y el silencio administrativo.

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