Justicia local, otro reto que se suma al posconflicto

Pleitos de vecinos, peleas de borrachos y hasta infidelidades. Hasta allí llegan las Farc en ciertas zonas, donde hacen de jueces y mediadores. Con una guerrilla sin armas y en paz, ¿Quién resolverá conflictos en zonas recónditas? ¿Puede llegar el Estado hasta allá?

De izquierda a derecha: Peter Natiello, director para Colombia de USAID; Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación; Elber Gutierrez, jefe de redacción de El Espectador; Jorge Londoño, ministro de Justicia y el exprocurador Jaime Bernal Cuellar. /Foto: Gustavo Torrijos

En amplias zonas del país y ante la ausencia del Estado, grupos armados como las Farc son –literalmente– Dios y Ley. A punta de su accionar, los subversivos se han encargado de zanjar en temas de justicia que pueden ir desde infidelidades hasta peleas de borrachos. Ahora, con un acuerdo de paz en marcha y de cara al posconflicto, el interrogante que surge es ¿Quién resolverá esos problemas de conflicto cuando desaparezca esa guerrilla?

Fue precisamente este asunto –la justicia local, sus complejidades e implicaciones– del que se ocupó este viernes el conversatorio ‘Retos de la justicia local para el posconflicto’, organizado por El Espectador en coordinación con la Fundación Paz y Reconciliación y USAID, y que contó con la participación del ministro de Justicia Jorge Londoño y del exprocurador Jaime Bernal Cuellar.

Y es que una muestra del poder que tienen los grupos armados para regular la vida social de las comunidades y administrar justicia en ciertos territorios es lo que pasaba en el municipio de La Uribe, en Meta. Allá, por orden de las Farc, la comunidad tenía prohibido transitar por la única vía pavimentada de la población con animales de carga. Todo para evitar el deterioro de la vía. Así era su poder.  

Moderado por el jefe de redacción de este diario, Elber Gutiérrez, y con intervenciones de Ariel Ávila de Paz y Reconciliación y del director para Colombia de USAID, Peter Natiello, la discusión de este viernes tocó el punto de la justicia local, pero no vista desde una mirada amplía y central, sino aplicada en los territorios, allá en las veredas y municipios donde grupos armados como las Farc imponen su ley y donde se espera que ahora, bajo el amparo del proceso de paz, sea el Estado el que entre en firme a zanjar conflictos y resolver problemas.

El reto no es menor y en eso coincidieron los panelistas. Precisamente, Ávila dio a conocer las conclusiones de un estudio adelantado por su organización en el que se advierte que, dado que son los grupos armados los encargados de regular la administración de justicia en muchos territorios, con su ausencia se demanda del Estado una articulación interinstitucional que le permita no solo llegar hasta esas comunidades, sino evitar que sean otros grupos los que ocupen su lugar.

“Yo creo que a organismos como las JAL (Juntas de Acción Comunal) se les debe dar capacidad de administrar justicia y que la segunda instancia sea el inspector de Policía. Eso implica que el Estado recargue en las comunidades la administración de justicia y habría que garantizar un presupuesto mínimo. El problema que identificamos no es de institucionalidad de la justicia, sino que la población reclama que se resuelvan con rapidez sus problemas de orden legal”, aseguró el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

A su turno, el ministro de Justicia coincidió en señalar que la clave está en empoderar a las comunidades y en promover sistemas locales que apunten a que sean ellas mismas las encargadas de asumir la resolución de sus conflictos, sin que ello implique un desprendimiento del Estado.

“Hay muchas formas de resolver los conflictos más allá de la institucionalidad y de un juez. Son formas válidas de justicia que están por encima del derecho (…) Vemos que los grupos armados dejan vacíos que la institucionalidad debe suplir y ese es el gran reto. Pero, no se puede solo con el Estado, se requiere el trabajo de la comunidad en la solución de conflictos por vía ordinaria, administrativa e incluso municipal”, declaró el funcionario.

Para alcanzar ese modelo de justicia local, el director para Colombia de USAID –organización que apoya al Gobierno en la implementación de proyectos de justicia– destacó que en el país hay un capital social muy grande que permite empoderar a las comunidades quienes, mediante la creatividad y la cooperación, han puesto en marcha iniciativas propias para solucionar sus conflictos. “Hay comunidades exitosas que ya están enfrentando sus problemas y no están esperando la respuesta institucional. Ya están trabajando de forma autónoma y nuestra tarea es ayudar desde el territorio a aterrizar bien los recursos y respaldar al Estado”, dijo Natiello.

Por su parte, Londoño aseguró que ya está en marcha un proyecto en 42 municipios del país para que todo el aparato judicial del Estado trascienda las cabeceras y logre llegar hasta las veredas, permitiéndoles a las comunidades acceder a la justicia. Que un juez o un fiscal llegue hasta el mismo punto donde se presenta el conflicto, explicó el ministro de Justicia, permitirá resolver los problemas de forma pronta y rápida. Sin embargo, enfatizó, se requieren orientar aún mayores esfuerzos para garantizar la descentralización y que sea el enfoque territorial el que permita una verdadera empoderación de los pueblos.

En este punto, el exprocurador Jaime Bernal Cuellar llamó la atención por la omisión histórica del Estado en ciertos territorios y advirtió que la aplicación de un modelo de justicia local demanda que, previamente, se subsanen las causas que generaron el conflicto armado y que permitieron el surgimiento de movimientos como las Farc. Por ello, hizo énfasis en uno de los componentes que trae consigo el posconflicto: la justicia transicional, espacio excepcional donde se enjuiciarán todos los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

“Aquí lo que hay que buscar es una respuesta adecuada de la justicia para los actos de la guerrilla y segundo, una respuesta estatal para desactivar las causas que generaron el conflicto, porque si esas causas –así haya desmovilización– continúan, van a surgir otros grupos inconformes con la omisión de lo que debe prestar el Estado. El gran reto es la no repetición”, dijo Bernal Cuellar.

En respuesta, el jefe de la cartera de Justicia explicó que la apuesta del Estado es precisamente la promoción de un enfoque de pluralismo jurídico mediante el cual diversos actores, principalmente las comunidades de la mano de la institucionalidad, solucionen sus problemas particulares y prevengan así nuevas manifestaciones de violencia. “No estamos proponiendo que toda la conflictividad la resuelvan las comunidades. Hay conflictos que requieren del Estado a través de jueces, Fiscalía, inspectores de trabajo o comisarías de familia, todo ello para entender el valor de la justicia”, precisó.

En esa línea, Ávila propuso un modelo de administración de justicia desde las comunidades que implica que, en primera instancia, haya capacitación a los pobladores y funcionarios en resolución de conflictos, y que luego puedan ellos mismos hacer las veces de solucionadores de conflictos con poder legal, todo eso sí, bajo supervisión y vigilancia del Estado central.

No obstante, advirtió que todos los mecanismos y jurisdicciones especiales que se requieren para poner a andar una legislación robusta demandan recursos por el orden de $24 billones, por ello llamó no solo a priorizar las regiones y a formalizar los municipios. “Se requiere también definir el tema del fast track”, mecanismo que resolverá la Corte Constitucional y que reduce el número de debates en Cámara y Senado para la implementación del acuerdo de paz.

Sin desconocer las dificultades económicas, Londoño indicó que si los pocos recursos con los que se cuentan se emplean bien y se les otorga mayor autonomía a los municipios “la plata sí va alcanzar para idear una nueva forma de administración de justicia en los territorios”. En este punto de la discusión, Jaime Bernal Cuellar alertó además por otras problemáticas como la corrupción y la desigualdad social. “Hay que avanzar en instrumentos como la conciliación, los jueces de paz, las funciones para alcaldes y personeros”, remató el exprocurador.