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hace 1 hora

"La implementación de la paz no ha llegado": director del Consejo Noruego de Refugiados

El Espectador habló con Christian Visnes sobre los retos que ha encontrado la implementación. Entre otras cosas, aseguró que en el país, en comparación con 2016, ha habido un aumento del 36 % en desplazamiento forzado.

Cortesía NRC.

Las cifras son contundentes. Este año en Colombia el número de eventos de desplazamiento forzado se incrementó un 36% respecto a 2016, los ataques contra las comunidades aumentaron un 17% durante la primera mitad de 2017 y, según la agencia de refugiados de la ONU, se han reportado más de 78 muertes violentas de líderes y miembros de organizaciones sociales.

Así lo denunció este miércoles Christian Visnes, director de País del Consejo Noruego de Refugiados en Colombia, NRC, quien mostró su preocupación ante la evidente situación de violencia que se sigue presentando en varias zonas del territorio nacional, a pesar de haber dado fin a un conflicto armado de más de 50 años.

El Espectador habló con Visnes sobre los retos que de la implementación del Acuerdo Final, justo cuando este viernes 24 de noviembre se cumple un año de la firma de la paz con las Farc.

Dijo, por ejemplo, que en regiones como Chocó, la costa pacífica y el Catatumbo, por culpa de los enfrentaientos entre grupos armados, se siguien presentando desplazamientos forzados. También se refirió al asesinato de líderes sociales, que el Gobierno ha negado que sean sistemáticos, y puso a Tumaco como un ejemplo de la vulnerabilidad en las "zonas de transición".

Por último, aseguró que siente mucha frustración por el gran número de personas que siguen sufriendo, aunque señaló que guarda una ilusión y una esperanza de que en Colombia las cosas puedan cambiar.

Usted dice que la realidad para muchos colombianos contrasta con la imagen positiva del proceso de paz ¿a qué se refiere con esto?

Me refiero a la situación de muchas comunidades que viven en la costa Pacífica, en la frontera con Venezuela, en el Catatumbo; donde siguen presentándose desplazamientos forzados y confrontación entre grupos armados que hacen que la situación de los ciudadanos sea de altísimo riesgo, por eso siguen teniendo mucha necesidad humanitaria. Estuve la semana pasada en Tumaco y pude ver con mis propios ojos la situación de la gente en esa zona del país.

¿Y cómo es la situación de las personas allá? ¿Qué fue lo que vio?

Yo llevo más de 10 años trabajando en Colombia y era uno de los que tenía mucha expectativa y mucha ilusión con el acuerdo. Lo que a mi más me impacta es el miedo de la gente que vive en esas zonas afectadas. En el tiempo que he estado aquí, nunca había visto gente con tanto miedo como el que estas personas tienen ahora.

¿A qué le tienen miedo?

Tienen miedo de los grupos que han quedado. Nosotros en estos años hemos hablado con las comunidades de las expectativas y de la posibilidad de paz. Siempre nos decían, principalmente en los sectores del Pacífico, que ellos tenían miedo de lo que podía pasar después de que se fueran las Farc, y, efectivamente, hay otros grupos delincuenciales; más pequeños, a los que no se les conoce el nombre y tampoco quién los lidera. La incertidumbre y violencia que representan estas estructuras criminales es lo que genera el miedo porque están ante actores desconocidos.

Usted dice que no son todos los territorios los que sufren esta situación, ¿cuáles son esos lugares donde se ha intensificado el temor entre la población?

Estamos hablando, sobre todo, del Chocó, Nariño y zona del Catatumbo. En el Chocó hay presencia del ELN y aunque en el último mes se presentó una reducción en las confrontaciones, el miedo sigue ahí. En Tumaco, por ejemplo, hay 13 líderes en la zona de Altamira y otros líderes que también temen ser desplazados. En esas zonas la gente está acostumbrada a vivir en el conflicto, eso no es ninguna novedad, pero, aunque llevan muchos años en esa situación, ahora son nuevos actores los que operan y temen que la confrontación pueda desatar la llegada de la fuerza pública al territorio para buscar el control.

¿Cuáles son esas consecuencias que traen los nuevos hechos de violencia en Colombia?

El desplazamiento forzoso, el asesinato de civiles y las necesidades humanitarias como alimentación, educación y salud; que no están cubiertas. En realidad, no es un impacto nuevo, es más de lo que ellos han vivido durante muchos años. Lo nuevo es el miedo incrementado porque los nacientes actores de conflicto les cambiaron las reglas y estas comunidades no saben y no entienden muy bien cómo actúan.

Preocupa también el incremento de los asesinatos de líderes comunitarios…

Los líderes comunitarios en zonas rurales y urbanas son vulnerables, más aún en esta situación de transición. Hay una presión sobre ellos que está potenciada por las economías ilegales y la única forma en la que se pueden proteger es con sus comunidades. Sin embargo,  con la llegada de grupos armados quedan desprotegidos y les toca salir del territorio o, como hemos visto más de 80 veces este año, son asesinados.

Por eso, en Tumaco, por ejemplo, muchos líderes se encuentran bajo la protección de la Policía Nacional en el casco urbano, pero ya no pueden ejercer su liderazgo como lo hacían en sus comunidades.

Los afrodescendientes y los indígenas siguen siendo las comunidades más vulneradas, ¿el panorama no ha cambiado mucho desde la firma de la paz?

Estas personas, en su mayoría, habitan en las zonas del país donde el Estado no ha ejercido sus funciones, donde prácticamente lo único que vende el Estado es una presencia periódica de la fuerza pública. La falta de oportunidades los ha llevado a que se ocupen en la economía ilegal, la minería no regulada y los cultivos de uso ilícito.​ La única forma de cambiar esto es que realmente lleguen oportunidades a estas comunidades, me refiero a que puedan tener salud, trabajo y educación. Mientras tanto, lo que hay que hacer es dar una respuesta humanitaria.

¿Qué se hace desde el Consejo Noruego para apoyar a las comunidades vulnerables por el conflicto?

Le voy a poner un ejemplo, justamente en Tumaco le quemaron la casa a una familia de cinco personas. A esta familia le damos asistencia humanitaria, les prestamos asistencia legal para que ellos puedan registrarse como víctimas ante el Estado y los acompañamos para que inscriban a sus tres hijos en el colegio de Tumaco y reciban educación, pese a su situación de desplazamiento. Eso hacemos en muchas zonas del país acompañando y ayudando a las autoridades colombianas, no solos.

Dijo que era uno de los más creyentes del proceso de paz, ¿piensa que con lo que está pasando y las altas cifras de violencia en el país, el Gobierno le ha fallado a los ciudadanos?

El acuerdo de paz sigue siendo un hito muy grande. Ese acuerdo como está escrito sigue siendo una oportunidad para Colombia, pero la implementación no ha llegado y eso es lo que hay que reforzar, pero Colombia no lo puede hacer solo.

Por ejemplo, siempre hemos propuesto que debería estar marchando un plan de educación:resarcir las escuelas, hacer llegar los profesores y educar 10 meses al año en vez de seis, eso cambiaría la vida de ellos. Son acciones que tienen que llegar con el acuerdo de paz además de las muchas otras promesas que están ahí consignadas y nosotros, Consejo Noruego, seguimos creyendo que es posible, a pesar de este mal momento.

¿Cuánto tiempo más cree que va a tardar el Gobierno en poner en marcha acciones que mejoren la calidad de vida de estas personas?

Nosotros nos movemos dentro de la realidad y la ilusión. Seguimos con ilusión, pero la realidad es dura en estas zonas que no han tenido acciones del Estado durante muchos años, de hecho, algunas nunca hicieron parte de las respuestas del Gobierno. Entonces, si vamos a la ilusión, seguimos pensando que el Gobierno va a cambiar el chip y empezará a actuar con más prontitud, pero la realidad nos cuenta otra cosa y es posible que tarde años en llegar. Por eso, es importante que sigamos atendiendo a estas personas cuyas vidas siguen en riesgo.

¿Cuál es su percepción actual de lo que ocurre con la implementación del acuerdo de paz?

Pensamos que el impacto del acuerdo de paz no ha sido lo suficientemente rápido y con las medidas que se esperaban. Ya es de conocimiento público las dificultades con el proceso de reincorporación de los combatientes, así como también se conoce que en estas zonas existe una economía ilegal que no se ha ido y que hay grupos ilegales disputándose el control de esto. La verdad es que nosotros sí sentimos mucha frustración por el gran número de personas que siguen sufriendo, pero tenemos una ilusión y una esperanza de que esto puede cambiar en el marco de las negociaciones y el acuerdo.

 

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