"La tortura no se puede justificar a favor de la seguridad nacional": Diego Rodríguez

El Espectador habló con el primer colombiano que llega al selecto grupo de 10 expertos internacionales del Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU, cargo que asumirá en enero por un periodo de cuatro años.

Diego Rodríguez es el primer colombiano que integrará el Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU.Cortesía

El abogado Diego Rodríguez Pinzón, de 54 años, fue elegido para integrar el Comité Contra la Tortura para el periodo 2018-2021. Esta es la primera vez que un colombiano es elegido para conformar este órgano de Naciones Unidas, y fue el único nominado, esta vez, de la región de América Latina y el Caribe.

Su nombramiento se dio en el marco de la Decimosexta Reunión de los Estados Parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes celebrada recientemente en Ginebra, Suiza. En el Comité también fueron elegidos expertos de Marruecos, Dinamarca, Rusia y China.

En entrevista con el Espectador, Rodríguez habló de la situación actual de la tortura en el mundo, de cómo ha tomado tintes políticos cada vez más sutiles, logrando así justificarse muchas veces por políticas de “seguridad nacional”, enfrentar el terrorismo, o salvaguardar las fronteras y las costumbres nacionales.

¿Por qué cree que la tortura sigue teniendo vigencia en el mundo y sobre todo en estados que se declaran democráticos?

Los excesos por parte de las autoridades estatales siguen siendo tema vigente desafortunadamente, no solo en temas de tortura sino en la violación de muchos derechos que son considerados delitos penales en cada estado. Por lo tanto, son actos ilegales, y la idea precisamente de la creación de este comité en la ONU es hacer que al interior de cada estado se busque penalizar este tipo de actos y se disminuya el uso de este instrumento.

Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido recientemente en el mundo en Estados Unidos, con la ola migratoria en Europa y lo ocurrido en Venezuela ¿Cree que los gobiernos populistas alientan este tipo de prácticas?

Yo no creo que se pueda afirmar que los gobiernos populistas o nacionalistas alienten este tipo de prácticas. Estas ocurren en distintos gobiernos y se presentan en distintos contextos. Claro, uno podría identificar bajo determinadas circunstancias de un gobierno algunas prácticas de este tipo. Pero no creo que se puedan vincular necesariamente, o que haya una causa directa entre la existencia de gobiernos nacionalistas o populistas y estas prácticas de tortura.

Lo pregunto, por ejemplo, por los casos en estados del sur y oriente de Europa en los que ha habido tratos crueles contra los migrantes, o en la lucha contra el terrorismo en donde se justifican estos tratos contra los presuntos terroristas en Guantánamo.

Esto no sucede porque necesariamente estos países alienten la tortura. En el caso de los migrantes por ejemplo, lo que sucede usualmente es que hay detenciones en las fronteras que carecen de  garantías mínimas básicas requeridas por las normas internacionales para la detención de personas. En algunos estados, por ejemplo, se excluye a los migrantes de las protecciones constitucionales de ese país. Esto aumenta la posibilidad de que haya violaciones de este tipo. Pero, si ocurre un trato cruel o inhumano, es porque está asociado más con la limitación de garantías constitucionales a las personas en detención en contextos de inmigración, lo que, claro, incentiva que haya violaciones a los derechos humanos, pero no porque un gobierno de corte nacionalista lo incentive.

En la situación actual de terrorismo global parece que muchos estados suspendieron la vigilancia hacia los actos de tortura en favor de la seguridad interna, lo que también es legítimo defender por parte de los estados ¿Pero cómo conciliar estos dos deberes para que no parezca que  el Estado alienta la tortura en sus mecanismos de lucha contra el terrorismo?

La tortura es una prohibición absoluta y no se puede justificar de ninguna manera ni ponderarse en términos legales, ni siquiera a favor de la seguridad nacional.

¿Pero quién vigila a los estados?

Precisamente la existencia de este tipo de normas internacionales, la Convención contra la tortura de la ONU o la convención en el mismo sentido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la existencia de este Comité están creados para entrar en un diálogo, para interactuar con los estados parte de estos tratados, para inducirlos a que incorporen de la mejor manera posible las obligaciones de la Convención. Esto es parte de un andamiaje aún más amplio que tiene cada estado en el que se busca que en el interior de cada uno de ellos se tipifique la tortura de una  manera adecuada y consistente con las normas internacionales.

Existen muchas modalidades para inducir a los estados. Por ejemplo, los informes periódicos que deben presentar los estados miembros de la Convención. Estos buscan un diálogo interactivo entre el Comité y los estados en el que se identifican los progresos y los retos en materia de incorporación penal de la tortura, pero también aquello que falta y así señalar los problemas para que puedan incorporarse mejor las normas. Pero otro ejemplo importantísimo en las Américas es la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se rige por normas regionales y que no tiene que ver con el Comité del que hago parte. Pero lo importante de este organismo es que es un tribunal internacional que puede resolver casos de cada estado y definir estándares y su apropiada implementación en relación a la tortura.

Insisto en que lo pregunto dados los casos, por ejemplo, en los que parece que el estado está involucrado en episodios de tortura. El programa de detención e interrogación de la CIA, lo ocurrido en la guerra contra el narco en México, los presos políticos en Turquía, etc.

Aquí es donde es crucial la participación de la sociedad civil, de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el ámbito nacional, de colectivos de abogados que representan a víctimas, y toda una diversidad de actores que tienen que conocer no solo las posibilidades de acción nacional, sino cómo empoderarse si los mecanismo nacionales empiezan flaquear. Esto último a inducido a muchas de estas organizaciones a participar de estos procedimientos internacionales que son importantes para ayudar y empoderar el trabajo al interior de cada país. Además es absolutamente importante para el Comité que se reciba información de estos y otros actores y así informarse debida y oportunamente. La actuación de la sociedad civil y la movilización de información hacia estos comités es muy importante para que el Comité entre a tomar parte en el asunto con las herramientas con las que cuenta.

¿La sociedad organizada cómo puede ser escuchada por el CAT de la ONU?

Existen muchas formas y es importante conocerlas. La primera modalidad son los informes periódicos. La sociedad civil tiene la posibilidad de participar por ejemplo con los llamados informes alternativos o informes sombra a través de los cuales organizaciones civiles presentan un informe donde le cuentan al Comité dónde han habido progresos y donde falencias, y mal que bien ayudan a un diálogo más informado entre el Comité y el Estado. También hay la posibilidad en los que la sociedad civil presente casos y situaciones específicas. Es decir, hay una suerte amplia de  vasos comunicantes con el ámbito internacional que apoya el trabajo nacional. donde se da la mayoría de los esfuerzos para implementar estas garantías internacionales.

 ¿Las recomendaciones que el comité hace a los estados tienen algún tipo de sanción contra los países donde se evidencia tratos tortuosos?

En términos generales, el Comité al terminar de revisar los informes hace unas recomendaciones muy específicas a cada Estado sobre dónde tiene que mejorar. Dichas recomendaciones están sujetas a un seguimiento por parte del Comité, es decir, por parte de la comunidad internacional. Pero más importante aún es el seguimiento que hacen las organizaciones sociales e instituciones oficiales en el ámbito nacional en la forma como se implementan estas recomendaciones. Cuando los estados están vigilados internacionalmente invierten para evitar una censura a nivel internacional o crear una mala imagen. Es por eso que, por ejemplo, el espacio de los medios de comunicación es absolutamente central, si allí se recogen y se hace seguimiento a las recomendaciones que hace el comité, esa información empieza  a correr, y por consiguiente los estados buscarán evitar una censura pública por parte de la comunidad internacional.

Colombia ratificó el tratado en el 87, dos años después de la toma al Palacio de Justicia y justo cuando el conflicto contemporáneo empezaba a degradarse por parte del narcotráfico y las guerrillas ¿Qué hizo el Comité durante este periodo de tiempo en Colombia donde era evidente que hubo casos de tortura?

Son limitadas las herramientas que puede usar este Comité. Es un andamiaje de instrumentos a nivel internacional y nacional. La ONU no cuenta con un tribunal como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sí hace es llevar un récord histórico basado en los informes y las recomendaciones que se hacen a un país. Ahí reposa lo que se ha dicho y evidenciado en la materia a nivel internacional. Pero estos mecanismos son tan efectivos como las personas, los usuarios de todas estas normas, los usen, los lleven al ámbito nacional, que busquen pronunciamientos por parte de los tribunales nacionales y el Congreso.

¿Cuál es el daño, más allá del delito penal, que causa la tortura en una persona?

Las consecuencias de la tortura son severas. La acción penal contra el perpetrador es sólo un aspecto muy puntual. El daño y por lo tanto la rehabilitación, que también compromete a los estados, es a nivel físico, psicológico y moral. El daño y la reparación, por lo tanto, va más allá de la persona torturada, alcanza  a los familiares, ellos también sufren las secuelas y los efectos directos de este tipo de situaciones. Las acciones reparadoras, que invoca la Convención, van por lo tanto más allá del individuo afectado, alcanza la familia y la colectividad donde se presentó la tortura.

¿Cómo ve la tortura en el caso colombiano, ha habido avances respecto a su tipificación penal, pero también en reparación integral a quienes han sufrido esta violación?

Colombia, con la situación que todos conocemos de las últimas décadas, ha sufrido unas mutaciones constitucionales y legales muy interesantes. Colombia es un país en donde los tratados de derechos humanos se integran mejor con la constitución, y sobre todo con la constitución de 1991. Hemos podido ver cómo esto ha permitido avanzar sobretodo en temas relacionados con medidas reparatorias. Medidas de reparación supremamente amplias en situaciones muy graves de violación de derechos humanos. Ahí hay un mensaje a la comunidad internacional, este es, que en un contexto como el colombiano se puede avanzar en medidas reparatorias a fondo y es un referente importante para países no solo “en desarrollo” sino del primer mundo.

 

 

últimas noticias

Opinión: No se equivoque Ministro de Defensa

Senderos de esperanza en medio del dolor