"La verdad es la base para que haya justicia": padre José María Tojeira

El Espectador habló con el sacerdote jesuita que lideró el proceso contra la Fuerza Armada de El Salvador, después de que militares de este país asesinaran a seis padres de la misma orden en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

El padre español José María Tojeira vive desde 1985 en El Salvador.Mauricio Alvarado

El 16 de noviembre de 1989, 40 militares dirigidos por tres tenientes, entraron al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador (El Salvador) y asesinaron a seis sacerdotes y dos mujeres colaboradoras de la institución: los españoles Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Ignacio Martín-Baró (vicerrector académico), Segundo Montes (director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA), Juan Ramón Moreno (director de la biblioteca de Teología) y Amando López (profesor de Filosofía), y los salvadoreños Joaquín López y López (fundador de la universidad), y Elba y Celina Ramos.

Al principio la Fuerza Armada de El Salvador, quiso culpar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con quien estaba en guerra, enviando incluso delegaciones a Washington, a Madrid y al Vaticano para apoyar esta hipótesis. Pero esa tesis generó sospechas: además de que los testigos aseguraron que los disparos se escucharon por veinte minutos, la sede de la universidad queda cerca al Estado Mayor de El Salvador, por lo que no se entendía por qué, si fue un ataque de la guerrilla, no hubo respuesta con anterioridad. Fue tal la presión de varios sectores de la sociedad, que mes y medio después de la masacre, el Ejército admitió su responsabilidad.

José María Tojeira, un sacerdote español de 70 años que vive hace 48 años en Centroamérica y hace 32 (desde 1985) en El Salvador, se puso al frente de las denuncias contra no solo los autores materiales, sino también los intelectuales. Y, aunque de los implicados solo fueron condenados dos, asegura que “no tenemos deseos de venganza 28 años después, pero sí queremos que los autores intelectuales asuman su responsabilidad y pidan perdón”.

En el marco de la conmemoración de los 200 años del Consejo de Estado, Tojeira, quien actualmente es el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, vino a Colombia para dar una charla de justicia transicional. El Espectador habló con él sobre el caso de los jesuitas asesinados, la importancia de escuchar a las víctimas en el posconflicto, y sobre lo que se debe hacer para evitar que no haya repetición de los hechos.

¿Cómo fue el proceso que usted lideró para que las Fuerzas Militares admitieran el asesinato de los sacerdotes jesuitas?

Desde el principio de la guerra civil en El Salvador (1980 – 1992), un grupo de jesuitas universitarios defendió que no podía terminar con una victoria militar de ninguna de las partes, sino a través del diálogo, también insistían en la defensa de los derechos humanos. Esto hace que, dentro de un sector de la derecha salvadoreña, surgiera la idea de eliminarlos. Aunque en varios momentos salieron del país por las amenazas que tenían, regresaban, seguían promoviendo el diálogo. En un momento de máxima confrontación, un grupo de 40 militares, al mando de tres tenientes, entraron a la universidad, los mataron y fingieron enfrentamientos con la guerrilla. Impulsaron la tesis de que jesuitas y guerrilleros se reunieron, pero como los primeros no querían apoyar la toma de la capital, los mataron.

Como pasó acá, guardando las proporciones, con las ejecuciones extrajudiciales…

Sí. Los militares defendieron esa posición como mes y medio, pero era evidente que no: estábamos en estado de sitio, la universidad queda muy cerca del Estado Mayor, había muchos testigos, que escuchamos un fuerte tiroteo con una duración de veinte minutos. Al final no tuvieron más remedio que reconocer su responsabilidad, pero buscaron aminorar los costos, para condenar solo a 9 personas: un coronel, 3 tenientes y 5 soldados. En el juicio, el jurado condenó solo a un coronel y a un teniente, pero nosotros seguimos tratando de llegar hasta los autores intelectuales.

La Comisión de la Verdad, que fue presidida por Belisario Betancur, mencionó a cinco militares, al jefe del Estado Mayor y a dos viceministros de Defensa como los autores intelectuales. Intentamos abrir el juicio contra ellos, pero no se pudo, algo en lo que seguimos insistiendo. Aunque el primer juicio nos pareció una farsa, creemos que por lo menos los autores materiales pasaron por la observación, el enjuiciamiento y por la clarificación de su participación en el asesinato. No tenemos deseos de venganza 28 años después, pero sí queremos que los autores intelectuales asuman su responsabilidad y pidan perdón.

¿Cómo evitar en esos casos, donde el Estado está involucrado, la impunidad?

Yo creo que hay que ser constantes, porque si uno no mantiene el esfuerzo por conocer la verdad, es muy difícil. Tuvieron una campaña muy dura, pero ahí de lo que se trata es de resistir, en el apoyo de la gente interna y de la solidaridad internacional. En otros casos menos sonados, se pueden individualizar mejor, pero este era un caso que implicaba al Estado Mayor del ejército, lo que lo hacía más difícil.

En los 32 años que lleva en El Salvador, ¿ha visto reparación para las víctimas, garantías de no repetición, que sí ha habido un cambio?

El Salvador era un país muy autoritario, muy militarizado, donde los derechos políticos y civiles estaban sumamente limitados, incluso legalmente. Y con una historia también muy fuerte de elecciones fraudulentas, donde ganaban siempre militares. Los acuerdos de paz arreglaron esta situación, pero no los temas estructurales: la pobreza, la marginación, la exclusión. Y, además, se paralizó la justicia con la ley de amnistía general, que impidió cualquier tipo de enjuiciamiento de los violadores de derechos humanos. Esas limitaciones que tuvo el proceso de paz salvadoreño que un auge de la delincuencia cada vez más fuerte. Se reproduce unas mecánicas de la violencia que recuerdan las dinámicas de la guerra.

¿Qué dinámicas?

Ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles y degradantes a los detenidos, detenciones con acusaciones falsas. Es muy importante el posconflicto y la solución de los problemas no solo del conflicto, sino de las causas profundas y estructurales, porque si no es así, pueden aparecer formas similares de violencia. Se puede repetir violaciones graves de derechos humanos, porque no se han resuelto una serie de problemas serios.

En Colombia ha surgido una crítica de ciertos sectores que apoyaron el proceso de paz de que las víctimas no son el centro de la discusión, ¿cómo hacer que la discusión sí se centre en ellas y no en otros temas quizá no tan importantes?

En Colombia han hecho un censo de víctimas y eso es, muy importante. A partir de eso, creo se debe escuchar a la gente, tratar especialmente casos ejemplares, paradigmáticos dentro de ese conjunto de víctimas, que ayuden a tomar responsabilidad frente a los casos y, en el tema judicial, darles el apoyo adecuado. Una víctima no es un puro testigo, es una persona afectada y necesita ciertos apoyos psicosociales, jurídicos, etc. Dentro de estos procesos de justicia transicional es muy importante tenerla en el centro.

Usted dijo “la justicia no es todo en la vida”, ¿entonces qué sería?

Digo que no es todo en la vida, porque los dolores quedan y uno tiene que asumir lo que ha pasado, encontrarle el sentido de la lucha en favor de la eliminación del dolor de toda víctima y la búsqueda de que no se repitan los hechos. La justicia toca una parte de los problemas, pero cuando los problemas son humanos, se requiere de un esfuerzo mucho mayor que llevan a la reflexión sobre lo que ha pasado. Me parece que la justicia no lo es todo. Es una parte de la solución de los conflictos, ciertamente indispensable, no puede haber paz sin justicia, pro hay otra serie de valores que tenemos que implementar después de una guerra donde se han roto esos valores.

Igual resulta complejo hacer eso en países como Colombia o El Salvador, ¿entonces cómo actuar en contextos así?

Atender a todos es indispensable, y una forma de hacerlo es estableciendo patrones de actuación de los actores, para dar a conocer con mucho detalle algunos casos ejemplares. En Colombia hay un censo de cerca de ocho millones de víctimas, pero no existe la capacidad de conocer todos los casos. Entender algunos casos ejemplares puede ayudar a eliminar los factores culturales que los determinan y a entender el dolor de las víctimas.

¿Y ahí cuál es el papel de la Iglesia Católica?

Es muy importante ver todas las dimensiones que se deben sanar. Los conflictos son como una enfermedad social, donde hay hechos, hay aspectos de tipo psicológico, hay verdaderos verdugos, hay responsabilidades colectivas e individualismos que permanecen ajenos a una realidad de dolor. Ver toda esa complejidad de los fenómenos que hay en torno a una guerra es una labor importante de la Iglesia. Después de los conflictos quedan estructuras sociales que lo generaron, una cultura de violencia, rencillas, odios, desacuerdos, etc. Todo eso es lo que hay que reconstruir y sanar. Y hay que estar cerca de las víctimas.

¿En ese trabajo de acompañamiento entonces resulta más importante hablar de la verdad?

La verdad es la base del inicio de un proceso en el que haya justicia, reconciliación y reparación de las víctimas. Sin ella no llegamos a ninguna parte, y tiene que salir de aquellos que sufrieron la vulneración de sus derechos, la muerte, el secreto, etc.