Listo borrador de acuerdo sobre drogas ilícitas

El tema de las zonas de reserva campesina salió del congelador, luego de la polémica que desató hace un año, y volvió a aparecer en el debate con más acuerdos que desacuerdos.

Iván Márquez y Humberto de La Calle.

Ya existen los primeros borradores de acuerdo para solucionar el problema de los cultivos ilícitos en el país. Esa fue la noticia que dieron este jueves las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en un comunicado conjunto emitido al término del ciclo 20 de conversaciones que se adelanta en La Habana (Cuba). Los diálogos se reanudan el 24 de febrero.

Concretamente los acuerdos se dieron en el primer sub punto, “Programas de sustitución de cultivos ilícitos. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental en las áreas afectadas por dichos cultivos”. Se trata de que tanto el Gobierno como las Farc están sincronizadas en varios hechos que para muchos colombianos, en especial quienes han vivido en carne propia el conflicto armado y los coletazos del narcotráfico, podrían ser verdades de apuño, pero no deja de ser trascendente que así sea reconocido por dos interlocutores de la talla del Gobierno y las Farc y que haya un compromiso de las partes de solucionar este problema.

En detalle, las delegaciones de paz de las Farc y el Gobierno están de acuerdo en que “la esencia de cualquier solución se enmarca en la Reforma Rural Integral (punto uno de la agenda), y que la solución definitiva debe surgir de una construcción conjunta que involucre a las comunidades en el diseño, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes”, dice el comunicado.

En este sentido, creen que un elemento importante es el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en los territorios afectados, y que es necesario promover el desarrollo integral y la satisfacción de los derechos de todos los ciudadanos, garantizando la seguridad, la convivencia y la observancia y protección de los derechos humanos, “de tal manera que se asegure el respeto y la aplicación de los principios y normas del estado social de derecho”.

También dicen ser conscientes de que “dada la diversidad que caracteriza las regiones de Colombia, cualquier intervención debe tener un enfoque diferencial, reflejado en los planes que se construyan con las comunidades de tal forma que reconozcan las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades garantizando la sostenibilidad socio ambiental”.

Otro objetivo común que se trazaron antes de reanudar las conversaciones será pensar la forma de contribuir al cierre de la frontera agrícola, a la recuperación de los ecosistemas y al desarrollo sostenible, para lo cual se comprometieron a apoyar los planes de desarrollo de diferentes formas de organización y asociación como las zonas de reserva campesina constituidas o las que se constituyan, cuando coincidan con los territorios afectados por cultivos ilícitos. Un tema que sigue estando en el congelador y que hace cerca de un año generó una fuerte polémica en el país, cuando el Gobierno y las Farc discutían en La Habana el primer punto de la agenda referente al tema agrario. En ese momento, las Farc, a través de Marcos Calarcá, miembro de la delegación de la insurgencia, demandó que se garantice el derecho a la tierra a estos colectivos, así como su financiación, hablando de la necesidad de crear 59 zonas con independencia política y 9,5 millones de hectáreas.

De inmediato, los sectores que siempre se han opuesto al proceso de paz rechazaron el comunicado de las Farc y afirmaron que en La Habana “se está negociando el país entero”. La respuesta del entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, fue clara: “Estos sectores opositores a la paz creen que atacan el proceso poniendo al Gobierno a asentir en lo que no ha asentido. Una cosa es que las Farc digan que quieren 59 zonas de reserva campesina con independencia política, y 9,5 millones de hectáreas, pero eso no es lo que la ley dice, ni lo que el Gobierno piensa o está planteando en La Habana”.

Por lo pronto, a medida que avanza la discusión sobre la solución a los cultivos ilícitos en La Habana, se ha conocido que el Gobierno y las Farc han llegado a acuerdos previos sobre las zonas de reserva campesina. Tan es así que reconocen la legitimidad de esta figura hasta el punto de que se comprometieron a apoyar los planes de desarrollo que tengan las que ya estén constituidas, y las que se constituyan, cuando coincidan con los territorios afectados por cultivos ilícitos.

Una afirmación clave si se entiende que las zonas de reserva campesina surgieron en la década de los 90, a partir de las marchas de los campesinos cocaleros del sur del país, y que en la mayoría de ellas no hay presencia del Estado más allá de la presencia militar y en cambio sigue existiendo un campesinado que vive de plantaciones de coca, como le dijo a este diario el entonces representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Cesar Pachón, hoy candidato presidencial.

Entretanto se reanuda el boceto de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre la solución a los cultivos ilícitos, cada parte se comprometió a analizar por separado las distintas propuestas que cada delegación ha presentado en la mesa. Al menos se conoció que el tema de las zonas de reserva campesina salió del congelador y volvió al debate. No demorarán los enemigos del proceso de paz en extenderse en críticas.