Lo bueno, lo malo y lo feo, tras 50 días del cese al fuego con el Eln

Según informe, no se reportaron combates entre el Ejército y el Eln pero, aumentaron ataques contra líderes sociales, indígenas y comunidades afro.

Foto: Víctor de Currea Lugo

Pese a que en los primeros 50 días del cese al fuego entre la Fuerza Pública y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, se detectó la ausencia total del conflicto armado entre las partes, según informe divulgado este miércoles por más de 75 organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, los atentados contra líderes sociales, indígenas y población afro, vienen en aumento.

Lo malo

De acuerdo con el documento, del primero de octubre al 20 de noviembre, se registraron un total de 299 víctimas individuales, de los cuales, 45 son homicidios, 96 personas heridas, 35 víctimas de amenazas individuales y 25 colectivos amenazados. La mayoría de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas,  afrodescendientes y campesinos.

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Según el informe, los departamentos más afectados por los ataques a los líderes sociales son, Nariño, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. Los riesgos para el movimiento social colombiano aumentan, según el documento. 

De los 45 homicidios, encontramos tres masacres que arrojan 16 víctimas.  Según el informe,  16 de estos homicidios fueron selectivos y 9 fueron perpetrados en el contexto de la protesta social. Uno de los casos fue precedido de desaparición forzada y posteriormente la persona fue asesinada y uno corresponde al  hijo de un líder social. Respecto a los responsables de los homicidios en este periodo de tiempo, se desconoce la autoría en 26 casos; en 8 la presunta responsabilidad es de la Policía Nacional; 8 de paramilitares, 1 se le atribuye al Elny 1 caso al Ejército Nacional. 

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El informe reseña el caso del asesinato - por parte del Eln - del gobernador indígena Aulio Isaramá Forastero en el departamento del Chocó, como uno de los que generó una crisis humanitaria en la región. 

"En consecuencia Instamos a las partes a mantener y profundizar los esfuerzos positivos del cese y a fortalecerlo a partir de una mayor participación de las comunidades,  ante lo cual  hacemos un llamado a cada uno de los componentes del MV&V, a continuar realizando los ajustes necesarios para mejorar el mecanismo".

Lo bueno

El informe resalta cuatro asoectos positivos:

1.Que las partes hayan manifestado públicamente su voluntad de cumplir con el cese al fuego.

2. Que se haya constituido el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V), acordado por las partes desde un inicio con la participación en su instancia nacional de la iglesia católica, la Misión de  Seguridad de Naciones Unidas, el ELN y el Gobierno Nacional. 

3. Que se haya reducido la confrontación armada entre las partes.  

4. Que el Cese Bilateral, Temporal y Nacional se mantenga.

Un informe de INDEPAZ de 20173, presenta un balance de las aciones bélicas entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional entre enero y julio de del 2017 en el que da cuenta de 651 situaciones relacionadas con este conflicto. En esta oportunidad INDEPAZ reportó que en el semetre se presentaron 33 enfrentamientos con la Fuerza Pública con el resultado de 24 muertes del Eln y 47 de la Fuerza Pública, además de 61 integrantes de la Fuerza Publica heridos. Desde luego, estas acciones bélicas entre las partes producen impactos en la situación humanitaria de la población. 

Sin embargo, desde el 01 de octubre  al 20 de noviembre de 2017, no se ha conocido de combates entre las partes y tampoco muertes o heridos con ocasión de acciones armadas entre sí.

Lo feo

Según los reportes de agresiones para este periodo, 18 personas que defienden los derechos humanos, líderes y lideresas fueron asesinados entre el 1 de octubre al 20 de noviembre de 2017; 28 recibieron  amenazas individuales; 9 resultaron heridos; 6 fueron víctimas de atentados y 3 detenidos arbitrariamente. Es decir contra esta población ocurrieron 64 agresiones individuales.

De los 18 líderes,  lideresas y defensores de DDHH asesinados (4 mujeres y 14 hombres), la mayoría libraban sus luchas en zonas rurales; el 27 %  pertenecían a pueblos indígenas, el 16% eran afrodescendientes y  el 22%  pertenecían a comunidades campesinas. De la totalidad de agresiones, la mayor parte ocurrieron en los departamentos de Cauca, Bogotá, Caldas, Putumayo, Nariño y Risaralda. De estas agresiones,  resultaron afectadas 12 mujeres lideresas y 49 líderes y 3 de los casos son colectivos. La presunta responsabilidad en estas agresiones está atribuida de la siguiente manera: Desconocidos (55%); paramilitares (23); Policía Nacional (19%);  Eln (2%) y Fiscalía (2%).

Finalmente, presenta recomendaciones para lo que resta del proceso. 

-  El ELN y el Gobierno  de Colombia deben comprometerse a respetar y proteger a la población civil de cualquier acción que pueda afectar sus derechos y cumplir con el objetivo primordial de mejorar la situación humanitaria de la población, teniendo como marco referencial el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

-  El estado de Colombia debe Implementar las medidas y políticas encaminadas a la protección real y efectiva y brindar garantías a la protesta social y a la oposición política. 

 

 

 

 

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