Los ajustes que quiere Uribe

Rechaza que el narcotráfico sea delito político y propone derogar Tribunal de Justicia Transicional.

El expresidente Álvaro  Uribe insiste en que todo premio a la violencia puede generar más violencia.  / Cristian Garavito
El expresidente Álvaro Uribe insiste en que todo premio a la violencia puede generar más violencia. / Cristian Garavito

Ocho días después del plebiscito en el que por una mayoría mínima se les dijo No a los acuerdos de paz con las Farc, en medio de una fuerte presión ciudadana que sigue expresándose en las calles de las ciudades del país a favor de un consenso que permita superar la crisis política que generó esa decisión en las urnas y con un presidente Juan Manuel Santos ahora fortalecido tras ser galardonado con el Nobel de Paz, el Centro Democrático —a través de su líder, el expresidente Álvaro Uribe— madrugó ayer a presentarles a los colombianos sus propuestas de reorientación de dichos acuerdos, planteando ahora que las discusiones con el Gobierno sean públicas, “para evitar tergiversaciones”, y pidiendo urgencia y a la vez paciencia.

El “pliego de peticiones” del uribismo no trae grandes novedades en relación con lo que había venido diciendo durante el desarrollo mismo de las negociaciones en La Habana. Habla de no impunidad y no elegibilidad para los responsables de delitos atroces y de que el narcotráfico no sea considerado delito político, y señala que el Tribunal de Justicia Transicional creado en el acuerdo tiene “facultades exorbitantes”, como aquella de definir qué conductas son delitos. Asimismo insiste en darles protección afectiva a los integrantes de las Farc, con la condición de que suspendan sus actividades ilícitas, y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de darles “alivios jurídicos” a los miembros de la Fuerza Pública.

Uribe propone reclusión efectiva, es decir, pena privativa de la libertad, de entre cinco y ocho años, para los jefes guerrilleros, lo cual podría darse en sitios alternativos, estilo granjas agrícolas. Como se sabe, la Ley 975, o de Justicia y Paz, se aplicó en su gobierno para la desmovilización de los grupos paramilitares, y el exmandatario comulga con la idea planteada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien pidió evaluar la posibilidad de que algunos mecanismos de dicha norma en materia de indultos sirvan de salida jurídica a la renegociación. O, en contraposición al Tribunal de Justicia Transicional, que creó el acuerdo con las Farc, sugiere crear en la Corte Suprema de Justicia una “sala transicional”, que sería el órgano de cierre de todos los procesos relacionados con el conflicto armado.

Pero hay una frase que llama la atención en el texto dado a conocer ayer por el expresidente Uribe: “doble instancia, retroactiva por cierto”. La primera interpretación remite a los casos de congresistas y dirigentes políticos del uribismo que en la actualidad son investigados o que se encuentran detenidos, y cuyos casos podrían ser abordados por esa “sala transicional”. Cabe recordar que en febrero pasado, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), reveló que el exministro Diego Palacio, condenado a 80 meses de prisión por la llamada yidispolítica, les había dicho que pensaba acogerse al mecanismo de justicia transicional propuesto en los acuerdos de paz, ante la falta de garantías en la justicia ordinaria. En ese momento, el mismo Uribe calificó esa posibilidad como “inadmisible”.

Y Andrés Felipe Arias, otro de sus exministros, condenado a 18 años de cárcel por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro y actualmente detenido en Estados Unidos, ha dicho que no quiere indulto sino una segunda instancia. ¿Qué tiene que ver esto con el proceso con las Farc? Sólo Uribe tiene la respuesta. Como también cuando advierte que, de no excluirse de los acuerdos con las Farc los privilegios de la elegibilidad para responsables de delitos atroces, “debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos, como condenados por el Proceso 8.000 y la parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y otros 140.000 presos”.

El postulado del exmandatario en el que enfatiza que, en las circunstancias de Colombia, el narcotráfico no debe ser calificado como delito político, merece análisis aparte. En septiembre del año pasado, al emitir fallo favorable frente a la solicitud de extradición de Juan Vicente Carvajal, alias Misael, jefe financiero del Décimo Frente de las Farc, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ratificó la conexidad del delito de narcotráfico con el de rebelión, siempre y cuando esa actividad ilegal haya sido cometida para financiar las organizaciones insurgentes. El alto tribunal aseguró en su sentencia que se tuvo en cuenta que Carvajal era el encargado de recolectar para la guerrilla los “impuestos” que se les cobraban a los productores de cocaína que operaban en sus zonas de influencia: “Ello evidencia la conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión”, sentenció. Y en esa línea van los acuerdos de La Habana.

Uribe propone, además, privilegiar la erradicación manual de cultivos ilícitos sin que se pierda la facultad de fumigar cuando se estime conveniente; que los acuerdos con las Farc no afecten a propietarios o poseedores de buena fe de predios; que su implementación no afecte la estabilidad fiscal y financiera del país, la confianza inversionista ni el bolsillo de los colombianos; que alcaldes y gobernadores mantengan sus facultades en la aplicación de políticas para atender las necesidades de los ciudadanos y que las consultas previas a comunidades, que el Estado está obligado a realizar cuando se trata de proyectos que afectan sus territorios, sean limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, pensando —agrega— en no entorpecer el “desarrollo equilibrado de la nación”.

Como se ve, se trata de varios asuntos que ya están incluidos en el Acuerdo Final de Paz, pero a los que, por lo visto, Uribe les hace su propia interpretación. Para algunos, más que propuestas concisas, parecen los primeros pincelazos de una campaña presidencial, la de 2018. Sea como sea, se trata de un avance en la búsqueda de un consenso con el Gobierno para destrabar el proceso de paz, que es lo que claman miles de colombianos en las calles, como se vio ayer en Cali. Las lecturas en la clase política nacional no se hicieron esperar. Según el senador Roy Barreras, de la U, negociador en la etapa final en La Habana, por lo menos 10 de las propuestas de Uribe son viables, bien porque ya están contenidas en lo pactado o bien porque son ajustes y precisiones que merecen ser hechos para respetar las dudas e inquietudes de quienes votaron por el No en el plebiscito.

Sin embargo, agregó, hay tres puntos críticos: el posible indulto a los militares, que sería inconstitucional y podría significar un llamado a la Corte Penal Internacional contra las Fuerzas Militares; el desmonte del sistema de justicia transicional, y la intención de cerrar el paso a la participación política de los jefes guerrilleros. “El corazón del acuerdo con cualquier grupo insurgente en el mundo tiene que ver con la justicia penal especial, con el sistema de justicia transicional y con su paso a la política legal, a la política sin armas. Y pretender desmontar estos dos asuntos es acabar con el proceso”, concluyó Barreras.

Por su parte, el senador Armando Benedetti, también de la U, señaló que el documento del Centro Democrático “es confuso, como cuando uno no quiere la paz, pues las propuestas que hacen ya están en el acuerdo, pero en la exposición de motivos habla de cárcel cuando sabe que eso nunca va a pasar”. Hoy, a las 3:00 de la tarde, está prevista una reunión entre los delegados del Gobierno y los del No. No se sabe si se acogerá la idea de que sea pública. Lo claro es que el objetivo ahora es convertir esas propuestas del Centro Democrático en ajustes y precisiones concretas a la redacción del Acuerdo Final. ¿Se podrá?