Los cercos de la justicia y la política

La caída del fuero militar demostró su incidencia en los diálogos de La Habana. Se buscan salidas a inmediato plazo

Los equipos negociadores del Gobierno y las Farc en el Centro de Convenciones de La Habana (Cuba), donde funciona la mesa de diálogos. / SIG

Si el objetivo de alcanzar la paz depende únicamente de encuadrar sus logros a los estrictos cánones del derecho, cada día se prueba que será una tarea imposible. De un lado, el derecho internacional se erige como un inamovible a la hora de juzgar los delitos de lesa humanidad perpetrados por las Farc. Del otro, se dice que a buena hora la Corte Constitucional tumbó por error de procedimiento la reforma al fuero militar, porque también Naciones Unidas o Human Rights Watch estaban escandalizados pensando que sólo iba a traer impunidad para los militares.

Esa realidad jurídica en dos escenarios contrarios resume las complejidades de la sociedad colombiana en la búsqueda de la paz. En la mesa de diálogos de La Habana van cinco meses de debate sin que se logre llegar a un acuerdo en el segundo punto de la agenda de diálogos sobre participación política y para nadie es un secreto que el problema es cómo saldar las cuentas con las justicia. Esta semana, con la caída del fuero militar, quedó en evidencia un dilema parecido: de qué manera juzgar violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.

De alguna manera pero con mucho realismo, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, con un doble comentario admitió este dilema el pasado viernes desde Bucaramanga. Al referirse a la negociación con las Farc en Cuba, aclaró que el desafío es cómo lograr el mayor grado de justicia sin sacrificar la paz, tomando en consideración los derechos de las víctimas. Al dar su opinión sobre la caída del fuero militar, agregó que hay que buscar decisiones transicionales para los militares, pero que eso no debe discutirse en La Habana sino en el país.

Dos facetas adversas de la confrontación que explican también las dificultades del presidente Santos para moverse en ambos frentes. Esta semana, a propósito de la caída del fuero, volvió a reiterar que su compromiso es total con la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares y de la Policía. Tiempo atrás había dejado entrever que los eventuales beneficios que se le otorguen a la guerrilla también serán para la Fuerza Pública. Hace apenas un mes, en la Asamblea de las Naciones Unidas, resumió su postura: que se respete el derecho de Colombia a buscar la paz.

“Pedimos que se nos siga acompañando en este esfuerzo respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas y confiando en que nuestras actuaciones nunca han sido ajenas a las sensibilidades de la comunidad internacional”, observó en ese momento el presidente Juan Manuel Santos. Y agregó: “Si entendemos la justicia y la lucha contra la impunidad —en una transición— como un conjunto de medidas que satisfagan a las víctimas y no sólo como la administración de procesos penales, es posible encontrar una solución integral para todos”.

Desde una perspectiva contraria, el jefe guerrillero Iván Márquez manifestó hace unas semanas que ni siquiera los militares se pueden confiar de las promesas de seguridad jurídica, porque el mismo Estado fue el que permitió la injerencia de la justicia penal internacional. Un pronunciamiento a propósito de la demanda que interpuso el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Berlín (Alemania), contra el excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Freddy Padilla de León, por su presunta responsabilidad en los “falsos positivos”.

Incluso desde su habitual postura crítica contra el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, señaló que con la decisión de tumbar el fuero militar y otras determinaciones de la Corte Constitucional, “la subversión tiene unas garantías consignadas en el Marco Jurídico para la Paz y los militares quedan sin las garantías del Derecho Internacional Humanitario”. Otra forma de reconocer que la confrontación tiene dos caras y que la paz será inalcanzable sin proporcionalidad en el tema judicial.

Una controversia necesaria mientras en La Habana avanza el decimosexto ciclo de las conversaciones. Aunque la nota pública predominante de la semana que concluyó fueron las duras críticas que la delegación de las Farc formuló contra el procurador Alejandro Ordóñez, a quien calificaron como “un falso sacerdote de la moral pública”, agregando que “nadie tiene control sobre sus arbitrariedades”, a puerta cerrada el tema sigue siendo cómo avanzar lo suficiente antes de concluir la ronda actual el 2 de noviembre. Las partes saben que el tiempo se agota para un avance.

Esa especie de ultimátum que se cierne sobre el proceso de paz, con acusaciones de parte y parte por la tardanza, ha dado pie a la búsqueda de soluciones mayores. La salida que más se rumora es que a la delegación de las Farc le lleguen refuerzos, incluso que podría ser el propio Timochenko quien encare la negociación en los cruciales momentos que se avecinan. No porque los actuales negociadores hayan fracasado o estén divididos como se comenta, sino porque además de Pablo Catatumbo, quien tiene hoy el peso de la confrontación armada es Timochenko.

El Espectador consultó a los negociadores de la guerrilla sobre este último aspecto y éstos atribuyeron la versión a “globos que echan en Colombia para desinformar sobre los verdaderos avances”. Esta semana, el propio Timochenko, el día que se inició la decimosexta ronda, a través de una carta pública, expresó que la verdadera dificultad en La Habana es que el presidente Santos está abocado a la necesidad de mostrar resultados que justifiquen su reelección, y que por eso se culpa a la guerrilla de la lentitud en los avances o de atravesar toda clase de obstáculos o salirse de la agenda que fue pactada.

Según la metodología acordada, el próximo viernes debe concluir la decimosexta ronda. Después habría un receso de una semana para trabajar por separado, y luego el 10 de noviembre las partes volverían a reunirse para enfrentar el ciclo definitivo. Como se sabe, el presidente Santos fijó el 19 de noviembre como la fecha límite para entregar resultados, no sólo porque ese día se cumple un año de la instalación de la mesa de La Habana, sino porque seis días después tendrá que anunciarle al país si aspira o no a un segundo mandato, porque así lo ordena la ley de garantías.

En esos términos, aunque la guerrilla lo atribuya a los afanes electorales del gobierno, ha llegado la hora de la verdad. Se barajan propuestas. La del exministro Álvaro Leyva de propiciar un armisticio mientras se avanza en temas como desminado o eliminación de cultivos ilícitos; la del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, de trabajar de corrido hasta conseguir un acuerdo parcial en el segundo punto de la agenda; o la de quienes se debaten entre una pausa para elecciones o la ruptura definitiva. De cualquier modo, la salida pasa por la justicia y, como se vio esta semana, este dilema tiene dos caras.

Lista la aprobación del referendo para la paz

A pesar de la oposición de las Farc, que desde el principio ha catalogado la iniciativa de unilateral, esta semana el pleno del Senado aprobó el proyecto que permite que haya un referendo para avalar los posibles acuerdos con las Farc el mismo día de elecciones legislativas o presidenciales. Con 59 votos a favor y 5 en contra, el Senado le abrió camino a la iniciativa, la cual, por ser de carácter estatutario, debe pasar a conciliación y luego a examen de constitucionalidad de la Corte, y, por último, a sanción presidencial. Principalmente, la norma modificó la financiación para las campañas por el sí, el no y la abstención, la cual será con las reglas que rigen para el resto de elecciones. Debido a esta modificación el texto aprobado por el Senado debe ser conciliado con el que se aprobó en la Cámara la semana pasada.

 

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