"La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz"

Los datos de la violencia en la Colombia del postconflicto

Reporte de la Fundación Paz y Reconciliación al cumplirse dos años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y las Farc. Sexto informe de seguimientos al postconflicto en Colombia.

Los teóricos del postconflicto dividen esta etapa de transición en dos grandes periodos. Al primero se le llama Estabilización, el cual se refiere a los 36 meses luego de la firma del acuerdo de paz. Se le da este nombre de estabilización pues durante estos tres años, el Estado tiene tres objetivos. Por un lado, reducir los indicadores de violencia y evitar el resurgimiento de nuevas olas de terror, por ende el modelo de seguridad es fundamental en este periodo de tiempo.

En segundo lugar, se debe comenzar a trabajar con la población que durante años vivió bajo el control de un grupo armado ilegal o bajo contextos de economías ilegales, aquí de lo que se trata es de irlos sacando de este círculo de la ilegalidad. No se trata de resolver todos los problemas estructurales que los aquejan, pero sí de mostrarle que la paz trae cambios. Por ello las inversiones en estas zonas de conflicto son básicas. El tercer objetivo en este periodo de tiempo, y sobre todo en aquellos postconflictos que se desarrollan en medio de economías ilegales, se trata de evitar que otros actores crimínales copen el territorio del grupo con que se hizo la paz, o evitar la formación de organizaciones criminales en estas zonas.  

Luego de la estabilización, viene lo que se denomina la normalización, periodo que se refiere a tres objetivos centrales. 1. Las zonas que vivieron bajo la guerra deberán tener planes estables de mediado plazo para consolidar el Estado de derecho y consolidar la salida de actores criminales y economías ilegales. 2. En segundo lugar el modelo de Justicia Transicional deberá comenzar a dar resultados y se deberá consolidar el derecho a la garantía de No Repetición. 3. Se deberá estar avanzando en la implementación de acciones institucionales que mitiguen las causas estructurales que provocaron la violencia, ya sea el conflicto armado o la guerra civil.  

Con este panorama, llegó la hora de hacer los balances en el postconflicto colombiano. Han pasado 24 meses desde la firma del acuerdo de paz, igualmente las FARC ya se encuentran haciendo política, hubo un cambio de gobierno donde ganó la opción política más crítica al acuerdo de paz y la Justicia Transicional arrancó. El camino ha sido tortuoso tal como lo ha venido informando la Fundación Paz y Reconciliación en sus diferentes informes.

Tal vez, el primer ítem a analizar son los indicadores de violencia asociados al conflicto armado. Para ello se analizarán los datos nacionales, al igual que los datos regionales. Antes de comenzar, se deben recordar dos cifras. Por un lado, de los 1122 municipios que tiene Colombia en 242 hubo presencia de las FARC durante su última década de existencia, por su lado el ELN operaba en 99 municipalidades, en varios de ellos operaban ambas estructuras. Así las cosas, se priorizaron 281 municipios del postconflicto. El análisis se hará nacionalmente y en lo regional se miraran estos 281 municipios. El otro dato, se refiere a que los números del año 2018 que se verán a continuación están hasta el 30 de septiembre de 2018, por ende en algunos casos habrán proyecciones, pues lo número definitivos se conocerán hasta enero de 2019.

Tal vez el primer dato a analizar es el número de homicidios. Desde el año 2012 comenzó una reducción  que llegó a su punto más bajo entre 2016 y 2017. Pasando de una tasa de homicidio de 34 por cien mil habitantes hasta 24 por cien mil habitantes. Los datos de 2018 se deben leer hasta el 30 de septiembre.

Entre 2016 y 2017 se produjo un fenómeno que se conoce como “piso de cristal”, es decir, la reducción que se venía presentando desde 2012 se detuvo. Ahora bien, la reducción de los últimos años, se dio en zonas de conflicto y en zonas urbanas, a nivel internacional a este fenómeno se le denomina “efecto contagio”. Es decir, que un hecho significativo tira hacia abajo los datos de violencia en todo el territorio. La siguiente gráfica muestra la evolución del homicidio discriminado entre zonas rurales y zonas urbanas. La tendencia indica que en 2018 se mantiene el piso de cristal pero esta con un alza marginal.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los 281 municipios priorizados para el postconflicto los datos son los siguientes. Dos cosas llaman la atención, por un lado, la tendencia se quiebra en 2017, es decir luego de reducciones desde 2012, año del arranque los las negociaciones de paz, en 2017 se presentó un aumento importante de homicidios. Todo parece indicar que una vez las FARC dejan las armas se produce un vacío de poder que eleva los indicadores de violencia. Los datos de 2018 están hasta el 30 de septiembre, todo indica que al finalizar el año la cifra estará cercana a los 3.400 homicidios.

Al discriminar estos datos en los 281 municipios entre lo rural y lo urbano el resultado es impresionante. Históricamente la mayoría de los homicidios eran urbanos, los rurales eran más bajos. Sin embargo, en 2017 la tendencia cambia, la salida de las FARC dejo un vacío de poder que el Estado no fue capaz de copar.

Ese brote de violencia tendría dos grandes explicaciones. Por lado, un copamiento criminal ya se por parte del Clan del Golfo, el ELN, o los grupos postfarc. Por otro lado, una situación que se ha denominado de anarquía criminal, la cual describe un deterioro de la seguridad pero no derivado de un copamiento criminal. Pero sí del aumento de la delincuencia común o problemas entre pares,

es decir, entre vecinos. No debe olvidarse que en muchas de estas zonas las FARC funcionaban como un para-estado, controlaban todo: desde la movilidad de personas hasta la venta de licor. Con la salida de ellos los conflictos en medio de consumo de licor, o por linderos se dispararon y en muchas zonas los campesinos se han tomado la justicia por sus manos.

Al revisar los datos de los últimos tres años entre enero y septiembre se nota que para 2018, los 281 municipios del postconflicto, muestran un deterioro de las cifras de violencia homicida. Obviamente los datos no son homogéneos hay zonas que viven verdaderas guerras y otras zonas con una mejora sustancial de la seguridad.

Las Regiones

Hay un grupo de 145 municipios que muestran un deterioro de los índices de violencia homicida, de ellos 12 son impresionantes, como se verá más adelante en los mapas. Hay cuatro regiones donde se concentran estos municipios. En primer lugar, la región del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño. Tal vez esta es la zona más complicada en materia de seguridad del país, incluso, por encima del pacífico nariñense.

Hay municipios como Caucasia, o Ituango que muestra crecimientos del homicidio superiores al 200%. Lo que pasa allí es una verdadera guerra civil: entre Clan del Golfo, Caparrapos -antiguos socios del Clan-, ejércitos del narcotráfico como los Pachelly o los Zorros, el ELN y los grupos postfarc.

Nuevamente, los datos de 2018 están hasta el 30 de septiembre, por lo que al finalizar el año, los homicidios serán superiores a los del 2017. Como en el resto de regiones la situación más complicada se vive en zonas rurales. Aunque esta guerra ha afectado fuertemente las dinámicas de seguridad en zonas urbanas.

Los otros datos de violencia asociados al conflicto

En el tema de desplazamiento forzado los resultados son bastaste positivos. Hasta el 1 de septiembre de 2018 se habían producido un total de 57 mil desplazamientos forzados, es decir menos del 10% de lo que se presentó en peor año de la guerra que fue el 2002, cuando ocurrieron más de 700 mil desplazamientos forzados. Los niveles están en los mismos números del año de 1994, previo a la década más violenta del país que se desarrolló entre 1995 y el año 2005.

La tendencia indica que al finalizar el año, el número de desplazamiento podría ser ligeramente superior a los 65.000. Es importante resaltar que, al discriminar los datos en las zonas de priorización de postconflicto se pueden observador dos cosas. Por un lado, la reducción es impresionante al comprar con años anteriores, pero de los poco más de 57 mil desplazamientos a nivel nacional un total de 44 mil se produjeron en estos 281 municipios.

Al igual que el homicidio, el desplazamiento no es homogéneo. Hay dos regiones que son las que más preocupan por el aumento del desplazamiento. El Catatumbo  y la región del Norte, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño.

En lo que tiene que ver con minas antipersonal y municiones sin explotar los datos de la reducción en tiempos de postconflicto son increíbles. El peor año fue el 2006, cuando 1229 personas resultaron muertas o heridas por estos artefactos. La mayoría de ellos militares. El año más bajo fue 2017 donde poco más de 50 personas resultaron muertas o heridas. Sin embargo, en 2018 la tendencia cambio, y si bien los datos son muy bajos comparados con los peores años de la guerra lo cierto es que son el doble de lo de 2017.

Ahora bien, lo más complicado del tema es que es la primera vez en la historia donde los civiles afectados son superiores a los militares. De los más de 100 afectados, cerca de 70 son civiles.

Los datos más interesantes y positivos que ha traído la etapa de postconflicto son en lo referente al secuestro. En la peor época de la guerra, a finales de los años noventa del siglo XX, se secuestraban más de 3.000 personas al año, en el 2017 fueron 193 y hasta julio de 2018 se habían presentado 92 casos.

De esos 92 secuestros que son datos hasta el 31 de julio de 2018, 44 se cometieron en las zonas de priorización al posconflicto. Al finalizar el año, se podría llegar a cerca de 180 secuestros.

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Fundación Paz y Reconciliación

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