Los ganaderos tienen miedo a la expropiación

José Félix Lafaurie le envió una fuerte misiva a Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno.

Humberto de la Calle y José Félix Lafaurie. /Archivo
Humberto de la Calle y José Félix Lafaurie. /Archivo

El controvertido presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien se ha convertido en uno de los principales detractores del Gobierno Santos, envió una fuerte carta pública al jefe del equipo negociador del Ejecutivo en La Habana, Humberto de la Calle Lombana. Lafaurie manifiesta su abierta preocupación por el acuerdo al que se llegó con las Farc en el punto agrario –el cual hasta la fecha no se conoce en su totalidad-. Expresa sus dudas sobre el llamado banco de tierras, advierte que existe la intención de quitarles la tierra a propietarios legales y desafía al Gobierno a ponerle coto a los nuevos inversionistas del campo.

Para el Presidente del más grande gremio ganadero, el primer informe conjunto de la mesa de diálogos, conocido por los colombianos el pasado 21 de junio, "genera más dudas que certezas", ya que a pesar de que los negociadores del Gobierno han dicho una y otra vez que quienes hayan conseguido sus tierras de manera legal no tienen nada que temer y que se respetará el derecho a la propiedad privada, los ganaderos representados en Fedegan ven en este documento algunas menciones que lo hacen pensar que existe un "ánimo expropiatorio" a la propiedad legal.

"Como el ánimo expropiatorio de la propiedad legal no podía estar ausente en la mesa por cuenta de las Farc, el Fondo de Tierras de distribución gratuita, como instrumento central del acuerdo, busca "...desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra", es decir, quitarle a quienes tienen mucha -a juicio de los parámetros que se establezcan-, así sea legal su posesión, para darles a quienes tienen muy poca o no tienen tierra", escribe Lafaurie.

Y continúa la misiva a De La Calle, retomando una de las frases de dicho primer informe: "Para ello, además de la extinción judicial del dominio y de la recuperación de baldíos, '…se fortalecerá (…) la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública'".

Evidentemente está propuesta preocupa al gremio de los ganaderos que se identifican con las tesis de Lafaurie, pues consideran que se le entregará un excesivo poder discrecional al Incoder para que decida que debe o no ser expropiado. "Una verdadera Caja de Pandora que se abre en contra de los propietarios legales de tierra", señala el dirigente ganadero, quien a su vez sostiene que los ganaderos ya no son los principales poseedores de la tierra en Colombia y que hoy un selecto grupo de empresarios, los más poderosos del país, son los dueños de la propiedad.

"Es apenas razonable, doctor De la Calle, que la ratificación de estos instrumentos de expropiación discrecional e indiscriminada de la tierra legítimamente adquirida, no ya como una propuesta de política pública sino como un compromiso con las Farc, plasmado en el Primer Documento Conjunto de avance de las negociaciones, nos genere dudas sobre los resultados del pulso pendiente entre el Gobierno y la guerrilla, frente a la preservación del derecho constitucional a la propiedad privada, sobre el cual el documento NO advierte una sola palabra, mientras que usted, como jefe negociador del Gobierno, ha sido reiterativo en garantizarlo", escribe el dirigente conservador, que incluso ha venido sonando como candidato presidencial del Centro Democrático, fuerza política liderada por el expresidente Uribe .

Para Lafaurie los actores armados al margen de la ley, especialmente las Farc, son uno de los grandes tenedores de tierras del país, "que desde hace décadas se dieron a la tarea del despojo masivo en sus zonas de influencia, para detentar control territorial en su luchas contra el Estado y la sociedad en primera instancia, y posteriormente, para asegurar los corredores de la droga y hacerse a los recursos del narcotráfico, condición que hermanó a guerrilleros y paramilitares con las bandas criminales, hoy todos dedicados también a la minería ilegal, a la extorsión generalizada y a todo tipo de delitos", refiere con rabia. El presidente de Fedegan también le reclama al jefe del equipo negociador del Gobierno el no haber exigido a las Farc que se declararan despojadores y no haberles pedido "el 'case' de la totalidad o de parte de esas 800.000 hectáreas que siguen negando, no obstante la información oficial por parte de la Unidad de Tierras adscrita al ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. O mejor, a nosotros no nos extraña, como no nos parece sorprendente que el Primer Comunicado Conjunto no haga referencia alguna a la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, por la sencilla razón de que las Farc han sido los principales victimarios y despojadores. No en vano la rechazaron de plano desde un comienzo y la calificaron de "trampa" del Gobierno, porque ponía en evidencia su condición de victimarios y despojadores".

Unos párrafos más adelante, la misiva se convierte en un claro desafió al Gobierno y su política de desarrollo agrario. Para Lafaurie los ganaderos han sido desplazados de su posición dominante en mapa de concentración de la tierra en Colombia. "Los nuevos ocupantes son otros renglones de la producción agropecuaria con altos procesos de expansión, que están remplazando a la ganadería o desplazándola hacia otras regiones. Los nuevos titulares son grandes grupos económicos con abultadas chequeras para invertir en la adecuación de grandes extensiones, que antes de su llegada no servían efectivamente sino para la actividad ganadera. Según la revista SEMANA, los nuevos concentradores ya acumulan, en Vichada en la Orinoquía, más de 600.000 hectáreas con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, y actualmente se encuentran congeladas inversiones frescas por una cantidad superior, por cuenta del debate sobre la legalidad de estas adquisiciones", escribió en tono desafiante el dirigente gremial.

Y un poco más adelante continúo lanzando puyas: "De hecho, se fue generando un mensaje de conveniencia de tales inversiones con el soporte argumental de los retos de la globalización, y del mensaje de conveniencia se pasó a la permisividad al amparo de una legislación con vacíos interpretativos, al punto que, según el Gobierno mismo, estaría en investigación al menos la tercera parte de cerca de 2.500.000 hectáreas de baldíos entregadas durante la última década". Aquí Lafaurie se refiere a los últimos escándalos de adquisición irregular de tierras en la altillanura por parte de grandes grupos empresariales como Río Paila Castilla y Cargill, quienes mediante maniobras jurídicas y económica lograron hacerle el quite a la Ley 160 de 1994, que prohíbe la acumulación de baldíos de la Nación, y limita la entrega de estos a una UAF (Unidad Agrícola Familiar), que oscila entre 1.000 y 1.500 hectáreas en la región.

"En otras palabras, el espíritu de la norma es que nadie reciba más de una UAF -lo cual ha sido violado rampantemente-, y también que está limitada propiedad solo se pueda transferir por enajenación de un campesino pobre a otro, pero nunca a terceros que puedan acumularlas. Por ello el caso de Riopaila - aunque es uno entre miles- resulta tan emblemático. Con asesoría del más tradicional bufete de bogados del país, se constituyeron 27 SAS que adquirieron sendas UAF, las cuales, después de una compleja triangulación internacional quedaron bajo control del ingenio azucarero, para un total de 40.000 hectáreas, muy lejos de las posibilidades legales de adquisición individual", escribió Lafaurie.

Entonces señala que el gobierno se encuentra en una encrucijada "política" pues está obligado a darle solución a una situación la situación "generada por la combinación explosiva de una normatividad confusa, un mensaje de promoción a la gran inversión que no calzaba con dicha normatividad, y la proclividad nacional al 'esguince', que se reproduce muy bien en un ambiente de corrupción institucional como el que permitió el 'gran tierrero' de los baldíos. En efecto, a pesar de las graves implicaciones económicas por la pérdida de inversiones, por las demandas sobrevinientes y la literal desbandada del gran capital privado en el campo -un verdadero desastre-; y las no menos graves consecuencias políticas, por los innegables vasos comunicantes entre los grandes grupos económicos y la actividad política, sobre todo en época electoral; a pesar de todo ello - repito-, cualquier solución legal diferente a la aplicación tardía de la ley, no sería más que un remiendo legal ex post para limpiar situaciones que no resisten una valoración ética. Sería responder a quienes se han movido "entre lo indebido y lo ilegal", con acciones del Estado que se siguen moviendo "entre lo indebido y lo ilegal". Guardadas las proporciones y disculpados los riesgos de toda comparación, sería como si hoy una norma pretendiera legalizar la "trampa" de los privados que indujeron a error al Gobierno en el sonado caso AIS", sostiene en la misiva.

Y arremete con más fuerza: "Así las cosas, la encrucijada del gobierno es de marca mayor: Si se deslinda de su compromiso con las negociaciones con las Farc, y se mueve hacia favorecer con una solución a los nuevos concentradores de tierras que se movieron "entre lo indebido y lo ilegal", no solo afrontará un juicio ético -y también legal y político probablemente- del que no saldrá indemne, sino que perderá todo argumento para introducir en las políticas de desarrollo rural y de tierras acordadas con las Farc, cualquiera de los instrumentos expropiatorios que hoy hacen parte del Primer Informe Conjunto que ya comenté. Es más, si las Farc fueran consecuentes, se levantarían de la mesa frente a una decisión de política pública que contradice de plano los acuerdos ya logrados en política de tierras, y los que todavía espera lograr en la discusión postergada de las ‘salvedades puntuales’, con los temas del latifundio y la inversión empresarial en primer lugar".

Y concluye Lafaurie con evidente tono de amenaza: "Para los ganaderos, con posesión legal e histórica de sus tierras, que además hemos soportado durante décadas el abandono del Estado y la persecución y el despojo de todos los grupos armados ilegales –las Farc entre ellos-, sería inaceptable que, por cuenta de su poder económico, los nuevos concentradores de tierras lograran sortear sus propias argucias y blindar su propiedad, mientras que los demás propietarios legales quedemos sometidos a la expropiación y la extinción de dominio en procesos sumarios y discrecionales. Eso NUNCA lo aceptaremos".