Memoria para un camino de paz

Un breve recorrido por los caminos de la guerra y la paz entre el Estado y las Farc, que dejan demasiadas víctimas y un reto histórico para pasar la página.

El pasado jueves 23 de junio, cuando el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero Timoleón Jiménez estrecharon sus manos después de anunciar el acuerdo de cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, fue imposible no invocar la memoria. Por los vivos y los ausentes, los olvidados y las víctimas, por aquellos que se empeñaron en la paz o los que hicieron la guerra. Por la secuencia de varias décadas de una cronología de confrontación que parece estar terminando sin vencedores ni vencidos. La historia de Colombia que hoy busca otro rumbo.

Hace 68 años asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá y se agudizó un conflicto político que en ese momento ya era una bomba de tiempo. Muchas familias de aquellos días de fanatismo exacerbado, que habían escuchado de sus padres o abuelos los relatos de la Guerra de los Mil Días, las gestas del líder indígena Quintín Lame en el Cauca desde 1911, las huelgas obreras de los años 20 o los conflictos agrarios de la década de los 30, constataron y se lo contaron a sus hijos y nietos, cómo la beligerancia partidista envenenó los ánimos que ya venían en punta.

En muchas regiones de Colombia surgieron guerras, proliferaron grupos de bandoleros, “pájaros”, chulavitas o guerrilleros, unos y otros aliados o enemigos de las fuerzas regulares, los partidos políticos o los propietarios de la tierra. En el sur del Tolima, en una arisca montaña entre la hoya del río Cambrín y la quebrada La Lindosa, una columna guerrillera de liberales y comunistas constituyó el cuartel general de El Davis. Allí se mantuvo con sus familias hasta 1954, cuando el gobierno Rojas Pinilla ilegalizó el comunismo y forzó su evacuación hacia otros territorios.

El grupo mayor se asentó en Villarrica (Tolima), en Sumapaz, donde existía un pasado de conflicto. En abril de 1955, por Estado de sitio el gobierno Rojas declaró la zona como de operaciones militares y la guerra de Villarrica evidenció la génesis de una confrontación mayor en ciernes. A finales de 1956, la naciente guerrilla recobró sus “columnas de marcha” y se replegó hacia Caquetá o Meta. Cuando llegó el Frente Nacional y renacieron los intentos de paz con Lleras Camargo, el jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez pasó a ser inspector de carreteras.

Sin embargo, la victoria de la Revolución Cubana en 1959 modificó las expectativas y, como en otros países de América, los grupos guerrilleros buscaron emular ese triunfo. El contexto en el que el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado acuñó la expresión “Repúblicas Independientes”, para señalar las regiones que consideraba sometidas a la influencia marxista. El detonante político para que las Fuerzas Armadas, asesoradas por Estados Unidos, pusieran en marcha una operación de guerra contra la expansión comunista.

La operación Soberanía contra el enclave de Marquetalia, situado en zona montañosa entre Tolima y Cauca, fue el comienzo. Empezó en mayo de 1964 y se publicitó como victoria del Estado. Pero como otras veces, los guerrilleros se replegaron hacia sus territorios y constituyeron el Bloque Armado del Sur. Luego redactaron un Programa Agrario de Guerrilleros. En mayo de 1966, tras una reunión de comandantes en El Pato (Caquetá), pasaron a llamarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Después surgieron otros grupos como el Eln y el Epl, pero el de las Farc se expandió por Caquetá, Cauca, Huila y Tolima, y para los años 70 ya ostentaban frentes de guerra en Magdalena Medio o la región de Urabá. Las Fuerzas Armadas, forjadas en la doctrina contrainsurgente y el enemigo interno, proyectadas desde Washington, a través de facultades excepcionales, fueron ampliando su papel frente a la insurgencia. La extorsión y el secuestro fueron el sello de un guerrilla que tampoco tuvo frenos.

No bastaron los decretos de Estado de sitio de los gobiernos de Carlos Lleras, Misael Pastrana y Alfonso López. Tampoco el Estatuto de Seguridad de Turbay, a pesar de sus excesos. Para 1982, las Farc tenían 14 frentes de guerra, escuelas de formación, bases de expansión política y un centro geográfico para su despliegue estratégico: la cordillera Oriental. En los vasos comunicantes de la violencia, simultáneamente, se fortalecían los grupos paramilitares que patentaron una guerra sucia que las Fuerzas Armadas no controlaron tampoco.

Ese fue el país que encontró Belisario Betancur cuando planteó que era el momento de buscar una solución política al conflicto armado. Por eso, un mes después de posesionado, creó una comisión de paz para explorar esa senda. A los ocho meses, cuando renunció a presidirla, el exministro liberal Otto Morales Benítez, con su señalamiento histórico, dejó para la posteridad la evidencia de los detractores de esa compleja búsqueda: “Los enemigos agazapados de las Farc, dentro y fuera del Gobierno”.

Belisario Betancur persistió y a través de su nuevo comisionado de paz, John Agudelo, logró en 1984 varios acuerdos de cese el fuego con las guerrillas. El que suscribió con las Farc, el 28 de marzo, fue un pacto para acallar los fusiles y desautorizar el secuestro, la extorsión y el terrorismo. Sin embargo, las comisiones de verificación fueron insuficientes, la tregua no fue respetada por las partes, el paramilitarismo potenció su violencia y el narcotráfico multiplicó sus estragos en todos los frentes del país.

En marzo de 1986, entre avances y fracasos, y el dolor lacerante del holocausto del Palacio de Justicia, Betancur se jugó su última carta: la prórroga de los acuerdos con las Farc y la vía libre a la Unión Patriótica (UP), movimiento político surgido de las conversaciones de paz, para su participación en elecciones. El 9 de marzo, la UP eligió 14 congresistas. En las presidenciales participó con la candidatura de Jaime Pardo Leal. Pese a la violencia contra sus militantes, había esperanza de paz.

El presidente Virgilio Barco recogió esas banderas y para defenderlas encargó a su comisionado de Paz, Carlos Ossa. No tuvieron tiempo para robustecer los diálogos. El 30 de agosto, 23 días después de iniciado el gobierno, fue asesinado el primer electo de la UP, el representante Leonardo Posada. 48 horas después cayó el segundo, el senador Pedro Nel Jiménez. De ahí en adelante la lista del exterminio fue imparable. En febrero de 1987, la situación de la UP era tan crítica que en su Quinto Pleno se declaró ajena a la tregua para protegerse.

Pero la suerte estaba echada. El 16 de junio, en la vía entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán, la guerrilla emboscó un convoy militar y 26 militares perdieron la vida. Esa agresión fue el pretexto para que la paz con las Farc terminara. “En cualquier parte del territorio nacional en donde la Fuerza Pública sea atacada el Gobierno entenderá que en esa zona ha terminado el cese el fuego”, fue el ultimátum de Barco. Desde entonces no fue posible que retornaran los diálogos.

A pesar de los esfuerzos del comisionado de Paz, Rafael Pardo, se impuso el lenguaje de la confrontación, mientras el paramilitarismo se ensañó con la UP. Días de intolerancia que quedarán escritos en las infamias de la historia, porque el movimiento político surgido de un proceso de paz fue arrasado a sangre y fuego. El 13 de marzo de 1988, durante la primera elección de alcaldes, la UP ganó algunos municipios y alcanzó curules a concejos y asambleas. La respuesta de sus enemigos hizo que 1988 fuera reconocido como el año de las masacres.

Cuando asumió la presidencia César Gaviria, forzado a negociar con el narcotráfico que reventaba carros bomba, su decisión fue atacar a las Farc en su enclave de Uribe (Meta). La operación Centauro, que empezó el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que los colombianos eligieron a los delegatarios que reformaron la Constitución en 1991. Pero fracasó y seis meses después, tras una toma pacífica de la Embajada de Venezuela y un encuentro directo en Cravo Norte (Arauca), Ejecutivo y Farc instalaban una mesa de paz en Caracas (Venezuela).

“Esta negociación de paz se pudo haber iniciado hace 5.000 muertos”, fue el comentario del jefe guerrillero Alfonso Cano para resumir la tragedia. Pero la solución política no llegó y, un año después, el proceso de paz que se trasladó a Tlaxcala (México) ya estaba cancelado. El pretexto fue la muerte en cautiverio del exministro de Obras, Argelino Durán. No hubo convicción del Gobierno y las Farc para encontrar el camino. Los esfuerzos de los comisionados Jesús Antonio Bejarano y Horacio Serpa no convencieron a las Farc, ya en ascenso.

Luego llegó a la jefatura del Estado Ernesto Samper, pero no tuvo condiciones políticas para un proceso de paz con las Farc. En cambio los hechos de guerra se magnificaron. Antes de que estallara el escándalo del Proceso 8.000, a través de su comisionado de Paz, Carlos Holmes Trujillo, se avanzó en la opción de realizar diálogos de paz en Uribe (Meta), previamente desmilitarizado. De hecho, Samper se lo notificó al general Hárold Bedoya con su recordada frase “Aquí mando yo”, pronunciada en la Escuela Naval en Cartagena.

Pero la narcofinanciación de su campaña era un escándalo anunciado y en 1995 la opción de paz con las Farc representaba una utopía. Entonces la guerra entre Estado y Farc fue más lesiva que nunca. Se terminaban de conformar las Autodefensas Unidas de Colombia y su violencia selectiva ya desbordaba las estadísticas. Un contexto en el que las Farc hicieron un movimiento de jaque. En agosto de 1996 atacaron la base de Las Delicias (Putumayo), causaron la muerte a 28 militares y se llevaron 60 uniformados como prisioneros de guerra.

Desde ese día, Gobierno y Farc se trenzaron en un intenso forcejeo presionado por la sociedad civil para que regresaran los cautivos. El 15 de junio de 1997, tras un despeje militar de 13.161 kilómetros cuadrados en Caquetá, regresaron los 60 militares y 10 infantes de Marina más que habían retenido en Juradó (Chocó). Y desde ese día quedó claro que el candidato presidencial que apostara más frente a la paz con las Farc iba a ganar el derecho de gobernar a Colombia. Su lista de canjeables se acercaba a 300 prisioneros de guerra.

Triunfó Andrés Pastrana, que a escasos días de la segunda vuelta, divulgó fotografías de su encuentro con Manuel Marulanda para hablar de paz. Las Farc la condicionaron al despeje militar de cinco municipios. La antesala de los tiempos del Caguán (Caquetá), con la silla vacía de Marulanda en el comienzo de los diálogos, o los tres años y 45 días en los que prevalecieron los escándalos. Hasta que se rebosó la copa con el secuestro del congresista Jorge Gechem en febrero de 2002, y regresó la guerra.

Tres meses después ganó la presidencia Álvaro Uribe y su decisión fue extenderla. Ocho años en que la sociedad vivió pendiente de la suerte de los cautivos en la selva. Políticos, militares, policías y las Fuerzas Armadas dispuestas a cumplir la orden del rescatarlos. Unos planes fueron exitosos, otros terminaron en tragedia. Todos le dieron la vuelta al mundo. La guerra entre Estado y Farc se tornó sin límites. Uribe había encontrado unas Fuerzas Armadas fortalecidas por el Plan Colombia acordado con Estados Unidos y las llevó al extremo.

En 2010, a costa de muchos excesos en derechos humanos, la ecuación de la guerra era distinta. Las Farc habían sufrido un retroceso militar y Uribe intentaba pasar derecho con un tercer mandato. La Corte Constitucional lo impidió y a la Casa de Nariño llegó Juan Manuel Santos, quien llevó a pensar que tomaba forma la segunda parte de la Seguridad Democrática, hasta que vino el giro de tuerca hacia la vía negociada. En febrero de 2012 inició la fase exploratoria. A finales de ese año estaba trazada la ruta.

Lo demás lo sabe el país del presente. Cinco acuerdos centrales, 1.345 días de negociación y varias medidas para construcción de confianza. Y ahora, cese el fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, con dejación de armas, garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo, con refrendación de los acuerdos alcanzados. Sin duda alguna, un paso histórico, como nunca antes, pero también el comienzo de un posconflicto que no será lecho de rosas.

La historia la cuentan los que triunfan, señala un axioma popular. El jefe guerrillero Timoleón Jiménez dijo que “ni las Farc ni el Estado son fuerzas vencidas”. El presidente Santos agregó que llega el fin de las Farc como grupo armado, que no habrá más niños en la guerra y que los jóvenes tampoco tendrán que cargar fusiles. Si todo prospera, será el principio de un tiempo nuevo. Lo escribió John Agudelo hace 30 años, cuando concluyó su misión: “La violencia progresa matando, en cambio la vida es inocente”. Otra vez crece la esperanza de que ella triunfe.

* Editor general de El Espectador y autor del libro ‘Días de memoria’.

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Jorge Cardona Alzate

Posconflicto

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