‘Nadie puede morir en Colombia por pensar distinto’

La historia de la desaparición de Jorge Soto y otras que se dieron en la época conocida como ‘el plan Baile rojo’ o genocidio contra el partido de oposición de la Unión Patriótica, UP.

Cortesía.

Viajando de Medellín a Bogotá, un joven de 24 años llamado Jorge Soto, el tercero en una familia de cuatro hermanos, desapareció el 14 de julio de 1985, anunciando lo que se conocería como ‘el plan Baile rojo’ o genocidio contra el partido de oposición de la Unión Patriótica, UP.

Con su característica alegría, Jorge contagiaba a cada persona con la que hablaba. Un pintor y lector asiduo que, con la música como afición, tocaba el redoblante en una banda marcial a ritmo de las canciones de Víctor Jara y Mercedes Sosa.

Desde muy pequeño, a sus 14 años inició su militancia política en la izquierda. Fue tal su compromiso con el activismo social que, incluso, lo designaron para hacer escuela internacional (último grado de formación del Partido Comunista Colombiano, PCC) siendo aún menor de edad.

En 1982 viajó a Apartadó, municipio de Urabá, para trabajar como secretario del Concejo Municipal. Dos años después, regresó a Medellín, para hacerse cargo de la administración del Semanario Voz, reconocido periódico del Partido.

Ese mismo año, se vincularía a un proceso amplio que se venía gestando desde la izquierda colombiana en busca de la paz y la unidad con la esperanza de una salida política y negociada al conflicto colombiano: la Unión Patriótica, UP.

Un día después del Paro Cívico del 85, en el que los trabajadores manifestaron su inconformidad ante el aumento del desempleo, la inflación y una serie de políticas que los perjudicaban promovidas por el Fondo Monetario Internacional FMI, su hermana menor, Martha Soto, lo vería por última vez en una esquina del centro de Medellín.

‘Él me dijo, ¿qué haces en el centro?, esto está todavía muy caliente por lo del Paro Cívico. No te llamé porque han intervenido mi teléfono y es mejor no llamar mucho, pero todo está bien, no te preocupes’, aseguraba Jorge a su hermana.

Tras pocos días, el 14 de julio, Jorge viaja a Bogotá a una reunión política junto a su compañero Germán Garro, dirigente sindical del sector bancario. Estaba previsto que llegaran el 15 de julio, pero no fue así, desde el momento en que subieron al bus no se supo más de ellos.

No fue un caso aislado

En esa época, la forma de comunicarse era diferente. Por eso su familia tardó en saber que Jorge estaba desaparecido. La persecución, las amenazas y los homicidios eran pan de cada día y el teléfono, debido a las interceptaciones ilegales, se había convertido en un gran enemigo para los luchadores sociales.

Varios sucesos marcaron la época como la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que representó el momento en el que las insurgencias se unieron y comenzaron a avanzar juntas en sus fines por la toma del poder.

También ocurrió la Toma al Palacio de Justicia, que a pesar de ser un asunto interno del M19 en rechazo a las detenciones y torturas a sus miembros por parte de agentes estatales, la inteligencia militar supo de antemano lo que iba a ocurrir y aprovechó su posición ventajosa para acabar con la vida de militantes del M19, de magistrados y personas que se encontraban en el lugar. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenaría a la Nación por los desaparecidos de la Toma.

Estos sucesos desencadenaron actos represivos contra la población civil, pues cualquier persona que militaba o tenía cercanía con la oposición era candidato a la desaparición forzada o a ser retenido ilegalmente.

Pasaron dos o tres días sin saber nada de Jorge ni de Germán y sus familias juntas iniciaron una búsqueda que duraría décadas. Los familiares de Germán no entendían qué significaba la desaparición forzada. En cambio la de Jorge, con amplia trayectoria política, conocía el largo camino que les esperaba.

Tras las denuncias interpuestas ante la Procuraduría sin obtener respuesta, las familias se devolvieron tristes y llenas de incertidumbre a Medellín, conscientes de que no los iban a encontrar. Aunque hubo rumores de unos cuerpos quemados al sur de Bogotá, se pudo aclarar que no eran ellos.

A pesar de no tener ninguna prueba, cuando se habla del tema un latido en el corazón de Martha Soto, hermana menor de Jorge, le revela que el cuerpo de Jorge estaría enterrado en el cementerio del sur de Bogotá sin identificar.

La desaparición forzada, una práctica sistemática

Tiempo después, la dirección del PCC llama a Martha y le comenta que unas compañeras de Bogotá quieren crear una organización de familiares de desaparecidos en Medellín.

Es así como ella comienza a trazar su camino hacia la búsqueda de su hermano y la dignificación de los derechos de las víctimas desde la seccional de Medellín de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), organización constituida en 1983.

Aquí participaba Mauricio Lalinde, hijo de doña Fabiola y hermano de Luis Fernando Lalinde, desaparecido en 1984. También la familia de Ana Gaviria, hermana de Pacho

Gaviria, gran amigo de Jorge, miembro de la UP asesinado en 1987 y la familia Pérez Lora. Todas estas familias habían sufrido la desaparición forzada de su hijo, hermano o sobrino; por su compromiso con la militancia política en la izquierda.

En 1988 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, un grupo de expertos que se encargaba de ayudar a los familiares de los desaparecidos a averiguar su paradero visitó Colombia.

Ese mismo año, detuvieron arbitrariamente a Doña Fabiola, fruto de un montaje judicial en el allanamiento a su vivienda realizado por la Fuerza Pública. También, amenazaron a algunos miembros de ASFADDES. Martha Soto recuerda cómo, estando embarazada, una voz entrecortada por teléfono le insistía: ‘Te vas a morir, te vas a morir’.

La Asociación le pidió a este grupo de la ONU que fuera a la cárcel y se reuniera con doña Fabiola como denuncia por su detención.

Siguieron trabajando y en el año 1995 conformaron el Proyecto Colombia Nunca Más, un esfuerzo de organizaciones sociales para salvaguardar la memoria de las violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país. Hoy este Proyecto cuenta con un registro de más de 27 mil casos de crímenes de Estado.

Continúan las desapariciones

En el año 2000, desaparecen a dos miembros de la Seccional Medellín de ASFADDES: Ángel Quintero y Claudia Monsalve. Nuevamente, los demás miembros reciben amenazas.

‘Acababan de estar bailando con nosotros, se reían. No sé cómo pudo suceder que en ese mismo instante se los llevaran’, señala Martha Soto, quien tuvo que desplazarse de la ciudad el 12 de octubre de ese año por las constantes amenazas.

Para la investigación en el caso de Ángel y Claudia, contaron con abogados que solicitaron a las autoridades, como último recurso, la interceptación de los teléfonos de los desaparecidos con el motivo de tratar ubicarlos. Solo habían pasado tres días, aún existía esperanza de encontrarlos.

Este proceso, pasaría a manos del fiscal Fernando Otálvaro, ex presidente de Asonal Judicial (uno de los sindicatos de la Rama Judicial), quien al ordenar la interceptación de los teléfonos de los desaparecidos, se dio cuenta que el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, GAULA los tenía intervenidos con una orden falsa a nombre de una fiscal de la ciudad.

A raíz de eso, surge un nuevo escándalo: encontraron más de 2000 líneas telefónicas interceptadas ilegalmente pertenecientes a defensores de derechos humanos, periodistas y líderes populares

A ASFADDES llegaron personas manifestado: ‘Yo simplemente soy un profesor universitario, no entiendo por qué me habían intervenido el teléfono ni para qué si yo lo único que hago es trabajar para llevar el mercado a mis hijos’.

Al desmantelar la red de interceptaciones, se vincularon al proceso como testigos los agentes, Carlos Arturo Ceballos y Elkin Darío Carmona, que fueron asesinados posteriormente en extrañas circunstancias.

Por aquel entonces, el GAULA de Medellín se encontraba a cargo del general Mauricio Santoyo, antiguo jefe de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez quien fue acusado y condenado por la justicia estadounidense al haber cooperado con grupos narcotraficantes y paramilitares.

También suceden otros hechos concatenados como el allanamiento a la sede del Instituto Popular de Capacitación – IPC (organización defensora de Derechos Humanos de Medellín) en 1999 y el atentando y secuestro de algunos de sus miembros.

Por aquel entonces, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas denunciaban que, ‘se estaban creando ejércitos de paramilitares para tomarse el territorio con el apoyo del gobierno en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y de la Fuerza Pública, lo que inició una persecución directa contra los defensores de derechos humanos’, asegura Adriana Arboleda, directora y abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

‘Después de Uribe cambia la modalidad, siguen persiguiendo a los defensores pero ya no con ataque directo sino por medio de judicializaciones’, añade Adriana.

Desplazamiento forzado a Bogotá

Martha Soto, que se había desplazado de Medellín rumbo a Bogotá por las amenazas contra su vida, pasó varios meses en esta ciudad, escondida en una casa en el municipio de Soacha donde su único contacto con el mundo fue la secretaria de ASFADDES. Cada noche iba a su casa a ver televisión y a hablar al pie de una ventana por la cual no se podían dejar ver.

Alejada de todo, Martha extrañaba a sus dos hijos, que no pudieron acompañarla en el viaje. La soledad, la incertidumbre y la desesperación hicieron que Martha solicitara volver a Medellín. Regresó el 7 de febrero del 2001.

En materia de seguridad, Martha llegó a acuerdos con el Gobierno para su protección y vivió un tiempo en una unidad residencial cerrada en Medellín. También tuvo acompañamiento de una ONG internacional.

Los gastos de su nueva vivienda provisional sobrepasaron sus límites y no se sentía bien allí, no era su hogar. Por eso, habló con ASFADDES y regresó de nuevo al barrio.

La lucha de las víctimas continúa

ASFADDES mutó. Mauricio Lalinde, uno de sus primeros miembros, y a su vez, familiar de un desaparecido, se tuvo que exiliar en Canadá. En 2015, la Unesco declararía como patrimonio del mundo, el archivo documental que recogió, su madre, Doña Fabiola Lalinde, a raíz de la desaparición de su hijo.

La familia de Ana Gaviria, que también fue de los primeros miembros de la Asociación, sigue siendo cercana y sus sobrinas crecieron y trabajan con la organización de H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio) en Bogotá.

En el año 2000, Martha es reconocida por el Estado como víctima pues antes de ese año ni siquiera se reconocía la existencia de desapariciones forzadas en Colombia.

En 2005, las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de violaciones a los derechos humanos se encontrarían en Bogotá y decidirían unirse como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE contra la impunidad, frente a la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en 2005 que promovería el perdón y el olvido.

En 2015, el MOVICE junto al grupo de Mujeres Caminando por la Verdad, lideraría el proceso de búsqueda que desarrolló la Fiscalía y la Alcaldía, para encontrar los familiares desaparecidos en las operaciones militares de los años 2002 y 2003 en la Comuna 13 de Medellín y presuntamente enterrados en una gran fosa común conocida como La Escombrera.

Aunque Martha Soto no encontró a su hermano desaparecido y el proceso jurídico derivado de su denuncia no avanzó, continuó reivindicando sus derechos como víctima: en 2013 se convertiría en Secretaria Técnica del Equipo Coordinador del MOVICE en Antioquia.

En el caso del genocidio de la UP ante la CorteIDH, su hermano Jorge y su compañero Germán figuran como los primeros desaparecidos de este partido político, donde más cinco mil de sus militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales.

‘El exterminio de la UP significó que la democracia se cerraba, que el que pensaba distinto tenía que morir. Fuimos víctimas de la intolerancia, de la discriminación y de la estigmatización’, manifiesta Aída Avella, directora de la UP y ex candidata presidencial.

Tuvieron que pasar tres décadas para que el Estado reconociera públicamente su responsabilidad en el exterminio de dicho partido político: ‘Una tragedia que jamás debió ocurrir. En este tránsito hacia la paz debemos asegurar que en Colombia ninguna organización política sufra lo que le sufrió la Unión Patriótica’, declaró el 15 de septiembre del año pasado el actual Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

En esta lucha contra la impunidad, se consolidó el MOVICE en Antioquia, realizando diferentes encuentros, plantones, movilizaciones y articulándose con otras organizaciones de víctimas de desplazados y ejecuciones extrajudiciales.

En su apuesta por la paz, proponen la creación de una Comisión de la Verdad que ayude a esclarecer los hechos victimizantes. Como un primer paso, en el Acuerdo 062 de los diálogos de paz, el Gobierno y las Farc se comprometen a crear una Unidad Especial para buscar a los más de 40.000 desaparecidos forzosamente en razón del conflicto armado.

Hoy el MOVICE espera seguir luchando por la construcción de una verdad colectiva en el país y para que el Estado asuma su responsabilidad frente a los crímenes cometidos.

‘Después de tantos años, se rompió el silencio. Se sabía que hubo agentes del estado que intervinieron en el genocidio de la UP. La impunidad era del 97.6%, casi todos los casos estaban archivados por falta de pruebas. El pronunciamiento del presidente Santos fue un primer acto de reparación para los que sobrevivimos. Hoy tenemos la esperanza de que esto nunca vuelva a suceder. Nadie puede morir en Colombia por pensar distinto’, culmina Aída Avella invitando a las nuevas generaciones a construir un país en paz duradera.