OEA aboga por esfuerzos del Gobierno para evitar revictimización en el posconflicto

El organismo, que presentará los resultados de su ‘Misión de Apoyo al Proceso de Paz’ con corte a agosto de 2015, aplaude los avances en la mesa de conversaciones de La Habana. Diálogos con el Eln y lucha contra nuevas manifestaciones de violencia, los desafíos.

/ Archivo- AFP

“El camino hasta ahora recorrido confirma que nos encontramos en la fase final del conflicto armado interno (...) Hoy más que nunca la paz es una posibilidad real y una necesidad imprescindible, sobre todo para aquellos que más han padecido sus lamentables efectos”, esta es una de las conclusiones de un informe elaborado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que detalla las labores de su Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp/OEA) en Colombia.

Se trata del documento número 21 elaborado por la Misión, que da cuenta del monitoreo y acompañamiento efectuado por el organismo en el país. El más reciente informe abarca el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2015, el cual será socializado por Luis Almagro, secretario general de la Organización, ante el Consejo Permanente en Washington (EE. UU.).

Aunque la Secretaría General destaca los avances y acuerdos alcanzados por el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), pone de manifiesto las preocupaciones por las amenazas y asesinatos que –advierte el organismo– siguen produciéndose contra dirigentes, líderes, representantes y víctimas en su lucha por sus derechos a la restitución de tierras y territorios. En particular, el organismo reprocha la impunidad y falta de garantías de protección, hechos que “constituyen factores primigenios para la repetición y la generación de nuevas y mayores afectaciones”.

Por ello, el organismo aboga por acciones por parte del Estado para evitar nuevos hechos violentos y la revictimización de la sociedad. Específicamente, insta al Ejecutivo a adoptar medidas para que no haya agresiones contra reclamantes de tierras, dirigentes y miembros de grupos étnicos, por quienes pide medidas urgentes de protección. En esa línea, exige que el acceso a la justicia sea pronto y efectivo, en la medida en que “la demora en las investigaciones y la falta de resultados generan un ambiente de desconfianza en los procesos de construcción de paz”, señala.

En su informe, la Secretaría General de la OEA también es enfática en señalar los desafíos y en advertir los riesgos que se deben superar para el establecimiento de la paz. Entre otros, indica que una ‘paz completa’ demanda continuar con los esfuerzos para avanzar en las negociaciones con el Eln: “Un acuerdo de paz con dicha organización, traería enormes beneficios y pondría al país en el camino de una pacificación general. La Secretaría General reconoce y alienta los acercamientos emprendidos en este sentido y reitera su disposición para apoyar este esfuerzo”.

Adicionalmente, con el fin de frenar las problemáticas surgidas debido al actuar de bandas criminales, se pide la concreción de salidas jurídicas efectivas que permitan la desarticulación de estas estructuras y de otras manifestaciones de violencia. “Se puede solicitar que se dé claridad jurídica al reducto de Epl en la región del Catatumbo, poniendo a consideración el potencial que representa como obstáculo para la implementación de acuerdos en esta región”, agrega el organismo.

Pese a los desafíos y problemáticas, la Secretaría destaca también los avances alcanzados de cara al establecimiento de una paz firme y duradera. En particular, la Misión aplaude la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, así como el acuerdo alcanzado en el quinto punto de la agenda sobre víctimas, que abarca los temas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

“(Este acuerdo) manifiesta la voluntad de resarcir a las víctimas adecuadamente y ponerlas en el centro de las negociaciones entre las partes, y permite avanzar en el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado interno, la identificación de responsabilidades, el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral”, sostiene el organismo, que elogia además las acciones en materia de desminado y el inicio de las medidas bilaterales de desescalamiento del conflicto.

Al respecto, la Misión declara que tales medidas han significado avances en la construcción de confianza y dinamización del proceso, sumado a una importante contribución para la disminución de la violencia. “Se destaca la decisión del Gobierno de conceder indulto a un número determinado de miembros de las Farc, privados de la libertad. Este hecho es un gesto significativo y un importante paso para generar más confianza entre las partes y procurar la reconciliación en Colombia”, agrega.

Ante el aumento de las demandas sociales, económicas, culturales, ambientales y de seguridad de la sociedad, consideradas ‘aspiraciones legítimas’ por parte de la Secretaría, recomienda adoptar estrategias para la recuperación y cohesión del tejido social, a través de la participación ciudadana y el trabajo comunitario.

En tal sentido, el organismo califica como ‘imperativos’ los esfuerzos para fortalecer el apoyo político alrededor del proceso de paz, buscando no afectar el mecanismo de validación de los acuerdos. Adicionalmente, insta al Gobierno a ‘abordar de manera decidida’ la presencia activa de grupos armados ilegales en los territorios, las debilidades institucionales en el procesamiento judicial y tratamiento penitenciario de los desmovilizados, así como medidas para procurar una ‘robusta y expansiva’ pedagogía para la paz.

“La firma del acuerdo definitivo con las Farc, el cual supone el inicio de la dejación de armas, plantea un desafío enorme en términos de tomar todas las previsiones normativas, de procedimiento y técnicas para que sea un proceso planificado, ordenado, transparente y con roles institucionales claramente definidos. En este escenario, más allá de la implementación de los acuerdos, Colombia tiene el desafío de garantizar el goce efectivo de derechos de todos sus ciudadanos y de consolidar transformaciones reales en la dimensión humana, social y política”, advierte el organismo.

Reiterando la necesidad de seguir fortaleciendo la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la Secretaría General de la OEA celebra los avances hacia un sistema de justicia transicional ‘coherente’, mediante la aplicación de distintas herramientas jurídicas que, dice, “han permitido el fortalecimiento de una política de construcción de verdad judicial y extra judicial, una política de reparación integral a víctimas y el avance en la judicialización de los responsables de crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

El organismo dedica un apartado para destacar el aumento exponencial en la cantidad de sentencias proferidas a agosto de 2015 por las distintas salas de Justicia y Paz, que alcanzan un total de 34. “El aporte más importante está dado en que estas sentencias incorporan patrones de macro criminalidad y establecen un contexto histórico de cada una de las estructuras paramilitares y guerrilleras a partir de lo investigado por parte de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía”, indica el informe.

Con respecto a los segundos ocupantes, la Secretaría alienta a encontrar una salida para atender las múltiples demandas que presentan “aquellos campesinos sin tierra, vulnerables y víctimas de abandono forzado, quienes se encuentran habitando predios objeto de solicitud de restitución de tierras”.

Especialmente, dice el organismo, el Estado colombiano debe prestar una solución urgente a la situación de las mujeres rurales, que debido a la invisibilidad histórica de su relación con la propiedad agraria, encuentran grandes barreras para demostrar la buena fe exenta de culpa en su relación actual con el predio que habitan.

A la par con la puesta en marcha de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, la Secretaría invita a incorporar la participación ciudadana en la planificación e implementación de los acuerdos, “con el fin de realizar acciones de respuesta rápida, participativa e incluyente en preparación para el posconflicto”.

En su informe, la Secretaría General de la OEA sugiere, por último, realizar un alistamiento en términos de recursos, capacidades institucionales y arreglos normativos para la implementación de los eventuales compromisos de paz, y en concreto para la puesta en marcha del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

 

 

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