Paz con democracia y voz de las víctimas

Discusiones respetuosas y democráticas pidió ayer el jefe del equipo de Gobierno, Humberto de la Calle, a los críticos del proceso de paz que se adelanta en Cuba con la guerrilla de las Farc.

“Nos parece que desde este lado se está generando una guerra civil verbal de alta temperatura que en absoluto es conveniente para el proceso. Nuestros hijos y nietos no nos perdonarían que lleguemos a un acuerdo con la guerrilla y que sea la sociedad civil la que destruya las posibilidades de paz”, dijo De la Calle, quien además reiteró que el eventual acuerdo que se firme en La Habana prevé un sistema de refrendación para que los ciudadanos decidan si aceptan la negociación. “Mientras tanto, las fuerzas políticas a favor y en contra deben perfeccionar la discusión, pero dentro del respeto mutuo”, señaló.

Un escueto comunicado de las delegaciones de las Farc y el Gobierno se conoció ayer, y en el mismo se aplazaba un día el inicio de un nuevo ciclo de conversaciones en Cuba (empezará el 23 de abril).

Entre tanto, se conoció una carta de 60 demócratas y dos republicanos en la que apoyan el proceso de paz y le piden al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que como gobierno alienten las negociaciones y adopten un paquete de medidas de ayuda para el posconflicto. “Después de cincuenta años de conflicto, más de 5 millones de personas internamente desplazadas, cientos de miles de víctimas de violencia y generaciones conociendo sólo la guerra, los colombianos merecen una oportunidad para la paz”, dice la misiva.

Además, piden que el Departamento de Estado abogue por la inclusión de las víctimas y la sociedad civil en el proceso de paz y en su implementación. “Sin su participación, tanto el diseño como la implementación de las medidas para promover la reconciliación, verdad, justicia y reparación —y para abordar la grave desigualdad y la falta de justicia que dieron origen al conflicto— son menos probables a tener éxito”, advierten los parlamentarios.

Hacen un llamado también para que se atiendan cuatro situaciones específicas que requieren respuestas mientras se negocia la paz: el paradero de los secuestrados y de los desaparecidos; el reclutamiento de niños en grupos armados ilegales y el abandono del uso de minas antipersonas.

Finalmente, piden que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública no se negocien en la mesa y ponen el caso específico de los más de 3.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que deberían ser de competencia de la justicia ordinaria.

 

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