A retomar el rumbo del diálogo

La mesa de La Habana volverá a sesionar para discutir una ruta para el desescalamiento del conflicto y recibirá a la última delegación de víctimas. Sigue la polémica por la reconfiguración del delito político.

Delegados del Gobierno y las Farc, acompañados de Dag Nagoda y José Luis Ponce, de los gobiernos noruego y cubano. / EFE

Cerca de 20 días estuvo suspendido el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc por orden del presidente Juan Manuel Santos, quien tomó esta decisión luego de que se conociera que la guerrilla había secuestrado al general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán en Chocó; al cabo Jorge Rodríguez y a la abogada Gloria Urrego, en el corregimiento de Las Mercedes, a 20 minutos de Quibdó y de conocida presencia subversiva. El proceso estuvo en vilo y no faltó quien pidiera romperlo, pero ayer, después de dos días de arduas reuniones, los negociadores de las partes alcanzaron un acuerdo para retomar el rumbo.

En un comunicado de seis puntos leído por los delegados de los países garantes (Cuba y Noruega), se anunció que se llegó a un consenso para que el próximo ciclo de conversaciones se lleve a cabo entre el 10 y el 17 de diciembre, con el propósito de avanzar en el tema de desescalamiento del conflicto y llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Asimismo, el documento sostiene que el 15 de diciembre se recibirá la primera delegación de organizaciones de mujeres para activar la subcomisión de género y que al siguiente día se realizará la quinta y última reunión con las víctimas del conflicto.

También decidieron que a mediados de enero, en fecha por definirse, la mesa de diálogos realizará el primer ciclo de paz de 2015. Finalmente, Farc y Gobierno establecieron que los países garantes serán el conducto para solventar las crisis que el proceso de paz enfrente de ahora en adelante, tal y como lo hicieron para las liberaciones de los militares y la abogada. Con este comunicado se da por superado el impasse de las retenciones de cuatro uniformados, incluyendo dos soldados en Arauca, y una funcionaria administrativa del Ejército.

La concreción de este acuerdo para retomar el proceso de paz se da en momentos en que la mesa de diálogos parece haber llegado a las discusiones definitivas: definir una ruta para el desescalamiento del conflicto, redefinir el delito político y retomar la discusión en torno al punto tres del acuerdo para la terminación del conflicto, que versa sobre la manera como se les dará la cara a las víctimas. Temas que se han puesto sobre el debate público en las últimas semanas.

En lo que concierne a las conductas conexas al delito político, fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien lo puso sobre la mesa al advertir que el narcotráfico debía ser entendido como conexo, ya que fue un medio de subvencionar la costosa guerra colombiana, que ya supera el medio siglo. El mandatario fue respaldado por el fiscal Eduardo Montealegre, quien sostuvo que “es absolutamente posible que el narcotráfico sea considerado un delito conexo con el delito político, pues la conexidad significa que algo tiene relación con otra cosa y es indiscutible que en el conflicto armado colombiano el narcotráfico ha sido utilizado en la lucha armada de la guerrilla”.

A quien no le cayó en gracia la propuesta fue al procurador Alejandro Ordóñez, quien le advirtió al primer mandatario que de tomarse ese rumbo, el proceso de paz terminará siendo la operación de lavado de activos más grande del mundo. “Se quiere que el Estado renuncie a la persecución penal de ese delito cuando lo ejecutan las guerrillas, blindar contra la extradición a sus autores y darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”, refirió el jefe del Ministerio Público, quien señaló que lo que se busca es “disfrazar de delincuentes políticos a los narcotraficantes y renunciar a perseguir el lavado de activos”.

En cuanto al desescalamiento del conflicto, la privación de la libertad de los dos soldados de Arauca, del general Alzate y sus dos acompañantes, desató el debate sobre la necesidad de empezar a caminar hacia minimizar las acciones militares de las partes para no poner en riesgo la mesa de La Habana. Un tema que según el presidente Santos se venía tratando semanas atrás. El Espectador conoció que ya se avanza en temas como sacar a los menores de las filas guerrilleras, suspender la instalación de minas antipersonal, iniciar el desminado en algunas zonas y suspender la utilización de tatucos y los bombardeos aéreos. Estos temas son tratados por la subcomisión integrada por militares activos y comandantes guerrilleros, encargados de la discusión de la terminación del conflicto.

Una materia que de alguna manera se ha ambientado con el incidente del general Alzate, al que Timochenko, máximo jefe de las Farc, le dirigió una carta diciéndole que “tuvo oportunidad de marchar con unidades nuestras en medio de la enorme persecución ordenada, y sabe bien que tampoco están integradas por los seres perversos descritos en los partes oficiales. Conversó tranquila y largamente con varios de nuestros mandos y combatientes (...) Por lo que dicen nuestros muchachos al respecto, usted tampoco pareció un hombre intolerante y rudo, sino alguien con el que se podía hablar. Un general de la República y su objetivo de alto valor sentados frente a frente, en medio del invierno implacable de la selva chocoana, quizás prefiguran lo que podría ser Colombia en un escenario de reconciliación”.

 

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