Salvamentos de voto al fallo que le dio visto bueno al Marco Legal para la Paz

Es un desproporcionado obstáculo para la paz, dijeron los magistrados de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio y Gloria Stella Ortiz.

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio.

“El 4 de julio de 1991 el texto fundacional del Estado social y democrático de derecho fue reconocido por el pueblo colombiano como una victoria en la compleja batalla por la paz. Hoy, paradójicamente, este Tribunal Constitucional, concebido para salvaguardar tan supremos mandatos, da su visto bueno a la prohibición absoluta de participación en política para determinados ex combatientes. Desproporcionado obstáculo para la consecución de una paz estable y duradera en el marco de un proceso de justicia transicional”. Así se refirieron los magistrados Jorge Iván Palacio y Gloria Stella Ortiz al fallo en el que la Corte Constitucional dejó incólume el artículo 67 transitorio del acuerdo legislativo 01 de 2012 (mejor conocido como Marco Jurídico para la Paz).

Este señala que “una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”.

Para estos magistrados, “la prohibición absoluta de participación política a los responsables por los delitos de genocidio y lesa humanidad, en el contexto específico de la búsqueda negociada de la paz y previo cumplimiento de la pena y del resarcimiento de los derechos de las víctimas, no es una restricción de menor entidad. Tal decisión sustituye los pilares esenciales de participación democrática (expansiva e incluyente) así como la solución pacífica a los conflictos armados. En un escenario de justicia transicional no es legítimo marginar a perpetuidad de la escena pública a los excombatientes, por más graves y repudiables que resulten sus conductas, principalmente cuando la exclusión política ha sido una de las razones históricas del levantamiento armado de múltiples sectores de la sociedad colombiana”.

Agregaron que esto no signifique aboguen por la impunidad o porque los guerrilleros hagan el salto de la insurgencia al Congreso. “debemos ser enfáticos en que la participación política no compromete el juzgamiento penal de los responsables de graves delitos, sino que presupone que estos han saldado su deuda con la sociedad, han demostrado una lealtad firme con el proceso, han participado del reconocimiento de la responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos, y han contribuido de forma efectiva al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas como camino indiscutible hacia la reconciliación nacional”.

En su criterio no es justo que la Corte haya decidido prohibir, de antemano, la participación en política de quienes sean condenados por delitos de lesa humanidad y genocidio y cumplan sus penas. Lo que a su juicio es una severa restricción “a un proceso de paz que al día de hoy sigue en curso” y que tal delimitación solo debe surgir como resultado del proceso de negociación y de la valoración que en su momento haga el Congreso. Sentenciaron que “si el Estado reclama la dejación de armas pero al mismo tiempo cercena el derecho a acudir a las urnas, tal vez lo único que pueda esperarse es la prolongación del conflicto armado interno en una interminable espiral de víctimas y dolor”.

En ese sentido, Palacio y Ortiz se unieron a las voces que, antes de la declaratoria de constitucionalidad, le solicitaron al alto tribunal declarar inexequible el Marco por sus restricciones a la posible participación de guerrilleros que se desmovilicen en virtud de un probable acuerdo de paz con las Farc. Voces como las del fiscal general Eduardo Montealegre, quien el pasado 27 de mayo sostuvo que esta restricción cercenaba “la posibilidad de buscarle una salida negociada al conflicto porque impide la participación en política de los desmovilizados y profundiza la exclusión de sus miembros en la sociedad”.

Por su parte, ese mismo 27 de mayo, el director de la ONG DeJusticia, Rodrigo Uprimny, sentenció que este artículo promovía una democracia que “no olvida nada y no perdona nada. Conforme a esa visión, si usted alguna vez fue un guerrillero, usted nunca podrá ir a la vida política y nunca podrá participar en política. A esa visión de la democracia, creo que la Constitución de 1991 le opone otra concepción: una democracia que es tolerante y modesta, que sabe que comete errores, pero escucha y está dispuesta a que quienes la combatieron por las armas, si satisfacen los derechos de las víctimas y rinden cuentas, puedan reincorporarse a la vida política y defender sus ideales por medios democráticos”.

El jurista sostuvo incluso que una norma como esta impediría que en Colombia se dieran historias como la del fallecido dirigente sudafricano Nelson Mandela. “Mandela se levantó en armas e hizo actos que algunos consideraron terroristas, pero pagó su delito en la cárcel, se reincorporó a la vida democrática y permitió la admirable transición surafricana. La visión de la democracia del demandante impide cualquier Mandela en Colombia pues lo sometería a una inhabilidad perpetua”.

El jefe del ente investigador dijo en noviembre pasado que, por ahora, “no han existido condenas por parte de ningún juez de la República por lesa humanidad. Existen investigaciones por parte de la Fiscalía General para establecer posibles delitos de lesa humanidad, investigaciones que se encuentran en curso. Pero condenas proferidas por un juez de la República que en este momento los inhabilite, no existen”. Por lo que –en teoría– quienes se desmovilicen podrían participar en política, eso sí, después de que paguen con la pena que se les imponga en el marco de la justicia transicional.

El año pasado, la Corte Constitucional sostuvo que la amnistía total “no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”, por lo que se descarta que algunos desmovilizados puedan dar el salto de la clandestinidad a la política sin pagar, por lo menos, un día de cárcel. Aunque las Farc se han mostrado contrarias a que quienes se desmovilicen vayan a prisión y han criticado duramente el Marco Jurídico para la Paz. ¿Será que, como dicen Palacio y Ortiz, esta decisión será un obstáculo para la consecución de una paz estable? ¿O sucederá todo lo contrario?