Solo se ha cumplido el 18,5 % del acuerdo de paz con las Farc

La Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia denunció en un informe que tan solo se ha cumplido un 18,5 % del acuerdo de paz. Asegura que el Gobierno mantiene una actitud de negación del fenómeno paramilitar.

De acuerdo con el documento, sólo se ha cumplido un 5 % con respecto a la reforma rural integral.El Espectador

"El Gobierno tan solo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz", denunció el coordinador del informe, Joaquín Sánchez, durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo.

El documento, que se elaboró tras una visita a Colombia en marzo de 2017, contó con la participación de representantes de partidos políticos y organizaciones sociales de Alemania, Bélgica, Italia y España.

El texto señala, entre otras cosas, que sólo se han tramitado 4 de las 40 leyes o reformas legislativas acordadas, y las aprobadas, como la ley de amnistía para los presos vinculados a las Farc, no están siendo cumplidas. Además, "existen limitaciones a la actuación de Naciones Unidas, que úni-
camente monitorea el cese de hostilidades y el proceso de entrega de armas en lugar de constituir una misión de paz, con un carácter más integral, que incluya la verificación en materia de Derechos Humanos. Consideramos que es necesario dar comienzo cuanto antes a una segunda fase, que constituya realmente una misión de Paz, con un carácter más integral, que incluya la verificación en materia de Derechos Humanos".

"Sólo se ha cumplido un 5 % con respecto a la reforma rural integrada; un 19 % en lo relativo a la participación política y un 33 % de lo prometido sobre el fin del conflicto", denuncio Sánchez, quien destacó que las Farc "están cumpliendo el alto el fuego".

Precisamente el partido político FARC anunció este fin de semana que abandonaban la campaña electoral debido a la "ausencia de garantías", una situación que, en palabras de Sánchez, "recuerda a la de la Unión Patriótica, que fue prácticamente exterminada por grupos paramilitares".

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Javier Couso, quien también participó en la elaboración del informe, denunció el "asesinato de más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018".

"La Unión Europea (UE) tiene un rol muy importante como acompañante en este proceso de paz y debe exigirle al Gobierno de Colombia que desmantele el paramilitarismo", afirmó Couso, quien considera que "hay sectores que están haciendo lo posible para que el proceso de paz descarrile".

De hecho, de acuerdo con el informe, hay una falta de voluntad política del Gobierno para poner en marcha los mecanismos para desmantelar el paramilitarismo que fueron establecidos en el Acuerdo Final de Paz: "Difícilmente podrá haber paz si no se tiene la firme voluntad de acabar con estas
estructuras que amenazan el proceso y relacionadas con la minería extractiva ilegal y el narcotráfico".

En el informe se hace referencia específica a las denuncias presentadas por integrantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó sobre la amenaza que representan los grupos paramilitares, en muchos casos, en las zonas de las que salieron las Farc tras el proceso de paz. "A pesar de ello, el Gobierno mantiene una actitud de negación del fenómeno paramilitar, calificando a estos grupos como “bandas criminales” o “grupos armados organizados”, sin enfrentar el problema en sus dimensiones reales".

Para el coordinador de la Red de Solidaridad Flamenca con la comunidad de paz de San José de Apartadó, Frans van Olmen, aunque el acuerdo de paz "incluía la devolución de tierras por parte de los paramilitares a sus legítimos dueños", sólo se ha iniciado el 20 % de los procesos.

"La UE también tiene que exigir la justificación adecuada del dinero de su fondo fiduciario donado a Colombia", señaló Van Olmen, quien también criticó el papel de las empresas europeas en el país latinoamericano como "generadoras de violencia y expolio".

El activista flamenco indicó que "también nos preocupa la tendencia de las agencias de cooperación a canalizar todos los fondos a través del Gobierno colombiano, una práctica que ha demostrado ser menos eficiente que ofrecérselos a los agentes implicados".

A la presentación del informe también acudió un representante de la comunidad de paz de San José de Apartadó, Germán Graciano, que denunció que el pasado 29 de diciembre sufrió un intento de asesinato por parte del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

"La paz que tenemos a día de hoy es sólo una paz de palabra, no hay sensibilidad por parte del Gobierno colombiano para parar la injusticia hacia la población civil y garantizar que este conflicto sea historia", aseguró Graciano.

Las comunidades de paz como San José de Apartadó y otras son municipios que se declararon neutrales en el conflicto entre las Farc y el Gobierno de Colombia y que no aceptan la presencia de guerrilleros, militares ni paramilitares en su territorio.

 

Se debilita el papel de la comunidad internacional

Aunque es claro que el acompañamiento y apoyo de la comunidad internacional al proceso de implementación será fundamental para su éxito, para la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia existe la percepción de que el interés que existía durante los diálogos de La Habana, parecería haber decaído después de la firma de los acuerdos.

"La Comisión considera que es necesario un mayor control de la comunidad internacional sobre la actuación de las empresas europeas y de otros países que tienen intereses en Colombia y que, demasiado a menudo, se convierten en generadores de violencia y expolio. Los gobiernos europeos deben asumir su responsabilidad sobre estas actuaciones y ejercer una tarea de observación de las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de sus respectivas empresas".

Sostiene además el documento que existe preocupación de que  pueda "resentirse el apoyo político y financiero a las organizaciones sociales colombianas, a las comunidades, a las organizaciones de derechos humanos y a las organizaciones de acompañamiento internacional. Su imprescindible labor democrática, su capacidad de resistencia ante los numerosos ataques que están recibiendo, depende, en buena medida, de la acción solidaria de la Comunidad Internacional".