Sobre la Justicia Especial para la Paz

“Todo cambio genera ‘angustia anticipatoria’”: Juan Carlos Henao

Así explica el rector del Externado y asesor jurídico de la Justicia Especial de Paz los temores que despierta este sistema extraordinario creado para juzgar a los excombatientes de la guerra interna que padeció Colombia durante 50 años. Asegura que la JEP será comprendida cuando se vean sus efectos: hombres compareciendo ante los estrados para contar la verdad. También habla de la corrupción en las cortes y afirma que “hay que insistir en el tribunal de aforados”.

“Hay falta de información (sobre la JEP) por parte de los que defendemos el Acuerdo de Paz, y exceso de desinformación de quienes lo atacan”: Henao.

Al parecer, la JEP (Justicia Especial para la Paz), médula del Acuerdo para clausurar el conflicto en materia judicial, no convence a muchos: le están disparando desde varios flancos, sorprendentemente, hasta del lado de Cambio Radical que fue gobierno durante todos los años del proceso. Usted fue uno de los “padres” de esa criatura. ¿Por qué cree que los políticos le están poniendo tantos palos en la rueda a su aprobación?

Si bien su pregunta parte de hechos irrefutables, creo que tiene un dejo en exceso pesimista. La mayoría de los partidos y de los candidatos presidenciales están comprometidos con los acuerdos. Además, fíjese usted que la dejación de armas y el avance en la implementación están permitiendo ver las bondades del conjunto de la negociación: ¿Cuántos secuestros nuevos ha habido? Ninguno. ¿Cuántos atentados terroristas? Ninguno. ¿Cuántos heridos en combate están en el Hospital Militar? Ninguno. ¿Cuántas zonas visitadas por turistas en sitios que antes no eran accesibles? Muchas. De hecho, en las encuestas se observa una tendencia creciente a favor del Acuerdo. Igual va a ocurrir con la JEP, cuando las personas involucradas en el conflicto empiecen a ser juzgadas, Colombia observará la asistencia, ante los jueces, de los guerrilleros y los demás involucrados en el conflicto. Eso ayudará a curar y a sentir que la negociación valió la pena.

Ojalá tenga razón, pero ya en plena campaña electoral lo que se nota es que casi todos los candidatos aprovechan políticamente el acuerdo, no para sanar heridas sino para hundir el cuchillo sobre ella. Y perdone el símil… ¿Terminará la paz en una nueva guerra de élites en que los combatientes serán los campesinos?

Nuevamente su pregunta es muy pesimista, aplica el dicho de que todo es susceptible de empeorar. Podría ser así, pero creo que las imágenes que se verán por televisión de quienes hicieron la guerra sometiéndose al Tribunal de Paz sólo puede ser positivo.

Los beneficios de rebaja de condenas para quienes se acojan a la JEP han dejado inquietas a las organizaciones internacionales y a la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Ahora se agregó un artículo para una nueva reducción del 50 % de la pena a quien reconozca su responsabilidad aunque la acepte de manera tardía. ¿Por qué premiar a los renuentes?

Esta norma puede tener una justificación que se remonta a tiempos de la Biblia y que ha dado lugar a amplias discusiones filosóficas. En un pasaje del Antiguo Testamento se le presenta un dilema ético a Lot cuando debe optar por decir o no la verdad al preguntársele por dos huéspedes que tenía en su casa y a quienes querían proceder a matarlos. El gran filósofo alemán Kant cree que debe decirse la verdad. El moderno filósofo francés Derrida afirma lo contrario. A esta consideración debe agregarse el artículo 33 constitucional, que dice que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo”. Con independencia de que uno tome la postura de Kant o de Derrida -en la difícil disyuntiva de la verdad absoluta-, lo cierto es que este artículo que apenas está en debate en el Congreso no es abiertamente criticable, porque si bien se suaviza la sanción a quien no dice desde el inicio la verdad, no habría impunidad, pues de todas formas se impone una sanción.

Es probable que haya interrogantes por falta de precisión. Por ejemplo, ¿las investigaciones de la Fiscalía podrían pasar a la JEP cuando entre en funcionamiento la Sala de Reconocimiento de ese sistema especial que podría pedirlas? Y entre tanto, ¿la Fiscalía tendrá que cruzarse de brazos?

No, la Fiscalía no deberá cruzarse de brazos. Quedó claro que podrá seguir investigando hasta cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) anuncie públicamente que le presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, esto es, el listado de quiénes deberán ser juzgados por la JEP. Una vez haya una selección de casos que la Justicia Especial priorizará cuando esté en funcionamiento, la Fiscalía tendrá que remitírselos.

Una crítica muy dura hizo el fiscal general a la lista de bienes entregada por las Farc al Gobierno. Dice que hay bienes inmuebles, pero sin cédulas catastrales; que hay vehículos sin matrícula y que están poniendo como activos bienes no enajenables ni comerciales. Por una parte se puede pensar que Martínez exagera: pedir cédulas catastrales o matrículas a quienes carecían de cédula de identidad es absurdo. Pero de otro lado tiene razón en cuanto a la ausencia de ubicación precisa de esos bienes. ¿Cree que las Farc intentan “burlarse” del país como dijeron algunos?

No me choca que se esté “apretando” en ese sentido a la guerrilla, y no me preocupa en extremo lo que usted afirma, porque los bienes que no declaren quedarán sometidos a la justicia ordinaria y podrán ser objeto de extinción de dominio. Además, si llegaren a observarse movimientos de dinero en las cuentas personales o de su nuevo partido, esos dineros pueden ser apropiados por el Estado, porque no fueron adquiridos legítimamente.

Las Farc reaccionaron rápidamente y entregaron nueva lista de bienes con una cuantía asignada. De paso, criticaron la celeridad del fiscal Martínez para poner obstáculos, pero su lentitud en las investigaciones por los asesinatos de líderes sociales. ¿Es posible un buen desarrollo del período de posconflicto con una figura tan poderosa como la del fiscal general en contra del Acuerdo?

No diría que él está totalmente en contra del Acuerdo, aunque sí lo siento demasiado crítico. Sin embargo, sus reparos sirven para ajustar la concreción del Acuerdo y, en ese sentido, son positivos. De cualquier forma, reitero, ningún dinero que hayan obtenido las Farc antes de este proceso les pertenece, porque es fruto de actividades ilegales.

Parte de la oposición a la ley estatutaria de la JEP también proviene de otro sector además del político: de las desprestigiadas cortes que temen ver sus competencias vaciadas. ¿Están bien delimitadas las áreas que corresponden a la Justicia Especial y a la ordinaria o hay zonas grises?

Aunque todo cambio genera temores y “angustia anticipatoria”, que deben ser razonablemente minimizados, hay total claridad. “Que la Corte Suprema no va a tener nada qué hacer”; “que tampoco la Fiscalía”, son temores infundados como tantos otros que se han encargado de crear sobre la JEP. Las reglas para resolver los conflictos que se presenten quedaron establecidas al crear una Sala Incidental de Resolución de Asuntos de Competencia, en donde habrá tres magistrados de la Corte Constitucional y tres de la JEP.

Datos como ese se desconocen y, a veces, muchos suelen criticar sin saber. Como ocurrió durante el proceso de paz, ¿ha faltado difusión sobre qué es la JEP, para qué servirá, cómo va a funcionar y quiénes la compondrán?

Sí. Hay falta de información por parte de los que defendemos el Acuerdo de Paz y exceso de desinformación de quienes los atacan.

Mire la paradoja: a pocos miembros de la Rama Judicial les gusta la JEP, pero uno examina la lista de quienes se postularon para ser magistrados de ese sistema, y hay más de diez extogados y togados actuales aspirando a integrarlo. ¿Está de acuerdo con que ellos pasen del sistema judicial ordinario a este extraordinario?

No se estableció prohibición en ese sentido y no pienso que por haber sido magistrado un aspirante tenga que ser desechado. Puede aportar mucho a la JEP como también otras personas que no hayan pertenecido a la rama. No veo aquí “la puerta giratoria”, porque esta es una jurisdicción radicalmente distinta.

El problema surge porque algunos de los que aspiran a entrar a la JEP han expresado opiniones negativas sobre ella… ¿No hay contradicción evidente entre lo que dicen y lo que hacen con tal de conseguir puesto?

(Risas) Pregúntaselos a ellos… Y a ellas.

Entre esos nombres hay unos cuestionados en el más reciente escándalo de coimas millonarias a cambio de fallos en la Corte Suprema, como Francisco Ricaurte. Probablemente él mismo se excluya ahora, pero, ¿cómo hacer para preservar la pureza de las decisiones de la JEP si los corruptos están intentando colarse?

Es probable que Ricaurte se excluya y creo que, si no lo hace, de todas formas no lo eligen. Sin querer juzgarlo en ningún sentido, porque para eso están los jueces y el debido proceso, pienso que las decisiones de la JEP serán límpidas. La Comisión encargada de la elección de sus jueces tiene muchísimo de dónde escoger. Hay más de cien personas que tienen toda la idoneidad ética y conceptual para ser escogidas. Estoy seguro de que harán lo mejor y que esta elección, a diferencia de muchas otras en la Rama Judicial, no será turbia ni amañada. Quienes van a elegir, gracias al mecanismo acordado, tienen toda la independencia y carácter para no dejarse imponer ningún candidato que deslegitime su función.

Precisamente, la Corte Suprema designó al magistrado Francisco Acuña como uno de los seleccionadores de magistrados de la JEP. En vista del grave escándalo que involucró a esa corporación, y perteneciendo él a la Sala Penal que lideró el cuestionado Leonidas Bustos, ¿debería retirarse de esa tarea por impedimento ético?

No creo. Aunque no lo conozco bien, espero que cumpla su función de manera ejemplar y ayude a recuperar la imagen de la justicia. La sociedad debe tener en claro que estos escándalos de corrupción en la justicia, por graves que sean, no pueden deslegitimar a toda la Rama Judicial. De cualquier forma, de los cinco miembros de la Comisión que elegirá, cuatro tienen que votar a favor de cada uno de los elegidos. Ese diseño es garantista porque se tiene que ser excelente para que cuatro personas de cinco se pongan de acuerdo en la elección de los candidatos.

Las reformas a la justicia siempre son torpedeadas por la cúpula de la Rama Judicial que teme perder privilegios. La última de ellas, la reforma al equilibrio de poderes y con esta, el tribunal de aforados. Si revocar las altas cortes no es el camino, ¿cuál usar para salir del atolladero si ellas mismas –aliadas con el Congreso– impiden cualquier cambio?

(Risas) Me da risa la palabra “atolladero”, que usamos mucho en Cali con el “arroz atollado”. Pero yendo a su pregunta, creo que sí se debe insistir en una reforma a la justicia. Creo que lo que está pasando en estos meses es positivo para el país. Siente uno que la Fiscalía y los órganos de control están cumpliendo sus funciones. No pueden bajar la guardia. También hay que insistir en el tribunal de aforados o algo similar, y se puede pensar en una forma distinta de elección que al menos suponga que sobre quienes existan sospechas razonadas y reiteradas de comportamientos reprochables, no puedan ser elegidos.

Se sabe que usted se retiró de la Corte Constitucional antes de terminar su período porque fue elegido rector del Externado. Al margen de esa situación personal, ¿también quiso separarse de la cúpula judicial porque percibió un ambiente insano?

No, para nada. En primer lugar, porque creo que uno debe sacar su mejor talante en momentos de adversidad y no tirar la toalla ante el primer esbozo de dificultad. En segundo lugar, porque, a pesar de todo, creo en la naturaleza humana, en la perfectibilidad del ser humano y en su avance ético y material que lleva al mejoramiento de las sociedades. Al menos, para ser educador hay que creer en eso.

“Un criticable deseo de venganza”

Mientras en Colombia preocupan las rebajas de pena y otros beneficios para los guerrilleros, en el exterior se enfocan mucho más en las contempladas para los militares que violaron la ley. ¿La libertad condicional inmediata para uniformados procesados o condenados cumple estándares internacionales?

Luego de haber estudiado y consultado el tema, creo que sí. No hay que perder de vista que no se está absolviendo de responsabilidad a los militares sino que se les otorga una libertad provisional sin derecho a cambiar de residencia y con el compromiso de que se presentarán ante la JEP tan pronto empiece a funcionar. Allí serán enjuiciados y se resolverá su responsabilidad diciendo si son inocentes o responsables. No hay impunidad.

Y ¿por qué cree que internamente se rechazan los beneficios para los guerrilleros y hay menos objeciones sobre las rebajas de pena para los militares?

Porque en el colectivo imaginario las Fuerzas Militares son apreciadas en su conjunto, lo que no ocurre con la guerrilla. Creo que este hecho marca que el criticable deseo de venganza sea más laxo para unos que para otros. En todo caso, la actuación de ambas partes es reprochable porque no se les puede justificar, ni a militares ni a la guerrilla, un muerto producido en violación de la Constitución.

“Doy fe de la mayoría de mis compañeros de la Constitucional”

Las grabaciones obtenidas por la DEA, en las que un abogado litigante y un procesado (Lyons) hablan sobre el “costo” de un fallo en la Corte Suprema, dejaron mal parada a esa corporación. Como sabe, venimos de otro escándalo en la Constitucional. Usted conoció los altos tribunales por dentro. ¿Comparte la tesis de que hay que renovar el 100 % de sus miembros?

No. Esa propuesta es exagerada y extremista. Aceptar que la justicia está desacreditada no supone que todos sus miembros sean corruptos, y considerar que sacando de un tajo a todos los magistrados de la cúpula judicial se soluciona el problema no deja de ser una insinuación tremendista para momentos de crisis, que es injusta con la mayoría de los jueces de nuestro país que cumplen a cabalidad sus funciones. Puedo dar fe de la inmensa mayoría de mis compañeros en la Corte Constitucional, y de la propia justicia, en la que nunca se me ha pedido ni ofrecido un peso. Si fuera lógica esa tesis, no bastaría con sacar a la cúpula. También acabamos de ver tristes escándalos a nivel de tribunales, por ejemplo. Entonces, ¿por eso vamos también a destituir a todos los magistrados de estos? Y ¿con quién seguimos? ¿Con todos los alcaldes, todo el Congreso, todos los ministros? Esa no puede ser la vía.

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