Tras 51 años de intentos, por fin negociación con ELN: esta es la historia

La negociación con el ELN no ha sido fácil, hay una larga historia de desencuentros e intentos fallidos. Sin embargo será esta la primera ocasión en la que se sienten a hablar formalmente.

Estamos ad portas de la primera experiencia de negociación formal entre el ELN y un gobierno en toda la historia de esa organización insurgente. En el pasado se han presentado aproximaciones  para definir los términos de una solución política negociada pero siempre han fracasado, incluso cuando parecían llegar a la hora cero tal como ocurrió en 2007 con el  gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (Vea el especial sobre el ELN)

Durante dos años y en más de veintidós rondas de conversaciones realizadas en el Ecuador o en Venezuela los voceros del gobierno encabezados por Frank Pearl y los del ELN con presencia de Antonio García, Pablo Beltrán y otros del Comando Central, discutieron sobre la agenda a desarrollar, los  subtemas y  las reglas a seguir en la mesa de conversaciones.

El modelo de negociación tiene muchas semejanzas con el que construyeron las Farc y el gobierno antes de la instalación de la mesa en La Habana en enero de 2013, pero se ha adecuado en varios asuntos a las particularidades del ELN y a las lecciones de la experiencia vivida en dos años de proceso. Las semejanzas están en la concreción de una agenda cerrada, la realización de conversaciones en el exterior, la definición de una mesa bilateral de pacto, el papel de países acompañantes y facilitadores. 

Las diferencias se encuentran en los enunciados temáticos con sus énfasis, en la importancia que se le da a nuevos mecanismos de participación o interacción con las organizaciones sociales o comunidades, el lugar y oportunidad de compromisos humanitarios, el papel de los presos políticos y la intención de llegar a un cese al fuego y a las hostilidades bilateral y definitivo antes de la firma de un acuerdo final.

Con las informaciones preliminares se puede ver  la determinación de las partes de aplicarse a la búsqueda de un pacto de terminación del conflicto y de condiciones para una paz duradera.

De exploración a negociación

Las exploraciones para una solución negociada las comenzó el ELN desde los tiempos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) y en especial ante el proceso constituyente de 1989 a 1991.  En ese periodo puede decirse que se dieron acercamientos  siendo conscientes las partes de la poca probabilidad de desembocar en una mesa de negociación con el propósito declarado de buscar el fin del levantamiento armado.

La iniciativa de negociación asumida por el M19 estuvo muy lejos de los parámetros de la CGSB y  de los del ELN pues comenzó con la aceptación de la llamada Iniciativa de Paz propuesta por el Presidente Barco en Septiembre de 1988 que exigía tregua unilateral y decisión de hablar para dejar las armas.  En ese momento el ELN señaló que esa Iniciativa de Paz en realidad era  un ultimátum militar inaceptable.

La dinámica desatada por la séptima papeleta y la convocatoria a la Asamblea Constitucional  motivaron pronunciamientos públicos de la CGSB criticando las restricciones en cuanto a composición y soberanía. Entonces, las conversaciones sobre la posibilidad de presencia en la constituyente no pasaron de escaramuzas que se interrumpieron abruptamente con el bombardeo ordenado por el expresidente César Gaviria, precisamente el día en que se realizaban las elecciones a esa Asamblea.

La visión del ELN sobre la Constituyente estaba muy lejos de la que finalmente se puso en marcha y ni gobierno, ni el pacto político, dieron  cabida a un replanteamiento o postergación de la  fecha de elección para darle un margen a las conversaciones con las Farc y el ELN.

Las conversaciones en Caracas llegaron hasta definir puntos de agenda y a propuestas sobre verificación del cese al fuego. En cuanto al temario, en las primeras rondas acordaron puntos generales: la relación con la Constituyente; Estado, democracia y condiciones para el ejercicio político; desmonte de los grupos paramilitares; la justicia e impunidad; los derechos humanos; la soberanía nacional y los recursos naturales; la democratización socioeconómica; una fórmula de cese al fuego y la veeduría del proceso.

El esquema acordado entre los voceros de las Farc, ELN y Epl (fracción Caraballo) por un lado y los del gobierno del otro, incluía 90 zonas desmilitarizadas de ubicación de las guerrillas, con una extensión máxima cada una de 40 kilómetros cuadrados (4.000 hectáreas). Al ELN le corresponderían 25 zonas (1000 km2) y con la concentración de todos los efectivos en ellas, se iniciaría el cese al fuego sometido a verificación.

Las negociaciones de este periodo  se agotaron, entre otros,  porque el gobierno Gaviria consideró que con los resultados de la Asamblea Constituyente  podía aislar a las Farc y al ELN. Por eso, les declaró la guerra integral.  Por el  lado del ELN vieron que el espacio de negociación estaba cerrado, más aun cuando su planteamiento era negociar primero los cambios sociales y políticos, y después, sobre la base de transformaciones efectivas, ver lo relativo a las armas y a la transformación en partido o movimiento legal.

El mandato ciudadano

Durante el gobierno de Samper se vivió el episodio efímero de los acuerdos de Viana y la exploración desde el Consejo Nacional de Paz que llegó hasta los acuerdos de Puerta del Cielo en Alemania y los de Rio Verde en Antioquía. El énfasis del ELN en esos contactos, autorizados por el gobierno, estuvo en asuntos humanitarios y en unos diálogos  que se centraran en la realización de la Convención Nacional.

El detonante de las conversaciones fue el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la libertad que logró 10 millones de votos en las elecciones regionales de octubre de 1997. Uno de los primeros efectos del Mandato fue la creación del Consejo Nacional de Paz (CNP) en febrero de 1998, destinado a asesorar al gobierno en materia de paz y en particular en procesos de negociación. En efecto, la ley    que instituyó el CNP en su articulo 3º. abre la posibilidad de presencia en sus sesiones de grupos insurgentes que se encuentren el conversaciones de paz. 

Es en desarrollo de esas funciones que una delegación del CNP, con la autorización del Presidente de la República y el acompañamiento de Daniel García Peña su Alto Consejero para la Paz, organizó la reunión con el ELN en Maguncia (Alemania), en julio de 1998.  En ese evento intervinimos 40 delegados de organizaciones civiles del CNP. Por el ELN, estuvieron presentes Pablo Beltrán y Milton Hernández.

La declaración de Puerta del Cielo, Maguncia sentó bases importantes para una ruta de diálogos de paz con el ELN y recogió puntos ya conocidos en los intercambios entre el ELN y el gobierno Samper, que venían efectuándose desde 1995. Ese documento declaró: “iniciado el proceso de paz con el ELN” y estableció compromisos especiales de aplicación de normas del DIH; de igual manera destacó lo relativo a política petrolera acordando como cuota inicial un gran foro nacional y, de otra parte definió que para realizar la Convención Nacional los firmantes serian la comisión preparatoria.

El Acuerdo de Puerta del Cielo fue acogido  por el Consejo Nacional de Paz  en sesión que además ratificó la comisión operativa que luego se reunió  con el ELN, en Rio Negro (Antioquia), el 12 de octubre de 1998. En esa segunda reunión se avanzó aún más en contenidos y procedimientos de la Convención que se dotó de cronograma para eventos a lo largo de todo el año 1999.

La agenda incluyó los siguientes puntos: 1. Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, Impunidad, Justicia, Insurgencia y Conflicto. 2. Recursos Naturales y Política Energética 3. Democracia, Estado, Fuerzas Armadas y Corrupción 4. Economía y Problemas Sociales 5. Cultura e Identidad; Nación-Región, Ordenamiento territorial; Problema Agrario y Narcotráfico.

Fue poco lo que conoció el país sobre la letra menuda de esos documentos entre el ELN y sociedad civil, pues la discusión mayor se dio alrededor del las exigencias sobre no más secuestros y la postura del ELN de condicionar la suspensión de esa práctica atroz a la financiación estatal de su organización durante las conversaciones, la convención o un cese transitorio al fuego.

El compromiso parcial del ELN de prohibir la retención o secuestro de ancianos, mujeres e infantes y postergar la proscripción total del secuestro, fue piedra de escándalo y motivo de crítica al conjunto del acuerdo.

Todas estas tentativas tuvieron lugar al final  del gobierno Samper y en las primeras  semanas del nuevo  gobierno. Las elecciones se realizaron el 31 de mayo en primera vuelta y el 12 de junio en la segunda. El Mandato por la Paz fue invocado en todos los documentos como expresión ciudadana y por ello los pactos se dieron entre voceros de la sociedad civil promotores de ese acto de soberanía popular y el ELN.

El gobierno saliente  fungió como facilitador pero ese esquema no fue suficiente para que el nuevo gobierno de Andrés Pastrana acogiera el itinerario de la Convención Nacional.  Pastrana asumió el Mandato por la Paz, a su manera, dándole prioridad a las conversaciones con las Farc que le habían sido tan útiles entre la primera y la segunda vuelta. Pero una vez se instaló la mesa en El Cagúan, retomó los díalogos con el ELN para establecer una zona desmilitarizada en el sur de Bolivar.

Oposición paramilitar a la convención

Fueron muchos los esfuerzos realizados entre 1999 y 2001 para iniciar un proceso de paz con el ELN.  La Convención Nacional,  por acuerdo con el gobierno Pastrana en 1999,  se proyectó realizar desmilitarizando 7.600 kilómetros de los municipios  de Santa Rosa, Simití, San Pablo y Morales o como segunda opción los municipios de San Pablo y Cantagallo. 

En más de veinte municipios del Magdalena Medio se desató una oposición radical a esa zona desmilitarizada que operaría en paralelo con la establecida en el Caguan. Asociaciones de ganaderos, agricultores, comerciantes y campesinos fueron promovidas por los paramilitares para oponerse a la Convención Nacional en esos territorios. Realizaron paros, bloqueos y exigieron ser parte de las conversaciones con el ELN.

En este periodo se hizo visible el Bloque Central Bolivar de los paramilitares con creciente control de alcaldías, recursos en esa región y se inició la ofensiva de las AUC para controlar la zona petrolera, Barranca y supuestamente la Serranía de San Lucas, rica en oro pero sobre todo retaguardia estratégica del ELN. El movimiento No al despeje en el Magdalena Medio, se manifestó en diversas regiones del país y confluyeron otros sectores que veían en riesgo sus intereses o que no querían repetir la experiencia del  Caguan pero ahora con el ELN.

La declaración de los gremios de Santander, en mayo de 2000, en oposición total a esa zona para la Convención, dio la pauta para pronunciamientos similares en Cesar, Bolívar, Magdalena. Fueron muchos los esfuerzos desde la Unión Europea y gobiernos amigos del proceso y también los del Frente Amplio por la Paz,  como se vio en la Preconvención convocada en Ginebra en el 2000 o en la Cumbre de Paz realizada en La Habana en 2001. Pero las confrontaciones militares en terreno, y la disputa territorial, hicieron imposible el inicio del proceso antes del desgaste de la política de paz de Pastrana y la adopción del Plan Colombia y su estrategia de guerra antiterrorista.

Acuerdo base en la puerta del horno

Las exploraciones durante el gobierno de Alvaro Uribe fueron muchas e intensas a pesar de la negación formal de esa administración a aceptar la existencia de un conflicto armado interno y de organizaciones disidentes rebeldes o insurgentes. El esquema de este gobierno para el acuerdo base partió de la exigencia de cese unilateral al fuego y a las hostilidades, con la correspondiente suspensión de todo acto terrorista, incluidos por supuesto secuestros y daños a la infraestructura que se habían convertido en prácticas regulares del ELN.

Durante 14 meses se reunieron los delegados del gobierno y del ELN en La Habana para elaborar lo que se denominó el Acuerdo Base para el inicio de conversaciones de paz.

En noviembre de 2007 se llegó al momento de la firma, estando pendiente el  mecanismo de verificación del cese al fuego. Desde el CNP se  propuso una verificación móvil con observadores internacionales que pudieran moverse con las unidades guerrilleras en corredores previamente establecidos.

Pero el gobierno había decidido cerrar ese proceso y estableció como  requisito inamovible  que para garantizar el cese al fuego unilateral y su verificación se concentraran, en uno o varios sitios y  desde el  principio de las negociaciones,  todos los efectivos del ELN, incluidos los  armados, los milicianos y de estructuras políticas. La lista de integrantes de esa organización debía pasar a una comisión internacional al momento de la firma del Documento Base.

Las diferencias en esos asuntos procedimentales mostraron la distancia de los objetivos de cada parte en un proceso de negociación o de solución política. Para el gobierno el propósito era darle mayor credibilidad al proceso con los paramilitares, con un esquema similar aplicado a esta guerrilla en lo relativo a desmovilización y desarme.

La contraprestación ofrecida no pasó de garantías políticas para la etapa posterior a un acuerdo final. El ELN en cambio mantenía la pretensión de lograr una paz con justicia social, con democratización y reformas como precondición para considerar la terminación del levantamiento armado.

2015: Por  primera vez en 51 años inicia una negociación el ELN

En esa larga historia de  desencuentros nunca se pasó de exploraciones e intenciones. En ninguno de esos episodios se llegó tan lejos como ahora por muchas razones. En primer lugar porque ahora se hace manifiesta la intención de sentarse a una negociación formal para buscar un acuerdo que permita el fin del levantamiento armado y definiciones para el paso a la acción política legal y a la construcción de transformaciones para la paz en el post conflicto.

En el pasado esa voluntad de hablar para pactar  el fin del conflicto era condicionada por el ELN a la decisión anticipada sobre reformas estructurales en el conjunto de la sociedad y no a algunos temas escogidos para definir una  agenda parcial.

La lista de variables que deben procesarse para explicar el porqué se llega a la negociación formal es larga, desde las partes en diálogo y su apreciación sobre el momento del país y del mundo. Desde la academia se ha sustentado que en el contexto actual la vía armada insurgente y la contrainsurgente están cerradas como rutas para el poder legítimo democrático y significan irreversibles procesos destructivos de la sociedad y  de las posibilidades de democracia y bienestar para la mayoría.

Para el gobierno, se trata de una oportunidad excepcional dictada por avances en las políticas contrainsurgentes y de seguridad y la posibilidad de hacer concesiones menores, a su entender sin cambios en el modelo económico o político, pero con consecuencias importantes en paso a la consolidación del Estado de Derecho y de un ambiente más propicio para el desarrollo económico. Un acuerdo solo con las Farc sería incompleto para la paz y dejaría terreno para la repetición de ciclos de guerra.

Para el ELN es una opción para buscar pactos de democracia que abran efectivas vías legales para la lucha del pueblo y para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado de dar respuesta a exigencias básicas de la población secularmente relegada. “Si en este examen concluimos – dice la declaración del V Congreso del ELN en Enero de 2015 – que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas”.

La agenda pactada incluye asuntos relativos a la participación de la sociedad, la democracia para la paz, víctimas, transformaciones necesarias para la paz, implementación del acuerdo y refrendación y fin del conflicto armado. En cada uno de esos puntos se definen temas concretos sobre los cuales se realizaran las negociaciones formales de modo que no se puede entender como un territorio indefinido para la revolución por contrato o la imposición del estatus quo. Pero en ese marco serán inevitables las tensiones sobre el alcance transformador de los pactos tal como se ha visto en las negociaciones en La Habana.

Durante las conversaciones exploratorias realizadas en 2014 y 2015, como en las anteriores, se ha podido identificar puntos que serán de difícil controversia. El primero de ellos sobre la profundidad y amplitud de la participación de la sociedad en el proceso de negociación ratificación y ejecución de los acuerdos. Es predecible que el ELN insista en la realización de la Convención Nacional y retome la idea de una Asamblea Nacional Constituyente tal como lo ha hecho en toda sus propuestas de paz. En esta línea seguramente habrá resonancia con el debate planteado por las Farc sobre el lugar de la Constituyente como escenario final de estos pactos de paz.

Los puntos sobre las armas y el fin del conflicto se trataran como otros con un camino andado en la mesa de La Habana. Allí volverá a debatirse lo relativo al desmonte del paramilitarismo en todas sus esferas y la necesidad de políticas de seguridad que superen definitivamente las concepciones de seguridad y justicia en tiempos de guerra caliente o fría. Y en particular se ha colocado ya al debate la necesidad de reformas que garanticen los derechos de organización, movilización, protesta y expresión desde las luchas sociales y políticas.

No será una negociación tranquila o excepta de crisis, como no ha ocurrido en el caso de las Farc. Pero la prueba de la real voluntad de pacto se mostrará en las discusiones sobre ampliación de la democracia y en el alcance de las transformaciones necesarias para la paz. Es cierto que el modelo de economía de mercado no está en cuestión, ni tampoco la democracia representativa o el Estado Social de Derecho, pero en ese marco caben reformas de bienestar y equidad que necesita la paz y cuyo tamaño debe definirse en algunos aspectos en la mesa de negociación y en otros fundamentales en los escenarios de conflicto social y pacto en el conjunto de la sociedad.

El inicio de las negociaciones formales de paz entre el ELN y el gobierno es en realidad un hecho trascendental en la historia de conversaciones y exploraciones pero ante todo como posibilidad de un giro en la historia de Colombia. La confluencia con las negociaciones en La Habana no será automática pero es innevitable y  el proceso, para ser en realidad la oportunidad de la paz en esta generación, no puede pensarse como una asimilación del ELN a lo pactado con las Farc.

Con seguridad el gobierno entiende que la nueva circunstancia modifica los tiempos colocando un horizonte de pacto final total de paz en 2017 ó 2018. Así las decadas siguientes serán de paz duradera y estable como dicen los textos. Como dijo el Encuentro Nacional de Paz el 21 de julio de 2015, Es la hora de la Paz.

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