'Turismo político', víctimas y legalidad

Nuevas reacciones a las reuniones de funcionarios en La Habana con la guerrilla por parte del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo y del senador Roy Barreras siguen encendiendo el debate.

Procurador General Alejandro Ordóñez y el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo

El capítulo que desde el 25 de septiembre emprendió el Procurador General Alejandro Ordóñez por cuenta de la indagación preliminar que ordenó para saber qué están haciendo funcionarios en Cuba sigue abierto. Este lunes se conocieron nuevas reacciones al llamado ‘turismo político en La Habana’ por parte del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo y del senador Roy Barreras.

En su misiva, diplomática y cauta, Cristo dijo que el viaje que autorizaría el presidente Juan Manuel Santos de una comisión de parlamentarios y directivos de los partidos está prevista en el apartado IV del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, suscrito entre el Gobierno y las Farc, donde permite la realización de “consultas a expertos sobre los temas de la agenda”. En ese sentido, dice Cristo, y teniendo en cuenta que se está tratando el punto de participación política, desde el inicio estaba contemplado que los congresistas fueran preguntados al respecto.

Según Cristo, este viaje no tendrá otro propósito distinto al de “colaborar con el proceso de paz”, y que por tanto esto tiene un sustento legal: el artículo 10 de la Ley 418 de 1997 modificada en el gobierno de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos: “La dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente (…) Quienes a nombre del Gobierno participen en los diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta. El Presidente podrá autorizar la participación de representantes de diversos sectores de la sociedad civil en las conversaciones diálogos y negociaciones a que hace este capítulo, cuando a su juicio puedan colaborar en el desarrollo del proceso de paz”.

En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe crítico nuevamente las conversaciones con las Farc, al citar también el artículo 5 de la Ley 782 del 2002: “todo aquel que no tenga permiso del Jefe de Estado para hablar con un grupo ilegal se puede "incurrir en responsabilidad penal”. Para Uribe, dicho comportamiento “no se puede justificar ni siquiera con el argumento de que el interes por la paz está por encima de consideraciones particulares”.

También, sin referirse con nombre propio, Cristo aprovechó la carta para volver a criticar las reuniones de servidores públicos y ciudadanos con la guerrilla que no han tenido la autorización del presidente Juan Manuel Santos, por consideraras “una interferencia al proceso”. Hace pocos días, fue también Cristo el que criticó la visita de Álvaro Leiva a la isla. El vocero de las Farc, Iván Márquez salió a defender a Leiva en un comunicado. Esto aunque el fiscal general, Eduardo Montealegre ha dicho: “No es un delito acudir a La Habana sin permiso del presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con las Farc o con el Eln en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están expresamente señaladas en el Código Penal”, dejando entrever la enemistad ideológica que ha tenido con el Procurador.

Por su parte, el senador Barreras aprovechó para decir que así como una comisión parlamentaria debería viajar para “explicarlo a las Farc los mecanismos de la refrendación popular que garanticen los mecanismos de participación política, también es oportuno que en la misma comunicación en que se anuncie la fecha de esa visita, se dé a conocer la fecha en que la Comisión Negociadora recibirá a la Comisión de víctimas del conflicto”, de la que hace parte Barreras.

Por lo pronto, el argumento de que sus deberes le imponen vigilar la conducta de los servidores públicos, incluso los de elección popular, además del cumplimiento del ordenamiento jurídico, será suficiente para que el procurador Alejandro Ordóñez siga averiguando a qué van los congresistas a Cuba para reunirse con las Farc. La polémica seguirá viva.