Unión Patriótica: un genocidio a la vista de todos

El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó un informe con testimonios, historias y alarmantes cifras que dan cuenta de lo que fue el origen, desarrollo y exterminio de la UP entre 1984 y 2002. Un ejercicio para entender un fenómeno político y social que marcó la historia de Colombia.

Sepelio colectivo de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial asesinado el 11 de octubre de 1987.Archivo El Espectador

Para las miles de víctimas que dejaron décadas de violencia sistemática contra militantes de la Unión Patriótica, recuperar la memoria histórica de lo que fue el exterminio del partido político es un paso más que necesario no solo para que el caso no quede en el olvido sino para que la historia nunca más se repita.

Fueron 18 años de ataques, amenazas, intimidaciones, asesinatos y exilio para los militantes de un partido que vio caer a sus principales líderes y dirigentes en una racha sangrienta que ocasionó su desparición del escenario político. Y aunque logró resurgir como movimiento, las víctimas y sobrevivientes siguen a la espera de una reparación integral con medidas de satisfacción tanto individuales como colectivas. Con un ingrediente adicional,  la lucha para que su caso sea nombrado y tipificado como un genocidio político.   Le puede interesar: Gobierno quiere evadir su responsabilidad en el caso de la UP: Jahel Quiroga

Precisamente, en virtud de ese reclamo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) decidió conservar la caracterización de genocidio en el informe que acaba de presentar sobre el caso de la UP.  Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002 es un documento de más de 500 páginas que intenta explicar el contexto y la historia del movimiento político a través de relatos que ofrecen los elementos necesarios para comprender el porqué del reclamo de quienes vivieron esta tragedia. Lea también: Leonardo Posada, la primera víctima de la Unión Patriotica​

A lo largo de ocho capítulos el documento hace un reconocimiento de la trayectoria del movimiento político que surgió en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc en 1985, presenta una caracterización temporal y territorial de la violencia en contra de la UP,  identifica los procesos de carácter nacional que habilitaron el ejercicio de la violencia, sus detonantes y mecanismos del proceso de exterminio. Además analiza los conflictos sociales y políticos coyunturales que detonaron la victimización y caracteriza los daños causados por ejemplo a quienes tuvieron que partir al exilio para sobrevivir.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, el ejercicio de la violencia sistemática y generalizada contra el partido entre años 1984 y el  2002 dejó  por lo menos 4.153 víctimas asesinadas o desaparecidas, sin contar con el registro de las víctimas de otros tipos de violencia no letal. Los crímenes, cometidos por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado, fueron consumados mediante una violencia de alta frecuencia y bajo perfil, violencia visible para exterminar a los líderes y masacres de alto impacto para aleccionar a las comunidades.

"En esta violencia contra la UP existen patrones que apuntan a su exterminio y no solo a su hostigamiento como fuerza política. Se trató de una violencia con alcance nacional con concentraciones territoriales críticas como en las regiones del Urabá, el AriariGuayabero, la región del Magdalena Medio y el departamento del Tolima. Así mismo, fue continuada en el tiempo, pero con coyunturas críticas en los periodos 1986-1988 y 1996-1997", refiere el documento.

 

Las consecuencias del éxito político

El análisis de los hechos deja claro que si bien los ataques contra la UP ocurrieron en un contexto de intensa violencia política en el país, en el caso de la UP hubo un carácter selectivo y una relación directa con su éxito electoral. En las elecciones presidenciales de 1986 la Unión Patriótica tuvo el 4.5% de las votaciones en las elecciones presidenciales y  en apenas cuatro años tuvo que presenciar el asesinato de dos candidatos presidenciales, seis de sus 16 congresistas, 17 diputados departamentales y 163 concejales. Eso sin contar a miles de militantes.

Para el Centro de Memoria Histórica, la violencia contra la UP fue posible debido a la concurrencia de cuatro fenómenos nacionales: las negociaciones de paz, la implementación de una política de seguridad nacional  que desarrolló una estrategia contrainsurgenteque no distinguía a combatientes de civiles, las transformaciones del Estado y del régimen político como la descentralización político-administrativa y la elección popular de alcaldes, y  la entrada del neoliberalismo y la consolidación de economías cocaleras acompañadas por el auge del narcotráfico.

"Estos procesos nacionales generaron situaciones conflictivas específicas que funcionaron como detonantes de la victimización de la UP. Tensiones que incentivaron la participación de diversos actores en las redes victimarias. El primero de ellos fue la apertura democrática en la que participó la UP, que conllevó nuevas condiciones en la competencia electoral y en el acceso a los recursos públicos, lo que generó conflictos entre la UP con los actores políticos tradicionales, en particular críticos en el ámbito local, y que se resolvieron a través de la violencia en su contra", explica el documento.

El fenómeno, destaca, además, cómo las mujeres militantes de la UP experimentaron de una forma particular la victimización y sus impactos. En muhcos casos la decisión fue suprimir la experiencia traumática a  falta de espacios propicios o garantías para romper el silencio: "A este daño se suma el distanciamiento obligado de la política para muchas mujeres, dejando de lado su perfil público refugiándose en la esfera privada, lo cual es un grave retroceso en los procesos de empoderamiento que las mujeres llevaron a cabo a través de su militancia en la UP y en las comunidades".

 

Poca respuesta, mucha impunidad

El  informe también pone sobre la mesa las distintas dimensiones del problema jurídico del caso, que van desde la denominación del crimen colectivo,  y las características de sistematicidad hasta el déficit de justicia y las múltiples formas de impunidad.

"La victimización de la UP se ha caracterizado por una respuesta deficitaria del Estado, en particular de la justicia. Institucionalmente falló la protección de los derechos humanos, a la vida e integridad personal, la libertad y la seguridad, y además no se concretaron las garantías para la asociación y participación política", detalla el Centro de Memoria Histórica al insistir en que la impunidad en este caso fue generalizada pues faltó "investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condenas apropiadas de los responsables de las violaciones y el esclarecimiento de los patrones criminales".

De hecho, destaca el CNMH, la falta de sanción legal e incluso social frente a los crímenes continuos de militantes de la Unión Patriótica, abrió el camino a los discursos que terminaron legitimando la violencia contra el partido a través de la estigmatización de quienes lo integraban. De ahí que se creara un contexto idóneo para que los casos se siguieran repitiendo: "Los crímenes reiterativos contra la UP pudieron haberse detenido con una justicia oportuna, pero su ausencia determinó que se cometieran una y otra vez sin la sanción adecuada". Esa relación entre impunidad y reiteración, explican los investigadores,  se puede constatar en la repetición del modus operandi: magnicidios, masacres y sicariato.

Para el Centro de Memoria es claro que el proceso de exterminio contra la UP es una tragedia nacional que debe dimensionarse de tal forma pues ocasionó un daño profundo en la democracia que sigue sin repararse: en el imaginario colectivo quedó el mensaje de que en Colombia no hay espacios para las expresiones políticas disidentes u opuestas al régimen tradicional. 

"El daño a la democracia producto del exterminio de la UP se manifiesta a nivel político en el menoscabo del pluralismo como valor democrático, en el que se entiende que la disidencia y la diversidad de opiniones son características propias de una sociedad libre y pacífica. Esto incide en la deslegitimación del régimen político colombiano. El daño se manifiesta en la pérdida de confianza y de solidaridad social frente a la construcción del Estado de Derecho y de las instituciones públicas, más aún cuando las víctimas identificaron la participación de agentes de Estado en la comisión del exterminio".

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Marcela Osorio Granados / @marcelaosorio24

Posconflicto

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