Violencia dejó en el país más de 1.000 desplazados en menos de cuatro días

La Defensoría del pueblo alertó sobre hechos que se han registrado en zonas como el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y en los límtes entre Boyacá y Casanare.

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Solo entre el 17 y el 20 de enero de 2018, más de 1.000 personas se vieron obligadas a desplazarse en el país por cuenta de cinco hechos violentos ocurridos en diferentes zonas del territorio nacional.

Así lo denunció este lunes la Defensoría del Pueblo, al hacer un llamado a las autoridades para que tomen medidas de atención integral a la población desplazada y de protección de las personas que están en riesgo de desplazamiento en zonas como el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare.

De acuerdo con la Defensoría, el primer hecho se registró el 17 de enero en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros del municipio de Magüi Payán (Nariño), por enfrentamientos entre miembros del Eln y disidencias de las Farc que derivaron en el desplazamiento forzado de 45 familias, cerca de 172 personas.

"Un segundo caso se produjo luego del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré (Córdoba) el 18 de enero. Debido a éste hecho 75 familias (375 personas) tuvieron que salir de la zona por las amenazas que recibieron de miembros del grupo denominado “Caparrapos” y por los inminentes enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). De igual manera, desde el Resguardo Indígena Dochama, colindante con el lugar de los hechos, se advierte sobre la posibilidad del desplazamiento de más personas", detalla la Defensoría.

A las cifras se suma el desplazamiento, el pasado 19 de enero, de 149 familias (cerca de 383 personas) del Pueblo Zenú y comunidades campesinas, de las veredas Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario del municipio de Cáceres (Antioquia) y 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia del municipio de Caucasia. En este caso, el desplazamiento se dio, según la Defensoría, por la presencia de hombres armados que se movilizaban por la zona "informando a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco (Tarazá). De igual manera, se encuentran en riesgo de desplazamiento otras 350 familias residentes en la zona".

Otro caso registrado es el de tres familias de la inspección Morcote, municipio de Paya (Boyacá), que tuvieron que desplazarse el 20 de enero por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln. "Ese mismo día, en el Consejo Comunitario Bajo Calima, en la vereda La Esperanza del municipio de Buenaventura, se dio el estallido de un artefacto explosivo y presencia e intimidación por parte del ELN a miembros de la comunidad. Allí, la Junta Directiva del Consejo Comunitario advirtió a la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de desplazamiento de cinco comunidades", señala la Defensoría.

 

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