Visión para un campo colombiano en paz

La violencia ha tenido un impacto sistemáticamente negativo sobre el desarrollo sectorial, afectando la inversión, la producción, el empleo y los ingresos de la población rural.

Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). / El Espectador

El campo colombiano ha constituido un escenario histórico de presencia y acción de grupos armados al margen de la ley. A ello han contribuido la débil institucionalidad y la limitada presencia y acción del Estado en materia de justicia, derecho y seguridad. Muy graves han sido, entre otros, la afectación a la vida, al patrimonio, al tejido social; el desplazamiento, el secuestro y la extorsión y la presencia de cultivos ilícitos. Se estima, por ejemplo, que han sido abandonadas o despojadas 6,6 millones de hectáreas de tierra, equivalentes al 13% de la superficie agropecuaria, afectando a más de 434 mil grupos familiares.

La violencia ha tenido un impacto sistemáticamente negativo sobre el desarrollo sectorial, afectando la inversión, la producción, el empleo y los ingresos de la población rural, además de contribuir a generar miedo, desconfianza, individualismo e incomunicación entre los habitantes y entre las comunidades rurales.

Pese a que la sociedad rural ha sufrido mucho dolor, desarraigo, pérdidas patrimoniales y niveles de producción e ingresos por debajo del potencial, también ha podido demostrar resiliencia, que significa la capacidad de levantarse y continuar adelante. Esto, teniendo además en cuenta el gran capital natural, social e institucional del agro en Colombia.

Por todo lo anterior, la terminación del conflicto armado y el proceso de posconflicto que le sucedería ofrecerían nuevas y grandes oportunidades para el desarrollo agropecuario y rural. La SAC considera que solo si hay crecimiento económico sostenido se pueden intensificar y mantener los esfuerzos para financiar el posconflicto y por ello ha insistido en políticas de largo plazo, el respeto a la propiedad privada, el mantenimiento del modelo económico y la promoción decidida del desarrollo empresarial y la inversión.

No es fácil imaginarnos a Colombia sin conflicto armado, pues la gran mayoría de habitantes ha vivido toda su vida dentro de un ambiente de violencia. Los acuerdos que se han hecho en años recientes han contribuido a disolver organizaciones armadas al margen de la ley, aunque también muchos desmovilizados se han integrado a bandas criminales. Por esto, para alcanzar la paz sostenible es necesario sumar todos los grupos al margen de la ley a un acuerdo. El Estado ha asumido un gran compromiso con la búsqueda y sostenimiento de la seguridad física y patrimonial de los colombianos, en todo el territorio nacional, con un costo económico considerable para todos.

Desde los inicios del actual proceso de paz con las Farc, la SAC manifestó su apoyo a las negociaciones, advirtiendo la necesidad de otorgarle –independientemente del proceso de paz y sus resultados– un mayor reconocimiento social, económico y político al agro.

Por lo anterior, la suscripción de un acuerdo de paz entre el Estado y las Farc sería un hecho histórico beneficioso para todo el país y su ruralidad, pero se requiere de un compromiso renovado y claro del Estado en materia de seguridad jurídica, acceso a bienes públicos, tributación y política ambiental ajustada a las particularidades del sector, política comercial que genere sostenibilidad institucional y no distorsiones en el mercado.

Si se dan tales condiciones desde este momento, creemos que el resultado a 2020 será un entorno con más oportunidades para los colombianos.

* Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

 

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