¿Y la implementación del acuerdo de paz en las zonas rurales?

Líderes de Buenos Aires, Cauca, y Anorí, Antioquia, reconocen beneficios de la desmovilización de las Farc, pero solicitan una acción más concreta por parte del Estado.

Jorge Elías Ortiz Lopera y Clemencia Carabalí. Óscar Pérez / El Espectador

El 24 de noviembre de 2016 el Estado colombiano y las Farc firmaron el documento final del Acuerdo de Paz para el regreso de la guerrilla a la vida civil. Entre los seis puntos de dicho acuerdo se contempla un ambicioso plan de ayuda social para el desarrollo de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país.

Un año después, ¿qué tanto de eso se ha hecho realidad? El Espectador y el Programa de Derechos Humanos de la USAID le tomaron el pulso a la situación e indagaron con víctimas de Cauca y Antioquia para conocer de primera mano cómo se ha vivido ese primer año de posacuerdo en las regiones.

El balance es agridulce. Por un lado, las Farc cumplieron con su promesa de dejar las armas y las comunidades sienten los beneficios del consecuente desescalamiento del conflicto.

Sin embargo, el Estado no ha resultado tan efectivo para hacer presencia en las zonas que antes eran ocupadas por esa guerrilla (que ahora están en disputa por nuevos grupos armados interesados en el control del negocio de las drogas ilícitas), la atención a los desmovilizados tampoco ha llegado tan rápido (según la ONU, el 40% de los desmovilizados ya se fueron de las zonas de concentración) y, lo peor, las comunidades siguen esperando por infraestructura vial, el apoyo económico, inversión y la resolución al problema de tierras que dejó la guerra.

Clemencia Carabalí, representante de la Asociación Municipal de Mujeres (ASOM) que recopila a 180 mujeres afrocolombianas de los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el Cauca, es contundente: no hay una articulación entre los entes responsables de la implementación de los acuerdos en los territorios rurales.

La ilusión de que por fin el Estado respondiera a sus necesidades como comunidad víctima de la guerra luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016, no se ha cumplido después de más de un año.

“La situación es compleja porque muchas de las necesidades que nosotros creíamos que se debían superar con la firma de los acuerdos aún no se superan”, dice Carabalí.

Tanto ella como Jorge Elías Ortiz Lopera, presidente de la JAC El Carmín en Anorí, nordeste de Antioquia, coinciden en que hubo un avance una vez las Farc dejaron y entregaron las armas, pero eso no es suficiente y no cubre todas las promesas recopiladas en el documento.

Por eso sostienen que, en vez de mucho, han visto poca ejecución en cuanto a los acuerdos en los territorios que representan y que la voluntad de paz que debería de tener la clase dirigente no se nota con el resultado del debate en el Congreso sobre la creación de 16 curules especiales para las víctimas del conflicto en el país. Dicho asunto, que hace parte de los acuerdos de La Habana continúan en el limbo debido a un contrapunteo que sintetiza la polarización del país en torno a la paz y el santanderismo con el que se suele resolver cualquier discusión jurídica en Colombia.

No es claro si el proyecto para las curules se hundió o no. El Gobierno dice que fue aprobado, pero la oposición alega que los 49 votos obtenidos en el Senado no fueron suficientes. ¿Por qué? Porque el Senado tiene 102 integrantes, pero tres de ellos están suspendidos por corrupción. La ley dice que para que un proyecto como el de las 16 curules sea aprobado necesitan más de la mitad de los votos de la corporación.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al Gobierno el 18 de diciembre, pero un día después el secretario del Senado anunció que impugnará la decisión alegando que la suspensión de tres senadores no reduce el número total de integrantes del senado y por lo tanto el proyecto no alcanzó la votación que requería (Lea: Se confirma fallo de tutela a favor de las curules de paz).  

Otros reparos desde las regiones

Los líderes consultados por El Espectador (vea aquí el vídeo: Un año del acuerdo de paz: ¿Qué ha cambiado en las zonas rurales?) también se quejaron de la falta de atención a otros problemas sensibles, especialmente la seguridad de aquellos que están comprometidos con la lucha por el reconocimiento de los derechos de las comunidades afectadas.  

De hecho, no cayeron nada bien declaraciones como las del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien le dijo a Noticias Uno que el asesinato de líderes sociales se debe a “líos de faldas”. “Las amenazas todavía persisten” enfatiza Carabalí, incluyendo en el panorama actual de Buenos Aires y Santander de Quilichao, donde dice que están surgiendo grupos disidentes y hay presencia de grandes empresas que llegan sin consulta previa al territorio a explotar sus recursos.

Lea más: Asesinatos de líderes son por “líos de faldas”: ministro de Defensa.

“Yo creo que falta mucho, aún no sentimos la presencia de manera contundente del Estado” dice Carabalí, mientras que Jorge Elías Ortiz siente que “no se están implementando los acuerdos, lo único que se está haciendo es una socialización”.

Además, luego de un año de la firma, apenas Anorí firmó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) la semana del 4 de diciembre de 2017, por lo que los campesinos de la zona en todo ese tiempo siguieron trabajando en lo que les daba sustento (Lea: Proyectos de sustitución de cultivos ilícitos: ¿se están quedando en el papel?)

El panorama en Anorí

“Anorí es un municipio que está pasando por una crisis económica muy dura y principalmente la está causando el proceso de paz, porque nosotros le dejamos de apostar a los cultivos de uso ilícito esperando que lleguen las ayudas del Gobierno para suplantar eso por unos cultivos que sean lícitos y como no llega nadie”, dice Ortiz.

En ese sentido al municipio antioqueño no le ha llegado la inversión social ni el acompañamiento estatal escrito en los PENIS y en los acuerdos de La Habana, para pasar de cultivar productos ilegales a legales, con todas las repercusiones que esto implica (créditos, asistencia técnica, entre otras acciones).

A pesar de este panorama y del incumplimiento, ambos líderes conservan la expectativa, sin embargo, necesitan ver resultados que vayan más allá de una “lista de mercado que te dice: hay que hacer vías, escuelas, acueductos, electricidad. Eso está bien, sí. La zona rural lo necesita, pero esas son acciones que el gobierno hace rato debió hacer y hacen parte de las necesidades básicas”, puntualiza Carabalí.

La recomendación, tanto de ella como de Ortiz, es que el Gobierno profundice hasta llegar a las raíces que dejó sembradas la guerra para que se erradiquen con base en lo consignado en los acuerdos, sin olvidar los enfoques de derechos humanos, de género y étnico. 

 

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