“Fast track” y refrendación popular: en “zona de turbulencia y dificultades”

La frase es del jefe guerrillero “Iván Márquez” y define a la perfección los líos e incertidumbre en torno a la implementación del Acuerdo de Paz que existen hoy y los que se ven venir en el futuro.

Firmado y refrendado en el Congreso el Acuerdo de Paz, el gran reto está ahora en la implementación. / EFE
Firmado y refrendado en el Congreso el Acuerdo de Paz, el gran reto está ahora en la implementación. / EFE

Esta semana, cuando las Farc expresaron sus discrepancias frente a la posición del Gobierno en torno a que el Día D era el jueves, fecha en que comienzan a correr los plazos para el desplazamiento de sus combatientes hacia las zonas veredales transitorias y para el inicio del proceso de desarme y desmovilización, quedó claro que la intranquilidad de la guerrilla radica en la incertidumbre jurídica que aún ronda el Acuerdo de Paz. Si bien es cierto que Pastor Alape, uno de los miembros del Secretariado, explicó que aún no estaban dadas las condiciones logísticas de los sitios de concentración, también habló de la necesidad de que se diera vía libre al fast track, mecanismo contemplado dentro del Acto Legislativo para la Paz, que acorta el número de debates para la aprobación de las iniciativas de implementación de lo pactado.

El lío es que esa decisión no depende del Gobierno, sino de la Corte Constitucional, que desde hace días estudia con intensidad una ponencia de la magistrada María Victoria Calle que va en favor del mecanismo, pero lo ata a la refrendación popular. En medio de las múltiples interpretaciones que se han hecho, está la que sostiene que la refrendación del Acuerdo, que ya hizo el Congreso de la República, es válida, pues se trata del constituyente derivado, es decir, la institución elegida popularmente como representante del pueblo. Sin embargo, fuentes cercanas al alto tribunal le contaron a este diario que no hay consenso, ya que algunos magistrados se inclinan por la tesis de que se debe volver a convocar a los colombianos a las urnas. Y cuando se esperaba que el viernes, en sala extraordinaria, se diera un fallo, este quedó aplazado para el 12 de diciembre.

Si bien las Farc han dicho que la paz no tiene reversa y que siguen comprometidas con sacar adelante lo acordado en La Habana, se nota que el asunto les preocupa y mucho. “O hay guerra o hay paz, ahí no hay medias tintas. Si no hay una refrendación o hay una refrendación sin el mecanismo fast track, sencillamente nosotros tendríamos que regresar al monte a combatir, porque eso sería una expresión clara de que no se quiere la reconciliación”, dijo Jesús Santrich, otro de los comandantes subversivos, en una reciente entrevista con Semana. A su vez, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha reiterado que si el mecanismo se cae en la Corte, la paz estaría en serios aprietos: “El fast track no es un capricho, ni es un deseo de colocar contra la pared a quienes se oponen. Es una necesidad”.

Gobierno y guerrilla coinciden también en que cada día que pase sin poner en marcha la implementación hace más frágil el cese al fuego pactado, por ahora, hasta el 31 de diciembre. Bien lo dijo el mismo De la Calle: “Yo no creo que una guerrilla esté un año sentada esperando a ver qué ocurre en el Congreso”. Así las cosas, las angustias de las Farc pasan por la urgente necesidad de comenzar a dar trámite a la ley de amnistía, pilar fundamental de la negociación, pues al fin y al cabo se trata del instrumento jurídico que impide el enjuiciamiento penal de los guerrilleros rasos y mandos medios. Por eso, el que la Corte haya decidido dejar la decisión sobre el Acto Legislativo para la Paz hasta dentro de ocho días, representa un nuevo inconveniente en aras de sembrar confianza entre las partes y, sobre todo, en los colombianos.

Precisamente teniendo en cuenta esas urgencias es que el Gobierno ya anunció que este lunes presentará la ley ante el Congreso, la cual llegará con mensaje de urgencia, para ser tramitada en tres debates: uno en comisiones conjuntas más las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. En el texto del nuevo Acuerdo, firmado el pasado 9 de noviembre, están consignados los términos del proyecto a tramitar, compuesto por 59 artículos: aplicará a todos aquellos que hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto y que en relación con este hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles. También cobijará conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Y además aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o en ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indican.

“La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las Farc o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno y la finalización de las hostilidades”, dice el articulado, que deja en claro que de todas maneras se aplicará la extinción de dominio. La amnistía cobijará a quienes estén inmersos en delitos políticos, con conexidad al constreñimiento para delinquir, injuria y calumnia, daño en bien ajeno, concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes, amenazas y porte o tenencia de armas, entre otros. Y se aclara que los agentes del Estado no recibirán amnistía ni indulto, sino que se establece la cesación de la persecución penal, una figura diferente.

Por otra parte, se subraya que la ley no se opondrá “al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz”. Ahora, una cosa es la amnistía y otra el indulto, que es potestad del Gobierno y cobijaría a los guerrilleros que hoy están presos por rebelión, sedición y asonada. Y en cuanto a los que vayan a participar en el proceso de dejación de armas, se aplicará la suspensión de la ejecución de órdenes de captura conforme a lo establecido en Ley 418 de 1997 o de Orden Público. Esta última decisión ya la anunció la Fiscalía.

El meollo del asunto está en que mientras los indultados pueden recibir el beneficio de inmediato, quienes aspiren a la amnistía —que es la gran mayoría de las tropas guerrilleras— tienen que esperar a que se apruebe la ley. El afán entonces es que la iniciativa sea aprobada en el Congreso antes del 16 de diciembre, día en que termina el primer período de la legislatura 2016-2017, donde el Gobierno espera imponer sus mayorías ante un uribismo que ha dicho que dará la pelea en los debates de las leyes de implementación. Y dado el caso, está la opción de citar a sesiones extras. Para ese entonces, parte de las Farc ya estarán en las zonas de concentración y la Corte Constitucional ya habrá definido no solo lo del fast track, sino también lo de la refrendación. Y las angustias ya no serán por la amnistía, sino por los actos legislativos, como el que incorpora la Jurisdicción Especial para la Paz a la Constitución.