Un artefacto explosivo lanzado contra la sede de campaña del candidato liberal a la Gobernación de Magdalena, José Joaquín Vives, cerca del estadio de fútbol Eduardo Santos, en Santa Marta, es el último de los 130 hechos violentos que se han registrado contra aspirantes en las elecciones regionales de octubre en 2015. Aunque es una cifra inferior a la que se daba en procesos anteriores, es una situación que no puede dejarse pasar por alto, pues es claro que estos hechos buscan la intimidación de candidatos y votantes.
Esa es la conclusión que arroja el último informe sobre de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el “Panorama de la violencia política en elecciones de autoridades locales”, donde se estudiaron los hechos ocurridos en lo que va de 2015 (ver recuadro) y quedó en evidencia que los períodos más convulsionados están entre marzo y abril, que es la antesala de la definición de las candidaturas, las consultas internas, y por eso se dan estos hechos de intimidación.
Además, entre julio y agosto, cuando ya están definidos los candidatos, se ve “una respuesta en distintos lugares del país en contra de esas candidaturas a través de la violencia”, señala el informe. Sin embargo, estos hechos, a diferencia de procesos electorales anteriores, no reflejan el interés de algún grupo armado ilegal específico de interferir en la dinámica política a lo largo del país. Por el contrario, los hechos obedecen a intereses regionales específicos.
Así lo explica la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quien señala que “esta violencia está dirigida contra partidos mayoritarios, por ejemplo el Liberal y el Centro Democrático. Estábamos acostumbrados a ver una violencia dirigida a los partidos de oposición, este cambio de dinámica nos lleva a ver que más de un proceso de eliminación del contrario está más relacionado con las dinámicas locales y por esta razón no se puede hacer generalizaciones”.
Barrios explica que hay una diferencia clara con procesos electorales recientes en los que actores como los paramilitares dejaban una estela de sangre en las regiones donde pretendían imponer su influencia política. No obstante, la MOE ha identificado zonas como Antioquia, Casanare, Cauca, Chocó, La Guajira y Nariño, donde se mezclan intereses sobre la minería ilegal y la producción y las rutas del narcotráfico, por eso los actores son diversos: Farc, Eln y crimen organizado, entendido en especial por bandas criminales.
Sin dejar de lado la gravedad que representan 130 hechos violentos como amenazas (54), asesinatos (14), atentados (16), desapariciones (1) y secuestros (4), la situación frente a otros procesos electorales ha mejorado sustancialmente. En 2011 la MOE registró 253 hechos de violencia política en 233 municipios.
Más allá de las cifras, hay una conclusión que resulta favorable con miras al proceso de paz y la eventual participación política de las Farc cuando dejen las armas. Los hechos de violencia contra los partidos se han dado así: Liberal 20, Centro Democrático 17, Partido de la U 15, Conservador 11, Cambio Radical 10, Alianza Verde 6, Polo Democrático 6, Unión Patriótica 5, ASI 4. El diagnóstico es que no hay evidencia de persecución política contra sectores de la oposición, en especial de izquierda como la Unión Patriótica o el Polo Democrático, que generen el temor a un eventual exterminio como ocurrió en la década de los 80.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, encargado de los asuntos electorales por parte del Gobierno, ha destacado que “avanzamos en una elección muy tranquila, en la cual los hechos de violencia han disminuido sustancialmente en toda Colombia y no vamos a bajar la guardia, para que tengamos el 25 de octubre unas elecciones en paz y con garantías”. Sobre el reciente atentado en la sede del candidato José Joaquín Vives, agregó que “he pedido que se investigue a fondo la autoría de estos hechos. Afortunadamente no se presentaron heridos, pero hay que tomar todas las precauciones”.
Sobre la protección a los candidatos víctimas de amenazas señaló que “la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección vienen trabajando, de la mano con todos los partidos políticos, para evaluar permanentemente el riesgo de estos candidatos y tomar las medidas de protección, para que los candidatos de todos los partidos políticos en Colombia tengan plenas garantías en su seguridad y libre movilidad por el territorio nacional para el ejercicio de su acción proselitista de aquí al 25 de octubre”.
Las pautas entregadas en el informe de la MOE dejan las alarmas prendidas para las autoridades en las regiones, pues al no haberse detectado un patrón delictivo claro o alguna organización en especial detrás de los hechos violentos y las amenazas, es necesario analizar los contextos regionales y cuál es el interés detrás de estas acciones, porque se podría tratar de organizaciones criminales que desean imponer su voluntad en sus zonas de influencia delictiva.