:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/VcEt2r3bGZVakMv-oZU7C96lpsc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZRZU6SFVM5DCLMKCVVMWPCQAW4.jpg)
Este 30 de julio, cuando se conmemora el Día Internacional contra la trata de personas, las autoridades colombianas revelaron una serie de cifras que demuestran indudablemente, que la comisión de este delito sigue siendo una preocupación para el país.
La Alta Consejería para los Derechos Humanos, de la Presidencia de la República informó que, de los casos registrados entre 212 y 2107, la mayoría corresponden a mujeres usadas bajo esta modalidad. “86.5% de las víctimas identificadas fueron mujeres, mientras que el restante 13.5% fueron hombres. En lo relacionado con el tráfico de niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía recibió 61 denuncias por tráfico de menores (en ese mismo lapso)”, señala la entidad. Lo lamentable es que de esos casos registrados contra los menores, sólo ha habido una condena.
Concretamente, la entidad ha reportado 328 casos de trata de personas y, en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se ha concluido que Colombia es un territorio en el que se generan, principalmente, víctimas de trata de personas. “En los últimos 5 años, las víctimas registradas eran provenientes de Medellín, Bogotá, Manizales, Armenia, Pereira y Cali, y los principales destinos de explotación en el exterior fueron República Dominicana, China, Chile, Ecuador, México, Argentina, Panamá, Paraguay y Emiratos Árabes”, informó la Alta Consejería.
No obstante, una práctica que también se constituye como delito de trata de personas tiene que ver con el traslado de las víctimas dentro de su propio país. Por ejemplo, en Colombia, mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres han sido forzados a trasladarse a departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Atlántico.
El Gobierno recordó que, a través del decreto 1036, se reglamentaron nuevos instrumentos para dar respuesta inmediata y efectiva a este delito. Su contenido tiene que ver con la definición de compromisos que indican que entre el 2016 y 2018 las cifras deben reducirse e, incluso, erradicarse por completo. “Además, le da nuevas funciones al Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, cuya secretaría técnica está a cargo del Ministerio del Interior, entidad que ha realizado actividades para mejorar el entendimiento sobre la problemática de la trata de personas”, concluye la Consejería de Derechos Humanos.